Cada cierto tiempo se suceden momentos de tensión que permiten cuestionar los paradigmas y lógicas existentes, develando sus falencias y miserias, y abriendo la puerta a la posibilidad de reformarlas; pero también, de caer en la trampa de consolidar, reproducir y profundizar modelos cada vez más obsoletos e insostenibles. La crisis sanitaria detonada por la actual pandemia es un ejemplo de lo anterior, al dejar en evidencia la profunda injusticia social y ambiental, y la falta de condiciones mínimas para solventar una vida digna que afecta a los sectores más vulnerables de la población.
En áreas rurales, la falta de agua impide adoptar medidas mínimas de higiene para prevenir la propagación del virus, como es lavarse las manos, mientras que las acciones judiciales interpuestas por las comunidades, han sido declaradas inadmisibles o rechazadas por la justicia, argumentando que el abastecimiento de agua en zonas de catástrofe obedece a una política pública de competencia del ejecutivo, o bien que los usos productivos que acaparan el uso del agua, como la agroindustria o minería, se encuentran amparados por derechos de agua debidamente constituidos e inscritos. La gestión del agua como bien económico de consumo, apropiable y transable como cualquier otro, sin priorización de su uso y consumo humano ni mayor consideración de su importancia social y ambiental, presenta hoy sus efectos más críticos y contingentes en el sector rural, pero también rige para el sector urbano. Este sector concentra cerca del 90% de la población del país, cuyo suministro de servicios básicos de agua potable y alcantarillado es proveído en un 96,4% por sociedades anónimas, concesionarias controladas mayormente por capitales extranjeros. En las áreas urbanas existe entonces una doble faz de privatización en razón del régimen de propiedad privada del Código de Aguas y el de la prestación privada del suministro de agua potable y alcantarillado.
Tanto la actual crisis sanitaria como aquellas provocadas por los masivos cortes de agua potable ocurridos en años recientes en ciudades como Osorno, Santiago, La Serena y Ovalle, permiten mantener vigente la pregunta de si es posible avanzar hacia un sistema de gestión pública de los servicios básicos de agua potable centrada en reconocer el agua como un bien común, y su acceso en cantidad y calidad suficiente como un derecho humano esencial. En este contexto, y a objeto de revisar el proceso de privatización de los servicios sanitarios urbanos en Chile y evaluar los resultados actuales de la gestión por parte de las empresas concesionarias, es que se presenta la publicación “Servicios Sanitarios Urbanos en Chile. Revisión crítica de su gestión privatizada a partir de la crisis sanitaria de Osorno”, el cual toma como punto de partida los cortes de suministros de agua potable y alcantarillado que, entre los días 11 a 21 de junio de 2019, afectó a más de 140.000 habitantes de la ciudad de Osorno motivando el inicio de un proceso sancionatorio administrativo en contra de la empresa concesionaria ESSAL S.A., filial de Aguas Andinas y controlado por el Grupo Suez, de capitales franceses.
En la publicación se plantea que la falta de una regulación que proteja y priorice el uso del agua para consumo y funciones básicas, los constantes casos de incumplimiento de las empresas sanitarias y la incertidumbre y presión sobre la disponibilidad de agua asociada al cambio climático y sus múltiples usos, hace necesaria una discusión y eventual re-enfoque del actual modelo de gestión. La eventual instancia constitucional que esperemos de materialice, constituye una oportunidad propicia para plantear este debate, a partir de, por ejemplo, un reconocimiento expreso del derecho humano al agua como derecho constitucionalmente garantizado y el otorgamiento al Estado de un rol activo en cuanto a su promoción y protección.
Existen diversas alternativas para transformar el actual sistema de gestión de servicios de agua potable urbano que deben ser analizados y debatidos, pero la experiencia expuesta indica que, sea cual sea la solución que finalmente se prefiera, ésta debe partir desde la concepción del agua como un bien común y su acceso como derecho humano básico, mayor transparencia, participación ciudadana y una re-definición del rol del Estado en relación a la prestación de estos servicios públicos. Este cuestionamiento toma mayor sentido en el marco de la pandemia actual, donde se ha evidenciado que, en momentos de crisis, las lógicas basadas en el mercado, privatización y co modificación de la naturaleza y servicios básicos suelen ser incapaces de entregar una respuesta satisfactoria a los requerimientos de acción en ayuda de la población. Ante ello, los Estados han debido intervenir directamente asumiendo la dirección y control de la gestión de la crisis, aun cuando no siempre de la mejor manera, como se ha empeñado en demostrar el actual gobierno.
Actualmente, las prioridades de la clase política chilena parecen estar lejos de querer aprovechar la disyuntiva para reflexionar o re-pensar el modelo de desarrollo imperante y la manera en que nos relacionamos como sociedad y con el medio ambiente. Contrariamente, no han dejado pasar la oportunidad para incluir nuevos subterfugios pro inversión y empresa como ha quedado demostrado con ocasión del acuerdo económico suscrito el 14 de junio de 2020 que contempla la reducción de plazos y procedimientos regulatorios y de evaluación ambiental de nuevos proyectos y aceleración de proyectos de concesión y licitaciones. De manera adicional, el día lunes se conoció la solicitud del Grupo Suez de suspender y anular el procedimiento sancionatorio administrativo en que se discute la caducidad de la concesión de ESSAL S.A., aludiendo que el actuar de los organismos reguladores “pone en duda la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en Chile” y planteando someter la controversia a un arbitraje internacional ante el Banco Mundial (CIADI)[1].
Así, en estos momentos de profunda tensión, vale la pena preguntarnos si podemos seguir actuando pasivamente como meros testigos y destinatarios de las decisiones de los grupos que han gestionado y mantenido el status quo, o bien comenzar a trabajar mancomunadamente en la reflexión, estructuración y posicionamiento de estrategias y alianzas conducentes a sustentar alternativas referidas al amplio espectro de problemáticas socio ambientales, dentro de las cuales estimamos los servicios de agua potable y saneamiento urbanos constituyen una relevante expresión.
Fuente: radiouchile.cl