INCLUSION Y BOSQUE NATIVO, LAS TAREAS DE LOS PROXIMOS 20 AÑOS.

Tras un año de reuniones y con la participación de más de 200 personas procedentes de todas las áreas involucradas, se consensuaron las metas y objetivos para el sector. Se plantea reforestar y recuperar cerca de un millón de hectáreas con especies nativas y que se impulsará la asociatividad de los productores pequeños para apoyarlos en conocimientos y capacidades.

Los recursos forestales en Chile cubren cerca de 17 millones de hectáreas (20% de la superficie del país), de ellas casi 14 millones de hectáreas corresponden a bosque nativo y aproximadamente tres millones a plantaciones forestales con especies de rápido crecimiento (mayoritariamente pino radiata y eucaliptos).

Eso hace de Chile un país forestal, en donde sus distintos productos significaron en el 2015 exportaciones por US$ 5.439,1 millones, y se transforma en la segunda fuente de ingresos del país.

Todo ello sin considerar las funciones ambientales, como la mantención de los suelos y la captura de hasta 20% de las emisiones de carbono del país. Además, el rubro tiene una capacidad de generación eléctrica de 940 MW carbono neutral.

En el sector forestal conviven grandes empresas, con pequeños productores, muchos de ellos de origen indígena; bosques plantados con fines productivos -que crecieron al alero del DL 701, de fomento de las plantaciones-, con los nativos que cuentan con una legislación específica, además de la ambiental, que busca protegerlos. Sin embargo, hasta ahora, no existía un paraguas -o una política- bajo la cual se encarará el futuro del rubro.

Fue lo que motivó a que en enero de 2015 se creara, por iniciativa del ministro Carlos Furche, un Consejo de Política Forestal, integrado por representantes de todos los eslabones de la cadena.

La iniciativa partía en un momento complejo, donde imperaban las desconfianzas.

«Fue el trabajo de todos los actores presentes, cerca de 200 personas, que llevó a un plan de acción o de generación de proyecto muy intenso. En el plazo de un año hemos generado un espacio de confianza y de respeto para avanzar y concretar una política forestal para un período largo, y que cubre los principales temas que preocupan a cada uno de los actores», señala Aarón Cavieres, director ejecutivo de Conaf y quien preside el Consejo.

En el camino se fueron limando asperezas y conciliando posiciones.

«Los lineamientos presentados en el documento final, agrupados en cinco ejes estratégicos, dan cuenta de guías sólidas para estructurar políticas públicas en un horizonte de 25 años. Especialmente positivo fue el trabajo en materia de inclusión, buscando abrir perspectivas a los sectores más postergados, como pymes madereras y forestales y comunidades rurales», dice Fernando Raga, presidente de la Corporación de la Madera (Corma), entidad que agrupa a las empresas forestales.

También se considera importante como avance en cuanto apoyo para mejorar la productividad de los pequeños productores.

«Contamos con un desarrollo productivo maduro a nivel de grandes empresas, pero queda mucho por avanzar en actores y realidades asociadas a las pequeñas empresas, a los pequeños propietarios y las temáticas de conservación de los recursos forestales. Por lo mismo, la política forestal para los próximos veinte años busca mejorar la inclusión de estos actores en el desarrollo forestal, logrando un sector más equilibrado, donde todos se vean reflejados y puedan participar», añade Roberto Cornejo, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales.

Efectivamente, una de las características del sector forestal chileno es que existen grandes empresas altamente innovadoras vinculadas a los mercados internacionales -Arauco, CMPC y Masisa- y en el otro polo, hay una gran cantidad de actores de baja capacidad productiva, tecnológica y de gestión.

«Ahí tenemos un desafío grande… Las empresas grandes tienen gran capacidad productiva y de tecnologización, son líderes globales. Es un sector que se caracteriza por su relevancia ambiental… La sociedad estima que, por la extensión de los bosques, la preocupación ambiental es claramente mayor, por eso es que tenemos toda una parte dirigida a que estos procesos que hoy día se dan, se fortalezcan: conservación de biodiversidad, aguas, suelos», plantea Cavieres.

Ello genera conflictos entre actores, que es parte de lo que busca solucionar esta política: generar el acercamiento, con un cambio en la política sectorial y con la inclusión de actores más pequeños, tanto campesinos como indígenas, que si bien en conjunto son dueños de importantes superficies, en forma individual no cuentan con capacidades productivas ni de gestión para hacer un uso rentable de esas superficies.

