EMPRESAS B Y EL PROYECTO QUE BUSCA POTENCIARLAS


La medida N° 42 de la Agenda de Productividad del gobierno busca crear un marco jurídico para este tipo de firmas.


En el último tiempo, un nuevo concepto ha comenzado a tomar fuerza en la mente de empresarios y emprendedores: las Empresas B. Un tipo de compañía que busca redefinir la forma de hacer negocios, combinando el lucro con la solución de problemas sociales y ambientales.
En Chile, el movimiento de origen norteamericano tiene como representante local a la organización sin fines de lucro “Sistemas B”, la cual es la encargada de certificar a las empresas locales que repliquen este concepto. A nivel país, ya son más de 80 las empresas que se presentan como este tipo de firmas.

Es por esta masificación del concepto que en 2014, en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, la Presidenta Michelle Bachelet incorporó la medida N° 42, que busca crear un marco jurídico de Empresas B, que tiene por finalidad establecer de manera clara los derechos y obligaciones de este tipo de firmas.

Esta iniciativa surgió por la necesidad de crear un marco jurídico nacional que regule a las  empresas que declaran tener un propósito social o ambiental específico. “Cuando una empresa declara tener un propósito de cuidado social o ambiental, merece ser tratada y resguardada, porque es algo que hoy la sociedad demanda. Esto implica generar institucionalidad y orientar recursos para ello”, sostiene Natalia Piergentili, subsecretaria de Economía.

Según explican desde el ministerio, la relevancia de crear un marco jurídico implica aunar los criterios para definir a este tipo de firmas. La idea es que haya parámetros comunes para identificar cuando una empresa remite tanto a un propósito social o ambiental, como a la generación de riqueza, y en esa medida puede llamarse empresa social.

Proyecto de ley

Juan Pablo Larenas, director de “Sistemas B”, ha participado activamente en el diseño de la nueva normativa. Según cuenta, este marco jurídico traería consigo una serie de beneficios a este tipo de firmas. “En beneficios, por ejemplo, contemplará financiamiento específico de diferentes reparticiones del gobierno para las empresas de este tipo, habrá posiblemente algunos temas de exención tributaria, fondos de capacitación, fondos de difusión, entre otras cosas. Además, resguardará el propósito de las Empresas B”, cuenta.

Esto último, explica Larenas, aseguraría que si una firma cambia de administración o de propietarios, continuaría funcionando bajo los principios de una empresa B. “Ese es uno de los puntos más relevantes del proyecto. La empresa podrá mantener de manera inalterable el propósito bajo la cual fue fundada, a pesar de las futuras transacciones y cambios de propiedad. Si la firma llegase a cambiar de inversionistas o cambia de administración, los propósitos iniciales no se pueden cambiar”, explica.

Respecto del avance que ha presentado el desarrollo de la nueva normativa, en el Ministerio de Economía se encuentran elaborando un borrador del Proyecto de Ley de Fomento de la Economía Social y las Empresas Sociales, “que esperamos trabajar con parlamentarios que manifestaron interés en la iniciativa. Actualmente, lo lidera la División de Asociatividad y Economía Social de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño”, explican en el gobierno. Además,  plantean que el proyecto debería ser presentado “dentro del segundo semestre de 2016 o primer semestre de 2017”.

La nueva normativa, además, podría contemplar la creación de un registro de empresas sociales. “Podríamos tener un registro, permitiendo tener una base de datos que podríamos visualizar en el acceso a instrumentos de fomento, lo que nos permite realizar adecuadamente todas las funciones que se definan en la legislación: desde el acceso a instrumentos de fomento, hasta la supervisión y fiscalización que la ley determine”, explican desde Economía.

FUENTE: LA TERCERA/Carolina León