LA UVA DE LA DISCORDIA

La uva de la discordia

La uva de la discordia

Hace tres semanas, José Miguel Muñoz recibió un mail que lo alertó. Durante años el empresario había sido el gestionador de la compra de uva para Concha y Toro en la región de Ñuble y ahora la compañía le informaba que existían altas probabilidades de que no compraran uva en la zona durante esta vendimia. “Nunca había recibido un correo así”, sincera Muñoz.

La comunicación de la principal viña del país —con cerca de un 30% de las exportaciones totales y líder en superficie plantada— vino a completar un panorama que ya visualizaban los pequeños viñateros: la subsistencia vendiendo uva vinífera estaba en riesgo a meses del puntapié inicial de la vendimia 2016. De nuevo surgían las voces que alertaban que el negocio era malo y que el principal poder comprador —las grandes viñas— amenazaba con terminarlo.

Actualmente, en Chile existen más de 137.500 hectáreas destinadas a uva vinífera, gran parte de las cuales se concentran en el Maule y la VI Región. Si bien las principales viñas de Chile (Concha y Toro, San Pedro Tarapacá (VSPT) y Santa Rita) tienen producción propia, un porcentaje relevante de uva (más del 60%) lo compran a terceros. Dado eso, según denuncian los pequeños viñateros, son ellas las que determinarían el precio a pagar; valor que ha caído más del 50% en los últimos años, en instancias en que las exportaciones se han mantenido estables.

Los productores pequeños están en pie de guerra. Denunciaron a sus compradores ante la Fiscalía Nacional Económica, y ahora catalogan de revanchista la actitud de Concha y Toro. Desde la gran industria, sin embargo, descartan de plano ese calificativo y aseguran que la merma en la compra responde sólo a un sobrestock puntual tras años de producción histórica de uva. En medio de la tensión, la vendimia ya empieza para las cepas blancas y se prepara para la cosecha de las uvas tintas.

DENUNCIAS DE ABUSOS

El 10 de diciembre, los pequeños viñateros llegaron a las oficinas de la Fiscalía Nacional Económica. Eran 14 asociaciones del Biobío, Maule y O’Higgins que representaban a cerca de 14.000 productores. Tras meses de análisis, habían decidido ir a golpear la puerta de la autoridad antimonopolio para acusar a las principales viñas de Chile de abuso de posición dominante.

Nueve meses antes, más de 200 productores del valle del Itata se habían reunido en la Plaza de la Independencia de Concepción para regalar uva en señal de repudio por la falta de apoyo del gobierno en la búsqueda de un mejor precio del producto.

El 10 de diciembre, 14 asociaciones de  pequeños viñateros llegaron a las oficinas de la FNE. Tras meses de análisis, habían decidido ir a golpear la puerta de la autoridad antimonopolio para acusar a las principales viñas de Chile de abuso de posición dominante.

“Acá hay un poder comprador altamente concentrado y verticalmente integrado que explota a pequeños productores, quienes están fuertemente atomizados y atrapados a seguir en el rubro sin poder de negociación o de escalamiento en la cadena debido a elevadas barreras, economías de escala y lo estacional y perecible del producto”, asegura Yenny Llanos, la impulsora del reclamo e hija de un fallecido viñatero de Portezuelo. Según sus cálculos, Concha y Toro compra más del 30% de toda la uva que se cosecha en la zona, a un precio cada vez más bajo. Datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) plantean que el valor promedio de las uvas tintas ha descendido un 55% desde 2011 a la fecha, mientras que el costo de producción se ha disparado, impulsado por el valor de la mano de obra. Mientras la gran industria paga en promedio por uvas tintas $ 103 el kilo —puede ser más del doble en producto premium y menos de la mitad en el caso de la cepa país—, el costo de producción bordea los $ 142.

Víctor Rabanal, concejal de Ránquil y presidente de una asociación gremial de pequeños viñateros de la zona, recuerda que en 2013 impulsaron también un reclamo por colusión, el cual fue desestimado por la FNE por falta de información, ya que acreditar ese delito requiere desde correos hasta conversaciones telefónicas. “No había diferencias de precios en los centros de acopio, donde las empresas reúnen su uva, no había diferencia en los contratos, pagaban lo mismo”, dispara.

“Llevamos años con reuniones y nada. Ellos trabajan y ganan dinero con las necesidades de la gente, porque saben que llega marzo y empieza a existir una desesperación por parte de los agricultores sobre qué van a hacer con su uva”, argumenta.