Si bien en los últimos 20 años se ha venido intentando sumar a los pequeños propietarios forestales a la cadena silvícola, tratando que incorporen valor agregado a sus productos, como una forma de darle alternativas de ingreso y para de esa forma proteger de mejor manera los bosques. Sin embargo, el esfuerzo no rindió todos los frutos esperados, especialmente por un tema de escalas.

De ahí que se busque incentivar un modelo asociativo siguiendo los europeos como el de Finlandia, en el que los pequeños producen en forma asociativa casi la mitad del volumen que procesa la industria. Así, el objetivo es que trabajen con el apoyo técnico para contar así con un volumen de plantaciones de buena calidad, de alto rendimiento y que luego vendan en conjunto, de manera agregada, para tener mejores condiciones de negociación.

Otro tema considerado es el de la inclusión de las comunidades mapuches, que son dueños de importantes superficies de bosques, y, dependiendo de las especies, tienen un vínculo cultural con ellas, lo cual se intentó incluir en la nueva política, en la que se establecen principios y derechos que se tienen que otorgar a los pueblos indígenas, especialmente a los mapuches .

Al respecto, Marcial Colin, consejero electo de la Corporación Nacional Indígena, Conadi, asegura que este es un primer paso que armoniza la realidad social y política con la jurídica. «Eso es un avance tremendo», dice. «Cuando hablamos de territorio hay que sentarse a conversar cómo se desarrollan los territorios privados y ello parte por reconocer tierras ancestrales; las forestales no pueden cerrarse, porque el mecanismo es dialogar para llegar a soluciones», enfatiza.

Reforestando el bosque nativo

«Dentro de los bosques templados, Chile tiene uno de los bosques más productivos del mundo y con muy buena calidad de madera, de crecimiento rápido y con un enorme potencial productivo. Buena parte de lo que se usó en Chile hasta los años 60 como madera, provenía del bosque nativo. Se trata de un bosque que puede ser manejado a nivel productivo, sustentablemente y a elevadas tasas de crecimiento», explica Cavieres.

Para ello, se pretende plantar 500 mil hectáreas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, de pequeños y medianos propietarios o que son de propiedad fiscal.

Además, se busca incorporar al manejo forestal sustentable con fines de producción de bienes de alto valor, a un millón de hectáreas de bosque nativo (hoy son solo 100 mil) e incorporar otras 500 mil hectáreas de terrenos de áreas prioritarias que actualmente están con problemas ambientales como erosión, pérdida de cubierta vegetal y disminución de la calidad y cantidad de las aguas, a procesos de restauración utilizando preferentemente especies nativas.

Flavia Liberona, directora de la ONG Terram, quien también fue parte del Consejo, agrega que la conservación de la vegetación nativa, no contempla solo árboles, sino también especies vegetales que están resguardadas por Conaf y que tienen que ver con especies xerofíticas, las de la zona central al norte, que resisten climas más secos.

El ausente Servicio Forestal

La política forestal elaborada por el Consejo recoge la mirada de todos los actores involucrados. Sin embargo, ellos mismos aseguran que sin el establecimiento de un Servicio Forestal o, mejor aún, de una subsecretaría Forestal, los puntos abordados serán más difíciles de cumplir, pues la Conaf es una corporación de derecho privado y recibe aportes del Estado que no son suficientes para la creciente cantidad de funciones.

El Colegio de Ingenieros Forestales, al igual que la casi totalidad de los miembros no dependientes de servicios públicos del Consejo, apoyó la creación de una subsecretaría Forestal.

Sin embargo, existieron acuerdos para no insistir en una propuesta explícita por ser un tema que no se encuentra resuelto al interior del gobierno.

«Si nuestro sector no es atendido, el esfuerzo que el Consejo de Política Forestal ha realizado, en lograr el documento que recientemente se ha entregado al Ministro de Agricultura, puede resultar letra muerta, al no contar con los adecuados instrumentos legales que permitan avanzar en estos desafíos», enfatiza Roberto Cornejo.

Flavia Liberona agrega que, por una resolución del Tribunal Constitucional, la Conaf no puede administrar nuevas leyes, por lo que se hace imprescindible al menos un Servicio Forestal y ya los actores se han movilizado entregándole una carta con la petición firmada a la Presidenta Bachelet y al ministro de Agricultura.

Carmen Luz de la Maza, decana de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile puntualiza: «La tarea está por empezar y esperamos que los principales logros se puedan concretar con la guía y directrices que otorga este documento; que por primera vez en el país contamos con una política forestal oficializada y consensuada entre diversos actores o partes interesadas en el desarrollo sustentable del mundo forestal, es un logro inicial, pero los desafíos que involucra los podremos enfrentar con el apoyo de esta política en los próximos 20 años».