Cooperativas: la respuesta pública frente a la privatización del gigante holandés de las renovables

La cooperativa de energía renovable De Windvogel suministra energía limpia a 1.200 hogares en el sur de Ámsterdam. Una federación paneuropea de cooperativas como esta tiene la esperanza de adquirir el gigante neerlandés de servicios públicos, Eneco.

(Bryan Miranda)

El mando del último gigante de la energía verde del sector público podría pasar a manos privadas. Sin embargo, una alianza paneuropea de cooperativas de la energía, única en su género, podría ayudar a mantener la empresa bajo el control ciudadano.

Para comprar Eneco se necesitarían aproximadamente 3.000 millones de euros (unos 3.500 millones de dólares USD), y existe una nueva cooperativa de energía sostenible, EneCoöperatie, que tiene precisamente la esperanza de hacerlo.

Decenas de autoridades locales decidieron vender sus acciones de Eneco después de la reestructuración de la empresa a principios de este año. Como resultado, la empresa está a un paso de privatizarse.

La idea de que los ciudadanos comunes y corrientes obtengan un capital tan importante como para comprar una empresa pública de energía puede parecer una quimera. Sin embargo, para Siward Zomer, director de la cooperativa de energía renovable De Windvogel y uno de los cerebros detrás de la iniciativa de financiación colaborativa, es definitivamente posible.

“Evidentemente, ante todo no queremos que las municipalidades vendan [sus acciones]”, afirma Zomer, mientras las gigantescas palas de la eólica de la que es copropietario generan energía limpia y renovable para 1.200 hogares en el sur de Ámsterdam. “Pero si lo hacen, entonces queremos que nos vendan sus participaciones. Y tan pronto como nos sea posible, haremos nuestra oferta”.

El ayuntamiento de Rotterdam, que es el mayor accionista de Eneco, con una participación del 31% en la empresa, fue el primero en anunciar su intención de vender en marzo de este año, después de que una nueva ley obligara a la empresa a abandonar su filial operativa encargada de la red pública, Stedin.

Esta separación, argumentaron algunas autoridades locales, la convierte en una inversión arriesgada. Otras municipalidades estuvieron de acuerdo con esta evaluación, lo que implicaría la venta de participaciones por un total de casi el 75%.

“Estos políticos creen que los mercados van a resolverlo todo, pero si todo se privatiza, todo estará en manos del capital anónimo, cuyo único interés es la obtención de beneficios, no el servicio a la población”, señala Zomer. “Eneco tiene que permanecer en manos públicas. En tanto que ciudadanos, debemos recuperar la propiedad democrática de nuestro propio suministro energético”.

Las cooperativas confieren poder a los ciudadanos locales

Con el propósito específico de comprar Eneco, Zomer ayudó a establecer EneCoöperatie para atraer miembros y capital de ciudadanos comunes y corrientes, activistas climáticos, fondos de pensiones y bancos, así como de cooperativas locales y europeas de la energía.

La cuota de inscripción actual asciende a 15 euros (17 USD) y, a diferencia de las empresas, que incrementan el poder de decisión en función del número de acciones, las cooperativas tienen una estructura democrática que asegura “un miembro, un voto”. Este enfoque maximiza la participación ciudadana en el proceso de la toma de decisiones, al tiempo que garantiza a los miembros una influencia equitativa independientemente del importe invertido.

Las cooperativas velan además por que las ganancias retornen a las comunidades locales, en lugar de ir a parar a los bolsillos de lejanas empresas y directores ejecutivos, según los organizadores de EneCoöperatie.

Pero, ¿no es contradictoria la participación de los bancos, un Goliat histórico en la lucha del pueblo por una mayor autodeterminación? Felix Olthuis, el nuevo director de EneCoöperatie, no lo ve así. “A fin de cuentas, a los bancos solo les interesa invertir, y los necesitamos para aumentar nuestro capital”, explica.

Existe otro canal menos tradicional al que Olthuis recurre para obtener fondos: la red de solidaridad entre las cooperativas locales de energía renovable que han proliferado por toda Europa occidental en los últimos seis años.

