Con la idea de construir un proyecto que satisfaga a la ciudadanía, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados inició este martes la discusión en particular de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que busca reformar el Código de Aguas y que ya fue aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos.

En la nota publicada por la Cámara se detalla que la reunión, que se abocó a debatir las precisiones relativas al dominio y aprovechamiento de aguas, analizó una serie de detalles del proyecto que van en la línea de resguardar los derechos del agua para uso público.

Sobre este punto, la recién asumida presidenta de la Comisión, diputada Loreto Carvajal, resaltó que el nuevo Código de Aguas está priorizado y focalizado, especialmente, en reconocer que el agua es un bien nacional de uso público cuyo destino esencial es el consumo humano y no la comercialización excesiva. “Estamos disponibles a sacar una legislación que vaya en esta línea, pero además que proteja la cantidad enorme de cuencas que están sobreexplotadas y que están, hoy día, siendo mal utilizadas”.

En el mismo contexto, la parlamentaria aclaró que durante la sesión se logró avanzar en indicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el interés público y las situaciones de emergencia, entendiendo que en estos casos el uso del agua será solo para consumo humano sin dejar abierta la posibilidad de un mal uso en casos de desastres naturales.

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Certeza jurídica

Por su parte, el diputado Ramón Barros afirmó que de este proyecto se espera que evite una rebaja en la certeza jurídica del dominio en las aguas, que haga que el país entre en una duda respecto de quienes son titulares de derecho. “Esto provocaría un problema súper complejo desde el punto de vista de la banca y de las inversiones, por eso estamos en conversación con la Dirección General de Aguas, en orden a modificar una serie de aspectos que vienen de la Comisión de Recursos Hídricos”.

En ese sentido, el parlamentario explicó que no buscan oponerse a una nueva legislación, en términos de derechos no otorgados, sino que, tratándose de los derechos que ya están otorgados, la rebaja de la certeza jurídica les parece un “despropósito” por el cual van a luchar para que quede claramente establecido.

“Estamos a favor de que el agua sea un derecho público, pero tiene que estar en concordancia con los lineamientos constitucionales respecto de quienes son los titulares, obviamente, preservando lo que es el agua para bebida como consumo humano, pero que no se intente a través de un proyecto ir ideológicamente sobre la titularidad”, concluyó.

FUENTE: REVISTAGUA