Dada toda la problemática, Odepa elaboró en octubre el “Estudio de caracterización de la cadena de producción y comercialización de la agroindustria vitivinícola: estructura, agentes y prácticas” para justamente analizar el sector y ver la existencia de posibles atentados a la libre competencia. Si bien el análisis no fue concluyente, sí reveló que la actuación de intermediarios en la compra de la uva puede erigirse como un monopsonio local frente a los pequeños productores, dada la premura que tienen estos para vender su producto. Además, puntualizó que en la compra de uva corriente —utilizada principalmente para vino a granel y sujeta al mercado spot (sin contratos)— puede haber una mayor exposición “a problemas de libre competencia y abusos de poder de mercado, dada la gran concentración del mercado nacional, donde las tres principales viñas obtienen más del 85% de las ventas”.

Al interior del sector, aseguran que la industria ha intentado avanzar hacia el desarrollo de contratos a largo plazo con los productores para darles una mayor estabilidad. Pese a ello, según el último reporte que mandó Concha y Toro a la Securities and Exchange Commission de EE.UU., gran parte de sus acuerdos son renovados anualmente, y al 2013 sólo un 34% correspondía a contratos por un mayor plazo. En la firma precisan que ese porcentaje ya supera el 70%.

En el caso del grupo San Pedro Tarapacá, un 69% de sus necesidades de uva durante 2014 fue adquirido a precio spot. Sólo un 8% eran contratos a largo plazo, reveló su matriz CCU a la autoridad norteamericana.

Para su estudio, Odepa entrevistó a pequeños viñateros de la VII y VIII Región, principalmente productores de uva país y moscatel. El resultado fue claro: sólo 2 de 53 declararon tener un contrato para el año 2015, debiendo vender su producción en el mercado spot. ¿Y quién fija el precio? Para los productores, la respuesta está en Concha y Toro, y para Concha y Toro en el mercado.

FUERTE DETERMINACIÓN

Sucesivas producciones históricas de más de 1.250 millones de litros llevaron a la principal viña del país a tomar una inédita determinación: durante este año no comprarán uvas tintas genéricas (como cabernet sauvignon o carmenere). Si bien entre los pequeños productores la decisión fue vista como una revancha ante la denuncia a la FNE, altas fuentes de la industria aseguran que fue un sinceramiento de la situación. “Hay que dar una señal de que no se puede comprar todo. Hemos tenido cuatro cosechas históricas y no se podía salir a comprar más. Hay una racionalidad en este tema, que esperamos que no se repita”, afirman.

Explican, de hecho, que con aquellos viñateros que tienen contratos a largo plazo han continuado comprando, mientras que con aquellos que mantienen acuerdos anuales se han suspendido, ofreciéndoles, sin embargo, un premio si es que Concha y Toro mantiene la primera opción de compra durante la próxima vendimia.

Producciones históricas de más de 1.250 millones de litros anuales hicieron que Concha y Toro optara por no adquirir uva tinta genérica durante esta vendimia. “Hemos tenido cuatro cosechas históricas y no se podía salir a comprar más”, afirman en el sector.

Con respecto a la uva masiva (país y moscatel), precisan que pesa menos del 5% del total de las adquisiciones de la firma, por lo que plantean no ser un actor protagónico en este segmento, donde predominan los elaboradores de vino a granel.

Las compra de Concha y Toro en el caso de las cepas tintas premium o blancas se mantiene inalterable, ya que se encuentran en un buen pie de comercialización. Datos de Nielsen revelan que la venta de vinos masivos (en envases tetra y otros) ha caído 18%, mientras que la de los vinos de mejor calidad se ha incrementado 15%, y la del producto corriente (embotellados de menos de $ 1.500 el litro), 1,3%. Pese a ello, la baja en los valores de la uva no sólo se da en la materia prima de más baja calidad, en la Región del Maule el valor de las uvas blancas, como sauvignon blanc o chardonnay ha caído más de 30% entre 2014 y 2015, muestran cifras de Odepa.

Yenny Llanos pone en duda la determinación de la viña. Precisa que entre agosto y septiembre, Concha y Toro adelantó el cierre de los contratos anuales, ofreciendo un precio de $ 50 el kilo, lo que no se condice con un sobrestock. “Si tienen sobrestock ¿por qué se llevan hasta el último kilo de uva que hay en nuestra zona?”, pregunta Víctor Rabanal.

Los dirigentes aseguran que diferentes compradores de uva les han transmitido el malestar de Concha y Toro sobre la denuncia presentada ante la FNE. Incluso les han precisado que esto afectará la imagen del vino chileno a nivel nacional. Rabanal, que no participó en la acción a la espera de poder conversar con los grandes actores, se muestra temeroso: “Me preocupa que pueda haber un castigo de las grandes empresas de no comprar uva en esas zonas sin discriminar si un pequeño productor participó o no en la denuncia”. Esto, considerando que el negocio es cada vez menos rentable y que el costo de reconversión es alto: sólo arrancar las parras cuesta $ 200.000 por hectárea.

En el intertanto, la Fiscalía ya comienza a recabar antecedentes, mientras la industria se prepara para una vendimia que amenaza con no dar muchas razones para celebrar.

FUENTE: QUEPASA.CL

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