Junto con la relevancia de integrar los beneficios y exigencias que define el marco legal, las cooperativas y comités tienen el desafío de tomar medidas que garanticen su suministro hídrico.
Desde la Cooperativa de la Islita Santa Margarita, comuna de Isla de Maipo, la Presidenta Michelle Bachelet encabezaba la ceremonia de celebración de la Ley N° 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales, que regulará el agua potable y el saneamiento rural, buscando de esta forma, garantizar la coordinación e implementación de los programas destinados a otorgar infraestructura sanitaria básica a la población rural de todo el país.
La relevancia de dicho cuerpo legal, cuyo reglamento está siendo revisado por Contraloría, es que normará aspectos técnicos, normativos, tarifarios y formas de gestión, tanto para agua potable como para la recolección y tratamiento de aguas servidas.
De acuerdo a Gloria Alvarado, presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru Chile), los objetivos de la ley para el Estado son dar una institucionalidad al sector rural, definir la inversión para los servicios de aguas rurales, roles y responsabilidades. No obstante, la visión de su agrupación va mucho más allá. Para Fenapru, la finalidad de esta normativa es proteger la forma de administración comunitaria y los territorios operacionales, que estaban en riesgo.
Su perspectiva es compartida por José Daniel Salas, gerente de la Cooperativa Aguas Requegua, quien resalta que esta ley, si bien les protege, también les exige compromisos. “Debemos ser capaces de asumir esa responsabilidad, para administrar como la ley exige este servicio de agua potable rural”, sostiene.
Asimismo destaca que la ley viene hoy día a resguardarlos. “La ley nos asegura que el agua va a ser siempre nuestra, y eso es lo importante. Ahora sabemos que hay muchas exigencias, entran otros organismos a controlarnos, fiscalizarnos, pero creo que tendremos que sentarnos a conversar con ellos”.
Sin embargo, pese a los beneficios que implica la nueva normativa, esta aún no ha entrado en vigencia. Lo estará al mes siguiente de la dictación del reglamento contemplado en la misma. De este modo y según asegura Daniela Rivera, directora ejecutiva del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, “por el momento no es posible evaluar completamente el contenido, eficiencia y ajuste de la nueva normativa a la realidad de los sistemas de APR, que son muchos a nivel nacional y que han cumplido un rol fundamental en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a la población.
Fortalecimiento técnico
Ante el escenario que da origen esta nueva normativa, adquiere cada vez mayor relevancia el hecho de que los sistemas APR dispongan de capacidades que permitan cumplir las exigencias incorporadas.
Con respecto a lo anterior Daniela Rivera señala que además de consolidar y uniformar el estatuto jurídico base de estos sistemas de APR, se requiere profesionalizar sus estructuras, potenciar y fortalecer su capacidad económica y de gestión. Cabe resaltar que algunos aspectos fueron incluidos en la Ley N°20.998, a través de la inclusión de programas anuales de capacitación de competencias técnicas, organizacionales, de los Servicios Sanitarios Rurales, y, por medio de la regulación de las tarifas, permitiendo homogeneizar los mecanismos de cobro y mejorar la prestación de sus servicios.
A ello se suman las herramientas técnicas y financieras dispuestas por el Gobierno, como los convenios suscritos entre la Dirección de Obras Hidráulicas y las diversas empresas sanitarias regionales, que en el área de asesoría y asistencia contempla la realización de variadas actividades de formación orientadas a los dirigentes y trabajadores de los comités y cooperativas.
Al respecto, Marcelo Gajardo, subgerente APR de Essbio, advierte que en Essbio y Nuevosur apoyan a los comités y cooperativas más allá de los convenios y a través de la subgerencia de APR. “Hemos desarrollado una serie de iniciativas que mejoran el servicio de las organizaciones de APR y por lo tanto, se traducen directamente en una mejor calidad de vida para los habitantes de los sectores rurales del país”, apunta.
Destaca por ejemplo el apoyo y asesoría a los sistemas de APR existentes, apoyando en la gestión financiero contable, operacional y organizacional, además de la gestión de proyectos para la construcción de obras.
Adicionalmente explica que las comunidades encargadas de APR gestionan una sanitaria, a través de una directiva de comité o cooperativa bajo la misión de manejar los aspectos operacionales y técnicos, pero también los administrativos y financieros.
A la colaboración que llevan a cabo las sanitarias se suma la realización de cursos de capacitación y formación para dirigentes y trabajadores de los sistemas de APR, financiados a través de Sence, como también la Escuela de Formación para Dirigentes de APR de la Provincia de Chacabuco, ejecutado y financiado directamente por la Subdirección de Agua Potable Rural, en forma conjunta con la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaria General de Gobierno.
La institución realiza talleres de capacitación en materias como la gestión legal, administración, contabilidad, finanzas, e impactos de la nueva Ley 20.998, ejecutados en forma conjunta entre la Subdirección de Agua Potable Rural y la División de Asociatividad y Economía, dependiente del Ministerio de Economía.
Desafíos
Los especialistas concuerden en que el nuevo marco normativo y el fortalecimiento técnico está logrando que los sistemas APR estén mejor preparados, para enfrentar factores que pudieran poner en riesgo su suministro hídrico.
En ese contexto, Gloria Alvarado resalta que se han desarrollado iniciativas de gestión integrada de recursos hídricos, de manera que se sienten en una misma mesa tanto agricultor, minero, empresario, APR y sanitaria, en pos de compartir información y tomar medidas que minimicen los efectos del cambio climático.
Según remarca la presidenta de la Fenapru, “hoy día existe el tremendo desafío de cuidar las cuencas y los nacientes y asegurar que llegue limpia para poder ser entregada al ser humano” y agrega que “debemos preocuparnos de la trazabilidad del agua”.
A lo anterior, añade los esfuerzos que hay que invertir para reducir la brecha en abastecimiento de agua potable rural de las localidades semi-concentradas y constata la necesidad de avanzar en la cobertura de las localidades dispersas.
Al respecto, Reinaldo Fuentealba, director nacional de Obras Hidráulicas, explica que se encuentra en ejecución el Plan de Sistemas Básicos Progresivos, el que busca -en una primera etapa- habilitar puntos de abastecimiento de agua para beneficiarios o punto de carga para camiones aljibes, para luego, en una segunda etapa, cuando se disponga de una mayor concentración de población, incluir la red de distribución y arranques domiciliarios que permitan el abastecimiento directo en las viviendas de los beneficiarios.
Por su parte, Marcelo Gajardo, subgerente APR de Essbio, advierte que según un estudio desarrollado por la Universidad de Chile para la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, hasta finales de 2016, el 90% de las organizaciones no contaba con infraestructura sanitaria de aguas servidas. El desafío estima que está en mejorar el saneamiento en las localidades que cuentan con APR, en la línea de lo planteado por la Ley de Servicios Sanitarios Rurales.
Alcance
El Programa Agua Potable Rural, de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, actualmente cuenta con 1.778 Sistemas de APR instalados, los que desde sus inicios son administrados, operados y mantenidos por las propias comunidades organizadas en comités o cooperativas. Abastece a aproximadamente 1.700.000 personas de localidades concentradas y semi-concentradas, desde Visviri por el norte y hasta Puerto Edén y Puerto Toro, en la zona más austral de Chile.
