Desde agosto del año pasado que se discute en el Congreso el proyecto de ley que reforma el sistema de transmisión (boletín 10240-08). Es un proyecto complejo y bastante técnico, cuyo estudio requiere de tiempo y preparación.
Existen distintas visiones sobre cómo debiese ser la transmisión en Chile. Por ejemplo, si debiese ser un sistema basado en una concepción a gran escala y “troncal” de la transmisión de electricidad, o si debiese ser uno basado en la generación distribuida. O si el marco regulatorio existente debiese ser mantenido (y así las altas rentabilidades del sector privado, muchas veces a costa de los consumidores y/o de subsidios del Estado), o si este marco debiese ser reformulado, cuestionando, por ejemplo, la titularidad de los sistemas de transmisión (quién es dueño de este segmento). Preguntas sobre quién paga, quién es dueño y cuánto renta.
También está la discusión sobre el ordenamiento territorial y sobre el rol del Estado y del ministerio de Energía en el nuevo instrumento creado por el proyecto de ley: los polos de desarrollo. Estos polos, como están planteados actualmente, arriesgan transformarse en zonas de sacrificio energético. Nada asegura que realmente terminen fomentando las energías renovables no convencionales y el Ejecutivo se rehúsa a someter su definición a evaluación ambiental estratégica. Esto es fundamental si se quiere incluir la mirada regional en su definición, y que esta no quede al arbitrio de una visión centralizada y sectorial del territorio.
Los anteriores son algunos aspectos que generan discusión y requieren debate. Sin embargo, desde agosto del año pasado que el ministerio de Energía y su ministro, Máximo Pacheco, se han empeñado en señalar, primero a diputados y ahora a senadores, que este proyecto debe ser aprobado rápidamente, con muchísima urgencia. En la Cámara de Diputados se intentó aprobar en pocas semanas. Sin embargo, y a pesar de todo el apuro, un grupo de diputados – Lautaro Carmona (PC), Daniella Cicardini (PS), Luis Lemus (PS), Yasna Provoste (DC) y Gabriel Silber (DC) – decidió estudiarlo y discutirlo más extensamente. El proyecto fue despachado en cinco meses. Ahora, en el Senado, el ministro de Energía, argumentando que su cartera necesita una fecha exacta para entregar a los inversionistas en la licitación de electricidad que fue pospuesta, les pidió a los senadores un plazo definido para la tramitación.
El problema es que este constante apuro no permite un verdadero ni democrático debate del proyecto de ley. No da espacio para que los parlamentarios se familiaricen con el proyecto, lo estudien y tengan las discusiones que vayan surgiendo. Siendo nuestro régimen político uno presidencialista, esta forma de concebir la labor legislativa le da todavía más peso al Ejecutivo, cerrando la puerta a un debate legislativo amplio, informado y democrático.
Las audiencias públicas en el Senado ya se han transformado en un problema en términos de quiénes son escuchados, por cuánto tiempo y en qué contexto. Ante el apuro, la Comisión de Minería y Energía citó para el miércoles 16 de marzo a más de 13 organizaciones a presentar su visión sobre el proyecto de ley. Naturalmente, era imposible que aunque las organizaciones se hubieran restringido a los 10 minutos que les concedieron todas lograran presentar. Además, y con contadas excepciones, los invitados eran en su mayoría representantes del sector eléctrico, con casi nula participación de la ciudadanía y las comunidades, que serán los principales afectados por la legislación que se discute. Finalmente, los mismos senadores terminaron flexibilizando el requisito del tiempo y las exposiciones se extendieron por 20 minutos. Lamentablemente, la sesión terminó siendo maratónica y no hubo espacio para preguntas ni debate.
Hay mucho en juego. Partiendo por definiciones clave para los territorios y las comunidades donde se instalarán proyectos de generación y transmisión. Y más allá del proyecto de ley en sí mismo, el ejercicio democrático y la forma en que los proyectos se discuten y aprueban también están en juego. Es por ello que es fundamental que los parlamentarios no se dejen apurar y exijan y ejerzan su derecho a tramitar libremente y sin presiones los proyectos que el gobierno les presenta.
FUENTE: http://www.ojoconelparlamento.cl/