La SISS tiene que determinar si hay una amenaza para el abastecimiento de agua y si el convenio se ajusta al objetivo único de la sanitaria.
Cuando ya han pasado casi cinco años de la firma del acuerdo entre Aguas Andinas y AES Gener, que viabilizó el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, la Contraloría General de la República ordenó revisar este convenio, lo que abre un nuevo flanco para esta iniciativa en la que junto a la eléctrica de capitales estadounidenses participa el brazo minero del grupo Luksic.
En 2011 y tras varios años de negociaciones, que no estuvieron exentas de polémica y enfrentamientos, ambas empresas lograron sellar la forma en que ejercerán sus respectivos derechos de aprovechamiento de agua en el contexto del proyecto Alto Maipo, iniciativa que operará a partir de agua proveniente del embalse El Yeso y las lagunas Negra y Lo Encañado, ubicadas en la zona del Cajón del Maipo.
Además de asegurar que la operación del tranque, que es la principal reserva de agua de Santiago, se realizará con criterio sanitario y no eléctrico, el contrato establece una remuneración para Aguas Andinas derivada de la operación del complejo, actualmente en construcción, que considera dos centrales de pasada.
Ahora y en respuesta a una solicitud de un grupo de congresistas encabezados por el senador socialista Alfonso de Urresti, nuevo el contralor Jorge Bermúdez determinó que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) deberá pronunciarse respecto de dos materias concretas, para lo cual dispone de un plazo de 15 días, el cual según indicaron en el organismo aludido expira el 2 de marzo.
Esto, porque aunque Bermúdez reconoce que el convenio no implica un traspaso de la concesión, razón por la que la SISS no tenía que autorizarlo, sí indica que “la SISS debe ejercer una fiscalización permanente sobre los actos de las concesionarias, debiendo pronunciarse sobre la legalidad de los mismos en caso de ser requerida”, reza el dictamen.
Puntos sensibles
Lo primero que la Contraloría pide determinar es si el convenio representa una amenaza para la cantidad y calidad del agua que la sanitaria utiliza para prestar su servicio. Este punto ha sido planteado con fuerza por los detractores del proyecto eléctrico.
La segunda materia a la que puso atención la Contraloría es la que concita más atención: si el uso dado a las aguas, así como las obras de infraestructura que compromete Aguas Andinas en el convenio, se ajustan o no a su objetivo único como concesionaria de servicios sanitarios.
La regulación dice que cuando una sanitaria obtiene beneficios adicionales con la infraestructura de su concesión, debe traspasarlos a tarifas, lo que usualmente negocia con la SISS.
En este caso, a fines de 2014 y en su proceso tarifario Aguas Andinas acordó con la