La Unión Europea y el Comercio Justo: ¿qué rol para los productores?

 

Por Marco Coscione, Facilitador de Incidencia en CLAC e Investigador Social Independiente”

Han pasado muchos años desde 1991, cuando el Parlamento Europeo (PE) aprobó la “Resolución sobre el consumo de café como actividad de apoyo a los pequeños productores de café en al Tercer Mundo y la introducción de este café en el seno de las instituciones comunitarias”, con el cual se presentaba la exitosa experiencia holandesa del café Max Havelaar, primer antecedente de la certificación Fairtrade. Con esta resolución, el PE decidió, «siguiendo el modelo del Parlamento Neerlandés, utilizar a partir del 1 de enero de 1992 exclusivamente café de marca de calidad controlada Max Havelaar en sus dependencias y hace un llamamiento a las demás instituciones de la Comunidad para que adopten la misma decisión».

Ese fue el primer paso de muchos otros que las instituciones de la Unión Europea (UE) tomarían en respuesta al trabajo de incidencia desarrollado por el movimiento en su conjunto y a los reclamos de los ciudadanos/consumidores por patrones de producción y consumo más justos y sostenibles. De 1996 fue el dictamen del Comité Económico y Social sobre el “Movimiento en favor de una marca de Fair Trade europea” (CES 538/96/24.4.96) y la recomendación de crear una línea presupuestaria propia para promover la actividad de las organizaciones de certificación. De 1999 la “Comunicación de la Comisión al Consejo relativa al «comercio justo»”, donde se reconoce que «con el comercio justo los productores de los países en desarrollo pueden obtener mayores ingresos por sus productos y tienen más posibilidades de encontrar nuevos mercados. De esta forma, el comercio justo se propone crear condiciones que puedan sustentar una mayor protección social y medioambiental en los países en desarrollo».

En la resolución “Comercio justo y el desarrollo” (2006), el PE pidió un amplio apoyo al concepto de comercio justo, así como su incorporación en todas las políticas de la UE. Sin embargo, en su comunicación del 5 de mayo de 2009, “Contribución al desarrollo sostenible: el papel del comercio justo y de los sistemas no gubernamentales de garantía de la sostenibilidad comercial”, la Comisión Europea (CE) adoptó un enfoque más laxo, considerando el comercio justo como un mero “sello sostenible”.

Con respecto a la función de las autoridades locales y regionales, el Comité de las Regiones subrayó el papel de las entidades locales y regionales como «importantes actores en una política de comercio justo» en su dictamen en respuesta a la comunicación de la Comisión de 2009.  El Comité insistió en la necesidad de una «estrategia europea de comercio justo» para las autoridades locales y regionales, demanda que, lamentablemente, no fue acogida la Comisión Europea.

En la comunicación “Comercio, crecimiento y desarrollo: Una política de comercio e inversión a medida para los países más necesitados” (2012), la CE reconoció que el comercio justo puede, entre otras cosas, constituir un método eficaz para «impulsar el crecimiento sostenible e integrador»; en este sentido, la CE invita  «a los países socios a fomentar el comercio justo y ético» y a «facilitar […] las opciones de compra de comercio justo y ético por parte de las autoridades públicas en Europa, en el contexto de la próxima revisión de las directivas de contratación pública». Pese a reconocer el valor añadido del comercio justo, la comunicación no previó acciones coordinadas para promover el comercio justo.

El 26 de febrero de 2014, se aprobaron las nuevas normas de contratación pública de la Unión Europea con la “Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE”; esta directiva incluye explícita referencia al comercio justo:

«De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aquí deben incluirse también los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de un contrato que se refieran al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato que vaya a ser adjudicado. Los criterios y condiciones relativos al comercio y sus condiciones pueden referirse, por ejemplo, al hecho de que el producto de que se trate procede del comercio justo, incluyendo el requisito de pagar un precio mínimo y una prima a los productores» (párrafo 97).


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La euro-parlamentaria Linda McAvan fue una de las cofundadoras del grupo de trabajo sobre comercio justo del Parlamento Europeo. Es una de los representantes europeos más activos en apoyo del comercio justo y las compras públicas éticas y responsables.

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Andris Piebalgs, Comisario de Desarrollo de la Unión Europea durante el periodo 2010-2014, ha apoyado activamente la campaña “Fair Trade Beyond 2015”, comercio justo después del año 2015, cuando empezó la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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Más recientemente, en la estrategia “Comercio para todos” de la CE (2015), se proponen algunas acciones concretas para promover el comercio justo: a) aprovechar los acuerdos de libre comercio para promover el comercio justo y otros esquemas sostenibles así como el orgánico; b) incluir más sistemáticamente el comercio justo y ético en las estrategias de cooperación y sus proyectos; c) promover las prácticas de comercio justo y ético a través de las Delegaciones de la UE; d) apoyar foros internacionales, como el “International Trade Centre”, para recolectar datos de mercado sobre comercio justo y ético; e) desarrollar actividades de sensibilización en los países miembros, especialmente con las autoridades locales, promoviendo el premio europeo para las mejores ciudades por el comercio justo y ético.

