En medio de la crisis hídrica y la fiebre de las cerezas que afecta Rengo, en O’Higgins, INTERFERENCIA comprobó que el presidente de la Junta de Vigilancia más beneficiada por el embalse Bollenar es primo del director regional de la Dirección General de Aguas. Ambos pertenecen a la familia Goycoolea, la que fundó Aguas Lo Castillo en Santiago Oriente.
En los últimos años el Río Claro, ubicado en Rengo, Región de O’Higgins, ha reducido drásticamente su caudal, afectando a cerca de 1.400 pequeños agricultores y poblaciones dependientes de centros de agua potable rural (APR) asociados a este río.
Según cifras de la Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región, en el período abril-agosto de 2019, el río redujo un 84% su caudal respecto de su promedio histórico. A esto se suma que el embalse Los Cristales, que abastece al Río Claro, depende en gran parte de las nieves acumuladas, las que en 2021 sufrieron un déficit de 98% según datos de la misma federación.
Como solución, desde 2019 el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y la Dirección General de Aguas (DGA) levantaron el Plan Nacional de Embalses, en el que se proyectó la construcción del nuevo embalse Bollenar entre el puente La Chimba -a 6,5 kilómetros de la Ruta 5- y Los Cristales.
Desde la implementación del Plan de Embalses. el seremi de O’Higgins del MOP Moisés Saravia, el director regional de la DOH, Norberto Candia, y José Miguel Goycoolea González, de la DGA regional, han presentado el preinforme y los avances del informe de factibilidad del proyecto del Embalse Bollenar, adelantado el tiempo y costo de construcción: un estimado en 36 meses y $150 millones de dólares en inversión.
La situación preocupa a quienes dependen del agua río abajo, es decir, quienes no están en la Junta de Vigilancia de Río Claro, pues observan que los terrenos se están llenando de cerezos, intensivos en el recurso, y -según dicen fuera de micrófono- sienten que nada asegura que el embalse beneficiará equitativamente a todos quienes poseen derechos de agua del Río Claro.
En 2019 Saravia comentó que esta inversión incluye “los costos del embalse, reposición de camino privado, expropiaciones, mejoramiento de canales y medidas ambientales”.
Para la construcción el MOP necesitó de la autorización de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Claro, un grupo de 19 agricultores que son titulares de derechos de aprovechamientos de agua (DAA) de la zona y quienes serán los principales beneficiados con la edificación del embalse, en cuanto dicha agrupación posee los terrenos adyacentes al cauce del Río Claro donde se instalará el embalse.
Desde entonces, los organismos estatales han mantenido reuniones con esta Junta de Vigilancia para evaluar la implementación del proyecto.
Sin embargo, desde 2018 se presentó un conflicto de intereses, cuando asumió como director de la DGA de O’Higgins José Miguel Goycoolea González, primo del actual presidente de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Claro, Joaquín Barros Goycoolea.
Dentro de la Junta, Barros Goycoolea posee 865 acciones de las 5.975 totales. Además, están a su nombre el canal Molinana y Popeta, que abastecen a 29 regantes en la zona del Río Claro.
Asimismo, en la Junta de Vigilancia también se encuentran el padre del director regional, José Miguel Goycoolea Figueroa, agricultor y dueño de otras 26 acciones y del canal Las Islas. Al igual que su tía, María de la Luz Goycoolea, que posee cuatro acciones y el canal Talhuén.
De esta forma, la familia Goycoolea acumula el 15% de los derechos de agua de la Junta de Vigilancia, o 895 acciones, las que equivalen a la misma cantidad en litros de agua por segundo. Aunque con la sequía han disminuido hasta los 0,3 litros por segundo.
La situación preocupa a quienes dependen del agua río abajo, es decir, quienes no están en la Junta de Vigilancia de Río Claro, pues observan que -río arriba- los terrenos se están llenando de cerezos, intensivos en el recurso, y -según dicen fuera de micrófono- sienten que nada asegura que el embalse beneficiará equitativamente a todos quienes poseen derechos de agua del Río Claro. En particular temen por la estrecha cercanía que hay entre la Junta de Vigilancia y la DGA de O’Higgins, dados los vínculos de la familia Goycoolea.
