Así lo ha explicado el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, tras la presentación este miércoles en el Consejo de Gobierno del documento con el que se inicia la tramitación de la modificación de la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León que llegará a las Cortes en forma de Proyecto de Ley previsiblemente en el mes de septiembre.
Entre las principales novedades de la modificación de la Ley de Cooperativas, que ha cumplido ya los 15 años de vida, destaca la ampliación de 2.000 a 3.000 euros del capital social mínimo general y la la reducción de tres a dos del número mínimo de socios trabajadores en las cooperativas de trabajo con el objetivo de adaptarlos a la realidad de estas sociedades cooperativas.
«Entendemos que con dos es suficiente para impulsar o para mantener una cooperativa», ha considerado Fernández Carriedo, para quien con esta modificación se podrán resolver algunos problemas que se están dando en la actualidad en cooperativas formadas ahora por tres personas de las que quiere salir un miembro.
Otras de las novedades es la simplificación de los trámites con la puesta en marcha de la legalización electrónica de los libros obligatorios y su presentación de las cuentas anuales a través de redes de comunicación de modo que se eliminará la perforación de los libros para ser entregados y sobre ellos inscribir cuentas y anotaciones.
En cuanto a los órganos de gobierno y gestión de las sociedades cooperativas, se modifican parcialmente las competencias en aspectos financieros de la Asamblea General de modo que el Consejo Rector adquiere nuevas facultades para incrementar la agilidad y la capacidad ejecutiva en su funcionamiento y en la toma de decisiones.
También se modifican algunos aspectos que regulan los supuestos y los plazos para evitar la descapitalización de la sociedad desde el reconocimiento de que la actual norma piensa más en el futuro del socio saliente que en posible quebranto a las arcas de la cooperativa que ahora tendrá diez años y no cinco para devolver la aportación del socio saliente sin menoscabar tampoco al socio, ha defendido el consejero.
Otro de los cambios es que se establece la posibilidad de las cooperativas integrales que aglutinen en varios tipos de cooperativas de trabajo, agrícolas, de explotación comunitaria de la tierra, entre otras; se incluye una nueva figura de socio de servicios y se adapta el texto de las cooperativas agrarias a las agroalimentarias. En cuanto a la disolución, liquidación y extinción de las sociedades cooperativas se establece un procedimiento abreviado para que en una sola escritura la Asamblea General pueda acordarlo.
«Esto supone mayor facilidad y abaratamiento de costes para extinguir cooperativas que llevan varios años sin actividad», ha explicado Fernández Carriedo quien ha informado de que se adaptará el texto a la nueva normativa en vigor sobre procedimiento administrativo, sociedades de capital y procedimiento concursal.
Tras insistir en que este es un buen momento para invertir en Castilla y León, el titular de la cartera de Empleo ha destacado las posibilidades que ofrece la fórmula jurídica de la cooperativa como «una alternativa posible» en el actual contexto económico al alza con «ventajas» como una mayor implicación de los trabajadores.
Según sus datos, en Castilla y León hay registradas 2.092 cooperativas de las cuales 570 son agrarias, 629 de trabajo, 234 de vivienda, 36 de segundo grado, aquellas constituidas por al menos otras dos cooperativas del mismo objeto, 30 de Servicios, 20 de transporte, 16 de consumidores y usuarios, 8 de enseñanza y una de crédito y cuentan aproximadamente con 8.800 trabajadores.
Tras la presentación de este documento, se inicia ahora el proceso de participación de la ciudadanía de la Comunidad a través de la publicación en Gobierno Abierto del texto para recoger las aportaciones que se trasladen desde la sociedad de Castilla y León al que seguirán los informes del Consejo Regional de Cooperativas, del CES y del Consejo Consultivo.
Fuente: 20minutos.es