La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que entre 2015 y 2050 la población con más de 60 años de edad pasará desde los 900 millones hasta 2.000 millones, lo que implica un aumento desde el 12% hasta el 22% de la población global. Esta transición le tomó a Francia 150 años, pero para los países emergentes duraría poco más de 20. Considerando que los mayores de 60 años gastan entre 8 y 10 veces más en salud que los jóvenes menores de 20, la contención de este ítem dentro del gasto público es un tema fiscal de máxima relevancia.
En el caso de Chile, el gasto total en salud como porcentaje del PIB alcanza un 8,8% (55% público y 45% privado). Si bien ha venido aumentando, todavía se ubica por debajo del promedio de países de la OCDE (9,3%). En este contexto, nuestro país mantiene un déficit en indicadores como número de camas o médicos por habitante, lo que describe la necesidad de continuar aumentando la infraestructura prestadora. Sin embargo, durante los últimos 10 años el total de camas disponibles ha retrocedido en 4,7%, teniendo como principal responsable al sistema público con una reducción de 11% en su dotación, que ha sido en parte compensada por el fuerte aumento de 33% que han mostrado las clínicas privadas.
En medio de este panorama y a pocos días de cumplir 35 años de historia, el sistema de Isapres (responsable del aseguramiento obligatorio para el 15% del país) enfrenta hoy su mayor crisis. En efecto, los 133.500 recursos de protección presentados el año pasado por los afiliados, para evitar alzas en el precio de sus planes, le significaron a la industria gastar $22.000 millones, lo que representa más del 50% de sus utilidades anuales. Por otro lado, una expansión de más de 11% en los costos de prestaciones y de 15% en el gasto en licencias presionaron adicionalmente sus resultados financieros; con lo que el margen de utilidad del sistema alcanzó un 1,6% y la rentabilidad sobre patrimonio un 10,2%, sus peores números desde 1999.
Hacia delante se requiere con urgencia una reforma, ya que en la medida de que los recursos de protección continúen impidiendo el alza en los planes, el sistema perdería su capacidad de autofinanciarse. Si bien la rebaja de las costas por recurso que implementaron las Cortes de Apelaciones de Santiago y Antofagasta ayudaría a contener el gasto en el corto plazo, el problema de fondo continuará.
El aumento en el costo de la salud es un fenómeno global. En 1990 las Isapres entregaban beneficios por 9 prestaciones médicas al año por afiliado y hoy son más de 20. Adicionalmente, las nuevas tecnologías de salud han permitido mejorar la resolución de patologías, pero han aumentado fuertemente el costo. Y por último, el número de licencias médicas va en fuerte alza, y esta es una variable que guarda relación con el crecimiento de los salarios. Si queremos que el sistema privado continúe existiendo y sea capaz de financiarse por sus propios medios, la situación actual debe regularizarse con la mayor urgencia.
Por otro lado, Fonasa difícilmente es capaz de soportar los requerimientos de salud del 80% de la población del país, realidad que se hace evidente al revisar las listas de espera en el sector público, que en un tercio de los casos alcanzan más de 6 meses. En este contexto, una crisis terminal para el sistema de Isapres traería consigo un empeoramiento de las condiciones para afiliados del sector público y privado.
Más allá de si la situación actual ha sido generada por las irregularidades del sistema privado y/o por abusos cometidos en el pasado, nuestro sistema de salud enfrenta una compleja crisis. Es indispensable hacerse cargo del problema mediante una reforma, antes de que dañe las condiciones de salud de todos los chilenos.
Juan José Ayestarán Navarro
Jefe de Estudios
Departamento de Estudios
Inversiones Security
FUENTE: EL MOSTRADOR