Consultado por INTERFERENCIA, el presidente de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Claro, Joaquín Barros Goycoolea, aseguró que no existe tal conflicto de intereses por su relación familiar con el director regional de la DGA, José Miguel Goycoolea. Esto, a pesar que esta autoridad participó en las reuniones en que se presentaron los preinformes de factibilidad y se evaluaron las zonas beneficiadas con el proyecto de embalse, así como el costo de construcción, las zonas a expropiar y el mejoramiento de los 24 canales que posee la junta.
De esta forma, la familia Goycoolea acumula el 15% de los derechos de agua de la Junta de Vigilancia, o 895 acciones, las que equivalen a la misma cantidad en litros de agua por segundo. Aunque con la sequía han disminuido hasta los 0,3 litros por segundo.
Según Barros “con José Miguel [Goycoolea] no he tocado el tema del embalse, porque lo veo con don Alfredo Moreno [ministro de Obras Públicas]. En este caso, a José Miguel no le corresponde nada de esto. A él lo que le corresponde es el control de los pozos y la distribución del agua. Pero eso lo hace de forma directa con los agricultores o las asociaciones, pero no con la Junta de Vigilancia”.
Sin embargo, Barros se contradijo luego al asegurar que sí han sostenido reuniones con la DGA para el mantenimiento y traslado de pozos que están a nombre de la agrupación. “Como Junta de Vigilancia tenemos 21 pozos y 560 acciones de agua que, con lo que hemos visto hoy, no nos da para el riego. Lo que hemos estado viendo con la DGA es la posibilidad de trasladar esos pozos a otro punto para poder usar esa cantidad de acciones”.
De todas formas, Barros asegura que la Junta de Vigilancia no ha podido controlar el correcto uso de los pozos, de los que se estaría sacando más agua de la comprometida por la posesión de derechos de aprovechamientos de agua . “Se puede sacar cuatro litros por segundo del agua de pozo, pero debería ser un litro por segundo, que es lo que corresponde por acción. Eso lo ve directamente la DGA con los privados”, afirma.
Barros -por su parte- se adjudica haber ideado el proyecto de embalse hace ya 15 años, cuando la zona daba las primeras muestras de una eventual crisis hídrica. “Eso calza con que, 15 años después, llega José Miguel a la DGA, pero no ha cambiado absolutamente nada en el proceso del embalse. Ojalá pudiera haber sido que ayudara que esto saliera antes, pero ni siquiera eso”, afirma el agricultor.
José Miguel, lobista de Las Nieves
Antes de llegar a la Dirección General de Aguas (DGA) de la Región de O’Higgins, José Miguel Goycoolea ejerció como abogado lobista para Minera Río Colorado, empresa de Cementos BíoBío.
Entre 2017 y 2018, sostuvo reuniones con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de la región Metropolitana para conseguir la extensión de la vida útil del proyecto La Perla, una mina de caliza ubicada en San José de Maipo.
En ese periodo, Goycoolea también representó intereses particulares ante el SEA de O’Higgins en 2017.
Específicamente, en diciembre de ese año sostuvo una reunión con el entonces director regional del SEA, Pedro Miranda, para consultar el “alcance de la declaración de área de protección Las Nieves […] para efectos de ejecución de proyectos en el área”.
Esta zona protegida se encuentra río abajo de la construcción presupuestada de la barrera de contención del embalse Bollenar, además de ser el punto donde acaba la primera sección del Río Claro, controlada por la Junta de Vigilancia que lidera su primo Joaquín Barros Goycoolea.