Conocida como Rescoop (Cooperativas de fuentes de energía renovables), esta red ahora incluye 1.250 cooperativas que representan a más de medio millón de miembros en países como Dinamarca, Alemania, Bélgica, España, Italia, Países Bajos y Reino Unido.

“En los últimos años hemos intercambiado muchos conocimientos, compartido experiencias y aprendido a confiar las unas en las otras”, relata Olthuis, quien también preside Rescoop en Países Bajos. “Ahora puedes hacer una llamada telefónica a una cooperativa en España o Italia para pedir un préstamo, y lo obtienes. Hemos avanzado mucho en el apoyo mutuo, tanto en términos de contenido como financiero”.

Su esfuerzo a escala internacional para adquirir un gigante de los servicios públicos da una dimensión histórica a esta iniciativa, demostrando así la fuerza creciente de los ciudadanos que plantan cara a la industria de los combustibles fósiles.

Parar la venta

Eneco emplea a más de 3.500 personas y ha sido clasificada como el gigante energético más sostenible del país por agrupaciones locales que luchan contra el cambio climático por su suministro predominantemente eólico, solar y de biomasa. Este hecho hace que la venta inminente no solo sea un problema de orden climático, sino también una batalla para salvar empleos en el sector público.

Las cooperativas de energía, políticos locales, sindicatos, trabajadores de Eneco, los activistas climáticos y grupos de defensa como Greenpeace en Países Bajos han formado una alianza estratégica para convencer a las municipalidades de no vender sus acciones.

Sus esfuerzos han sido parcialmente recompensados. En octubre, el consejo municipal de La Haya votó a favor de retener su participación del 16% en Eneco, anulando así su decisión anterior de vender.

En caso de que Eneco llegara a privatizarse, a pesar de todos los esfuerzos para que eso no ocurra, el temor de los activistas es que esta firma sufra un destino similar al de Nuon y Essent. En 2009, estas dos empresas energéticas, que con Eneco controlan casi el 75% de la cuota de mercado de la energía en Países Bajos, fueron adquiridas, respectivamente, por las estatales Vattenfall (Suecia) y RWE (Alemania), dos de las mayores contaminantes de Europa.

En el proceso se perdieron más de 4.500 puestos de trabajo y, como propietarios de tres de las cinco centrales de carbón en Países Bajos, Nuon y Essent ocupan actualmente los últimos lugares en la carta de la energía sostenible holandesa.

Para Patrick Fey, presidente de asuntos públicos del CNV, un importante sindicato holanés en pie de lucha para salvar Eneco, la balanza ha empezado a inclinarse en contra de la privatización de los servicios públicos.

“Si Eneco se privatiza, el Gobierno perderá su control sobre la sostenibilidad ambiental del país, lo que no es inteligente. Por lo tanto, la cuestión de oponerse a la privatización cada vez tiene menos que ver con la división entre derechas e izquierdas, ahora se ha convertido en una cuestión de interés común. Esperamos que, en parte gracias a nuestra campaña, la dimensión social de la protección tanto del empleo de las personas como del medio ambiente jueguen un papel importante a la hora de decidir sobre el futuro de Eneco”.

La pérdida de Eneco podría significar un gran revés para el país, el cual se ha quedado rezagado detrás de las vanguardias ecológicas de Alemania y Dinamarca en el cumplimiento de los objetivos climáticos mundiales y europeos, tales como reducir las emisiones de carbono en un 40% y aumentar la energía verde en un 27% para 2030.

En 2016, Países Bajos sólo redujo un 11% de sus emisiones de CO2 en relación con los niveles de 1990 y menos del 6% del total de su energía proviene de fuentes renovables. Estas cifras persisten pese a un histórico mandato judicial de 2016 para que el Gobierno reduzca una cuarta parte de su huella de carbono para 2020.

