Organizaciones ambientalistas, políticos y empresarios abogan por un cambio en la legislación que hoy regula las donaciones en Chile. El objetivo es incluir la conservación del medioambiente como un objetivo de la filantropía reconocido por la ley.
Hasta ahora, el tema que ha copado el debate local en la antesala de la COP 25 ha sido la descarbonización. Diversos actores se han pronunciado en torno a la necesidad de reducir las emisiones de carbono del país, e incluso el Gobierno presentó un cronograma que busca acabar con las centrales termoeléctricas a carbón de aquí a 2040.
Sin embargo, otro tema preocupa a actores de diversos ámbitos: el escaso financiamiento que existe para la conservación de áreas silvestres protegidas. Según un estudio publicado en 2013 por investigadores norteamericanos, canadienses y británicos, Chile es el noveno país más desfinanciado para la conservación de la biodiversidad. Hoy Chile aporta apenas 2 dólares por hectárea al año para conservación, mientras que según las estimaciones de expertos, esa cifra debiera alcanzar los 6 dólares por hectáreas.
En la práctica, esto se traduce en la falta de planes de manejo, déficit de un 75% de guardaparques a nivel nacional y escasez de recursos para hacer un control efectivo de los territorios protegidos.
Falta de incentivos
En la actualidad, ni la Ley Valdés de Donaciones Culturales, ni la Ley de Donaciones Sociales ni la Ley de Rentas Municipales incluye a la protección del medioambiente entre sus objetos de donación. En términos concretos, esto significa que si una empresa donan dinero para apoyar una iniciativa destinada a la conservación de la biodiversidad o el medioambiente, esta donación será declarada como gasto rechazado por el Servicio de Impuestos Internos, lo cual implica que se le considera como si fuera un retiro de utilidades y se le aplica un impuesto de un 40%.
Por otro lado, los family office y las sociedades de inversión familiares no están habilitadas por la ley para hacer donaciones para este u otros temas.
“Para el patrimonio natural que es quizás el que hace que Chile brille más en el mundo, hoy al menos no tenemos ningún tipo de incentivos solo castigos”, observa Eugenio Rengifo, director ejecutivo de la Fundación Amigos de los Parques de la Patagonia.
Frente a este escenario, durante los últimos meses han surgido diversas voces abogando por la implementación de una ley de filantropía ambiental. De hecho, hace algunos meses se constituyó la Mesa de Filantropía Ambiental, cuyo objetivo es impulsar modificaciones legales que permitan las donaciones con fines ambientales. “Lo más importante es que Chile necesita remover los obstáculos para la filantropía ambiental y pasar a políticas de incentivos y fomento”, explica Macarena Soler, abogada y fundadora de Geute Conservación Sur, una de las instituciones que forman parte de la mesa. En esta instancia también participan la Corporación Amigos de los Parques de la Patagonia, Fundación Punta de Lobos, Fundación Mar Adentro y la abogada y consultora tributaria Francisca Pérez.
Apoyo transversal
La bandera de la filantropía ambiental no solo ha sido levantada por organizaciones ambientalistas o dedicadas a la conservación, sino que también ha recibido el apoyo de expertos y empresarios.
En octubre de 2018, Leonidas Montes, presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP), planteaba la siguiente pregunta en una columna de opinión publicada por La Tercera: “¿Es demasiado osado pensar que algún parlamentario con visión de largo plazo promueva una nueva Ley Tompkins que al menos no impida apoyar vía donaciones el gran legado conservacionista?”.
Desde el mundo político, en marzo pasado, el diputado Sebastián Torrealba (RN), con el apoyo de diputados de todos los sectores, presentó un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que extienda las franquicias tributarias a las donaciones a organizaciones que tengan por objetivo el cuidado del medioambiente. A mediados de junio, un texto similar fue ingresado a la Cámara Alta.
Por otro lado, y de forma más amplia, la OCDE y la CEPAL han recomendado a Chile “hallar maneras novedosas de aumentar los ingresos y apalancar las inversiones del sector privado”, con el objetivo de aumentar el financiamiento para la conservación de la biodiversidad biológica.
Pese a esto, desde el mundo de las organizaciones ambientalistas reconocen que es tema no está entre las prioridades del mundo político, por lo que podrían pasar hasta tres gobiernos antes de que una ley de filantropía ambiental pudiera ver la luz.
En ese escenario, la alternativa sería aprovechar los instrumentos ya existentes. “La Ley Valdés puede ser una salida, con todo lo que implica tocar esta ley. A grandes rasgos, la modificación sería incluir dentro de los objetos de donación que contempla esta ley las actividades vinculadas con el cuidado del medioambiente”, explica la abogada Francisca Pérez. Esto implicaría incluir como donatarios en esta ley a las organizaciones de interés público que trabajan en medio ambiente y son reconocidas por la Ley 20.500.
Esto también implicaría modificar la Ley de Donaciones Sociales. Según plantea Pérez, “de alguna forma la Ley Valdés apunta al donante, mientras que la Ley de Donaciones Sociales apunta al donatario chico, a la ONG que cuida a la ranita de Darwin, que se dedique a hacer trabajo de crisis en zonas de sacrificio y todo ese trabajo de campo”.
Inversión de futuro
Las áreas silvestres ofrecen muchos beneficios al ser humano: purificación y abastecimiento de aguas, regulación de las temperaturas, control biológico y reducción de la erosión, entre otros. Muchos de estos beneficios pasan inadvertidos para las personas y la economía formal no los cuantifica. Pese a eso, en 2016 el académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Eugenio Figueroa, cuantificó en 1.998 millones dólares al año el aporte a la economía de las áreas protegidas a través de sus servicios ecosistémicos.
“Un estudio de 2018 en Brasil mostró que por cada dólar que el Estado invierte en un área protegida, el parque genera siete dólares para la economía del país, es decir, tiene un efecto multiplicador. Por eso, tenemos que ver esto como una inversión país, no como un gasto suntuario por algo exótico”, afirma Rengifo.
En la misma línea, la abogada Francisca Pérez plantea que “hoy el medioambiente está en un nivel de crisis en que el Estado no se la va a poder solo. Necesitamos a la sociedad civil en este tema y no estamos en condiciones de regodearnos frente a las donaciones de privados”.
Un avance en esta línea es el acuerdo firmado entre el Gobierno de Chile y organismos internacionales como Tompkins Conservation y The Pew Charitable Trust para crear un mecanismos de financiamiento permanente para la ruta de los parques de la Patagonia, que incluye a 17 áreas protegidas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
A través de este fondo, se busca recaudar recursos no solo a nivel internacional, sino también dentro de Chile. “Es sumamente importante para la protección del patrimonio natural chileno que haya un cambio de cultura, y que los mismos chilenos nos involucremos con la protección de los parques nacionales. En este sentido, vamos a hacer todas las gestiones para que esta oportunidad se concrete y podamos contar con donaciones nacionales”, afirma Carolina Morgado, directora ejecutiva de Tompkins Conservation Chile.
Fuente: latercera.com