Las Nieves fue declarada zona protegida en dictadura por el Ministerio de Agricultura, mediante el decreto 92 de 1983. El texto tiene por finalidad “prohibir la destrucción de árboles y arbustos a fin de preservar y acrecentar la belleza del paisaje y evitar la destrucción de especies forestales autóctonas de gran interés cultural y científico”.
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Ubicación presupuestada para el embalse Bollenar según los preinformes de factibilidad
Igualmente, el decreto establece como finalidad “mantener la excelente calidad actual del agua de la cabecera de la cuenca del Río Claro por cuanto ella es usada para el regadío de vastos sectores de la Zona Central”.
INTERFERENCIA intentó contactar a José Miguel Goycoolea para conocer el motivo de esta reunión en los meses previos a su nombramiento en la DGA, pero al momento de la publicación de este artículo la redacción no recibió respuestas.
De la misma forma, se intentó conversar con el MOP y la DOH de O’Higgins para conocer los eventuales problemas ambientales previstos con el desarrollo del proyecto de embalse frente a Las Nieves. Sin embargo, tampoco contestaron los llamados.
Por su parte, Barros comentó al respecto que no habría problema con la edificación del embalse en la cercanía de esta área protegida, puesto que “fue Conaf la que autorizó en qué parte podrían hacerse los estudios y cómo llegar a ellos. Y los árboles que se sacaron se pusieron en otro lado”.
Antiguos lazos familiares con el agua
La familia Goycoolea lleva tres generaciones ligada a la propiedad de aguas. El abuelo de José Miguel Goycoolea, Manuel Goycoolea Espoz, fue alcalde de Las Condes entre 1944 y 1947 y entre 1953 y 1954 y en 1976 fundó la Empresa de Agua Potable Lo Castillo S. A., para abastecer a la comuna de Lo Barnechea y la villa Los Dominicos.
Según se pudo constatar en un catastro de infraestructura sanitaria de la Cámara Chilena de la Construcción, para 1994, José Miguel Goycoolea Figueroa, hijo de Manuel, tomó la presidencia del directorio, que integraban sus hermanos y su sobrino, Joaquín Barros Goycoolea.
Dos años después, en 1996, con el fallecimiento de Manuel Goycoolea, los hermanos vendieron la compañía a Enersis, que la renombró como Aguas Cordillera.
A comienzos del 2000, los Goycoolea figuran nuevamente en la posesión de derechos de agua. Según estableció un informe de la DGA de ese año, Goycoolea Figueroa y su hermana María de la Luz figuraban como titulares de derechos de agua en el Río Claro. Además, ya se hacía mención de los canales Popeta y Molinana, que hoy están a nombre de su sobrino, Joaquín Barros.
Años después, en 2006, fundaron la Junta de Vigilancia del Río Claro, cuando surgió como iniciativa para organizarse según los estatutos de juntas de la DGA , siendo recién admitidos en 2010.
La fiebre de las cerezas en Rengo
Con la inversión presupuestada de $150 millones de dólares para el embalse Bollenar se espera que recepcione 59 millones de metros cúbicos de agua, los que abastecerán a alrededor de seis mil hectáreas cultivables.
Según Barros Goycoolea, la mayor parte de esas seis mil hectáreas son destinadas a plantaciones de cerezo, las que son controladas por 150 grandes agricultores en todo el cause del Río Claro que poseen fundos de más de 100 hectáreas. “El resto son todos pequeños agricultores, de 5 a 2,5 hectáreas”, comenta.
De esta forma, la construcción del embalse beneficiaría la explotación frutícola en la zona de O’Higgins, destinada principalmente a la exportación de cerezas.
Según constató INTERFERENCIA en el reportaje La fiebre de las cerezas: Chile cuadruplica en 10 años las hectáreas para exportarlas a China, en medio de la crisis hídrica, un kilo de cerezas deja -según cifras de comparación internacional- una huella hídrica de 1.411 litros de agua. Además, se proyecta que con esta dinámica de monocultivo, los campos de cerezos pueden llegar a casi 100 mil hectáreas en los próximos cinco años.
Fuente: interferencia.cl