COLUMNA DE ECONOMÍA PARA TODOS: «LA ECONOMÍA DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN»

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Poco a poco el proceso de formación de una nueva Constitución de Chile está generando interés en la ciudadanía. Si bien aún persisten dudas sobre cómo participar, no es menor el cúmulo de personas que buscan plasmar sus ideas a partir de diversos medios.

Uno de los temas principales que se deberán dirimir para la redacción de la nueva carta magna será el modelo económico que buscará perpetuar nuestro país, y principalmente que rol desempeñará el Estado en él. Hoy en día Chile se rige bajo una economía social de mercado, donde las necesidades se sacian a partir de la iniciativa privada de empresas y personas, sin perjuicio de la intervención no excluyente del Estado en los mercados, a partir de un rol subsidiario.

Colegios, clínicas, retail, agrícolas, pesqueras, emprendimientos de las personas que pueden ser beneficiados o perjudicados por impuestos, subsidios, fijaciones de cuotas, concesiones o licitaciones. El Estado deja ser, promoviendo lo positivo y desincentivando lo negativo. Al respecto la pregunta es si dicho enfoque ha sido suficiente.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, Chile se posiciona como el país más rico de América del Sur, con una riqueza nacional por habitante de US$23.486 y una tasa de pobreza del 7,8% Un panorama que dista del sombrío pasado de 1990, donde Chile se ubicaba en el quinto lugar del subcontinente, con una riqueza inferior a los US$ 5.500 por habitante y una tasa de pobreza del 38%. Para muchos este desempeño nos invitaría a venerar a nuestra economía y el rol del Estado permitido por la Constitución vigente.

No obstante, algunos omiten que en Chile el 57% de la riqueza nacional recae sólo en un 20% de la población, la que ostenta 27 veces más que el 10% más pobre, posicionando a nuestro país como el más desigual de la Ocde. El promedio de los aranceles de las universidades tradicionales es de $302.798 mensuales, en circunstancias en que el 58% de los trabajadores en Chile aspira a un sueldo inferior a $362.250 y sólo el 8% supera $1 millón. Con todo, lamentablemente los jubilados se enfrentan a una pensión promedio de vejez de $199.750.

Así como podemos atribuir la notable generación de riqueza nacional al sistema económico y rol del Estado dictado por la actual Carta Magna, podemos atribuirle también los nefastos resultados de su repartición. Al respecto, no debemos dudar en la necesidad de mejorar nuestra economía. La pregunta es si esto se logrará con un Estado de bienestar, que derechamente provea de necesidades a la población, un Estado que siga subsidiando o de plano un Estado que no se inmiscuya en los resultados de los mercados. Sea como sea, existen razones más que suficientes para concordar en que la nueva Constitución debe sentar las bases para la formación de una nueva economía. Idealmente, una mejor.

FUENTE: ECONOMIA