Hace medio siglo, el 28 de julio de 1967, durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, entró en vigencia la Ley N° 16.640 de Reforma Agraria, la cual perfeccionó y amplió la normativa que la antecedió (Ley 15.020, de 1962) para hacer un proceso que verdaderamente permitiera el acceso a la tierra a quienes la trabajaban.
Aunque en su momento muchos cuestionaron esta iniciativa motivada por la doctrina social de la Iglesia y no advirtieron su impacto ni midieron sus consecuencias, el proceso -según los agraristas- fue el más importante del siglo pasado, no sólo porque modificó la calidad de vida de un gran número de personas, sino porque ayudó a construir una sociedad más democrática y justa. La sociedad chilena fue transformada radicalmente con la Reforma Agraria y con la Ley de Sindicación Campesina que la acompañó.
Hasta antes de la Reforma se estimaba que existían 1 millón 800 mil inquilinos que trabajaban en alguno de los 10 mil latifundios que poseían el 78% de la superficie agrícola, lo que equivalía a tan sólo el 7% del total de explotaciones agrícolas del país. Gran parte de esas tierras no se aprovechaba productivamente, y las bajas tasas de crecimiento del sector, que para los años ’50 e inicios de los ’60 promediaba el 1,5%, propiciaban que la economía nacional dependiera en gran medida de la importación de alimentos.
La Ley 16.640 amplió las facultades de la normativa dictada por el Presidente Arturo Alessandri en 1962. En definitiva, autorizaba a expropiar hasta dos tercios de la tierra agrícola del latifundio; el tercio restante incluía la reserva dejada al latifundista, que en la mayoría de los casos era superior a 80 hectáreas, con inclusión de bodegas y la infraestructura que tenía el predio.
La Reforma, iniciada por el Presidente Alessandri pero impulsada decididamente por los Presidentes Frei y Allende, implicó la expropiación de 9,8 millones de hectáreas y de 5.809 predios. Se complementó con una serie de otras leyes destinadas a garantizar los derechos laborales de los asalariados del campo y convertir al campesinado en una fuerza social activa de las transformaciones que por esos años desafiaban al país.
Para 1965, el nivel de sindicalización era mínimo, pues sólo existían 32 sindicatos con 2.118 afiliados. Con la Ley de Sindicalización Campesina (1967) este número se incrementó a 488 sindicatos con 127.688 afiliados hacia 1970.
La agricultura de hoy no sería posible sin la Reforma Agraria de ayer. La Agricultura Familiar Campesina es un segmento social y económico de gran significación y es parte sustantiva del sector agrícola, la ruralidad y sus territorios. Representa un universo del orden de las 260.000 explotaciones, equivalentes a casi el 90% del total de unidades productivas del país.
La Reforma Agraria construyó la base de infraestructura que permitió el desarrollo exportador que se vivió en Chile años después: red de embalses, mataderos, frigoríficos, Plan de Desarrollo Frutícola, Plan de Desarrollo Forestal, Plan de Desarrollo Ganadero, entre muchas otras iniciativas. Finalmente, durante la Reforma Agraria se crearon las instituciones públicas que hasta hoy han acompañado el proceso de modernización sectorial: ODEPA, INDAP, SAG, CONAF, INIA, entre otras.