Aun cuando las emisiones de carbono no han dejado de aumentar bajo el gobierno conservador del primer ministro Mark Rutte, su actual gabinete afirma contar con el “acuerdo de coalición más ecológico”. Su ambición de recortar el 49% de sus niveles de CO2 para 2030 incluye medidas que no dejan de plantear interrogantes, como la de subsidiar industrias para almacenar emisiones subterráneas e incrementar los precios de la energía para los consumidores.

“Esencialmente se trata de un programa climático corporativo, pero implantado por el Gobierno”, insiste Donald Pols, director de la ONG ambientalista holandesa Milieudefensie, que demandó al Estado holandés por la contaminación del aire a principios de este año.

“Para alcanzar los objetivos climáticos europeos, el costo se transfiere por completo a los hogares medios, que pagarán el 80% de los impuestos climáticos, mientras que el 80% de los subsidios se destinará a la industria [de la energía]”.

¿Rumbo a una vía más verde?

La ausencia de voluntad política para encaminar a la economía holandesa por una senda más ecológica se debe en parte a su gran interdependencia con la industria de los combustibles fósiles, que representa por lo menos el 11% del PIB del país. En tanto que segundo mayor exportador de alimentos del mundo (después de EEUU) y teniendo en su haber el principal puerto europeo (Rotterdam) y uno de los aeropuertos más activos del mundo (Schiphol), Países Bajos tiene una de las economías con mayor consumo de combustibles fósiles y mayores emisiones de CO2 de la Asociación Internacional de Energía (IEA). El Gobierno holandés sostiene esta economía mediante 9.500 millones de USD de subsidios anuales para el sector energético, según un informe de 2015 del Fondo Monetario Internacional.

El grado de imbricación entre el Estado holandés y el sector energético quedó expuesto en 2010, cuando Wikileaks reveló que Shell emplea directamente a altos funcionarios públicos holandeses y británicos para sus actividades comerciales internacionales en zonas políticamente sensibles como Irán e Irak.

La puerta giratoria que existe entre los altos funcionarios del servicio público y el mundo corporativo tampoco es ningún secreto. El exprimer ministro Wim Kok, el exministro de Economía, Hans Wijers, y el exministro de Asuntos Exteriores, Wouter Bos, participaron como miembros del consejo supervisor de Shell, ya sea antes o después de ocupar sus cargos políticos.

Incluso el nuevo ministro del recientemente creado ministerio de Economía y Clima, Eric Wiebes, comenzó su carrera trabajando para Shell.

Dada la ubicación geográfica altamente vulnerable de Países Bajos, un país situado en un delta sujeto a inundaciones y cuya mayor parte del territorio se encuentra por debajo del nivel del mar, la reticencia política a modificar la economía de acuerdo con las exigencias del cambio climático puede resultar sorprendente. 
Sin embargo, desde hace mucho tiempo, la posición del Gobierno holandés tiende más a la adaptación que a la prevención.

Presas, diques y pólderes han protegido históricamente al país de la subida de las mareas y el desbordamiento de los ríos. Cuando estos medios no impidieron las desastrosas inundaciones que desplazaron a miles de personas en la década de 1990, el Gobierno holandés recurrió a tecnologías de resistencia en lugar de aplicar políticas estructurales para reducir el impacto industrial sobre el cambio climático. Los parques y estacionamientos públicos ahora funcionan como sistemas de drenaje, y se están construyendo islas artificiales y viviendas flotantes para una mejor coexistencia con el agua.

En lo que respecta a la resistencia al cambio climático, Países Bajos podría situarse a la vanguardia de la innovación, pero para implicarse en la limitación del devastador impacto industrial sobre el calentamiento global e introducir un cambio, los holandeses tendrían que dejar de depender de los políticos y empezar a tener en cuenta el poder organizativo y las ideas de los ciudadanos de a pie.

“Con la nueva política climática, ya se verá como, una vez más, los grupos de presión de las grandes empresas, de las industrias del gas y el petróleo, son realmente eficaces”, afirma Zomer. “Puedes tener un funcionario electo en el cargo, pero no va a hacer nada para pararlas. Lo que tenemos que hacer ahora es organizarnos a través de las cooperativas, el poder ya no reside en la política, sino en la economía”.

Fuente: Equaltimes

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