Finalmente, en el “Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo” (junio de 2017), que representa la nueva visión colectiva y plan de acción europeo para conseguir un desarrollo sostenible, también se hacen dos referencias al comercio justo:

«La UE y sus Estados miembros trabajarán con el sector privado, incluidas las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para promover enfoques responsables, sostenibles y eficaces, incluso mediante el diálogo social. Una mayor adopción de modelos y prácticas empresariales responsables e inclusivos por una gama más amplia de empresas de la UE con cadenas de suministro en los países en desarrollo, en estrecha colaboración con sus agentes públicos y privados, promoviendo un comercio justo, transparente y ético, incluso con los pequeños productores de los países en desarrollo, puede contribuir en gran medida a la aplicación de la Agenda 2030»

«La cooperación al desarrollo contribuirá a reforzar la inclusión y aplicación de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en los acuerdos comerciales, el aumento del acceso preferencial de los países vulnerables al mercado de la UE y el apoyo a un comercio justo y ético, y el desarrollo de políticas para garantizar una gestión responsable de las cadenas de suministro».

¿Qué puede significar todo esto en concreto? Muchos actores de comercio justo esperan que estas intenciones se puedan convertir en apoyos concretos (políticos y económicos) para el desarrollo del comercio justo a nivel global: tanto las organizaciones que se dedican a la sensibilización y a la incidencia, como las organizaciones de productores de comercio justo, que están a la base del movimiento y sin las cuales el movimiento no existiría. Los “Acuerdos Marco de Asociación” (FPA, en sus siglas en inglés) promovidos por la CE, por ejemplo, le apuestan a relaciones estratégicas con redes de organizaciones, tanto de la sociedad civil organizada como de autoridades locales. Con un enfoque global, el objetivo de estos acuerdos es fortalecer las relaciones entre la UE y este tipo de actores regionales e internacionales, así como crear sinergias entre ellos, para que el trabajo hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sea más efectivo; para que realmente se construya esa alianza global para el desarrollo (ODS núm. 17), que el movimiento por un comercio justo promueve desde sus orígenes.

Las Delegaciones de la UE en los países del Sur Global también están llamadas a promover el comercio justo. No es tarea fácil, sobre todo porque muchas organizaciones de la sociedad civil en los países en desarrollo están intentando construir relaciones más estratégicas con las delegaciones. Sin embargo, es interesante ver los resultados del “Informe sobre las Delegaciones de la UE 2017”, elaborado por CONCORD (confederación europea de ONGs de desarrollo), que nos da una idea del trabajo que aún falta por hacer para acercar la institucionalidad europea a las organizaciones de la sociedad civil en varios países del Sur. El 60% de los entrevistados considera pobres o normales las oportunidades de financiamiento de la UE para las OSC; un 64% pobre o normal la participación de la sociedad civil en la cooperación bilateral de la UE con el Gobierno; un 69% considera pobre o normal las consultas a la sociedad civil sobre la programación de la ayuda bilateral en el país en cuestión. Un 76% considera no soficiente el abordaje de las necesidades de las OSC locales y pequeñas. Al evaluar los últimos 3 o 4 años, el 68% de los entrevistados considera que el volumen de fondos UE para las OSC ha disminuido; el 78%, por otro lado, afirma que la complejidad de las normas y procedimiento para acceder a las oportunidades de financiamiento ha aumentado; a pesar de ello, el 62% considera que las actividades de capacitación sobre estas normas ha sido pobre o normal.

¿Qué rol deberían jugar los productores de comercio justo en todo esto? Los productores, articulados en sus organizaciones, redes nacionales, regionales y globales, tienen la oportunidad de presentarse como verdaderos actores de desarrollo, tanto local como global. La clave está en que todos dejemos de considerarlos como “beneficiarios” de programas de desarrollo o de políticas públicas, para que se empoderen como socios estratégicos en la construcción, implementación y evaluación de programas de desarrollo o políticas públicas.

Un caso muy interesante, en este sentido, es la relación que se ha establecido entre COSURCA (Cooperativa del Sur del Cauca, Colombia) y la Delegación de la UE en Colombia, a partir del Procesos Estratégico Territorial (PET), “Economías Propias”, como parte del proyecto “Desarrollo Regional, Paz y Estabilidad” de la Unión Europea en Colombia. La cooperativa, bien arraigada en el territorio (y no cualquier ONG), fue la entidad ejecutora del Plan, una acción plurianual de carácter territorial que incluía varios municipios de dos departamentos del Sur de Colombia (Cauca y Nariño) y varias realidades productivas asociativas de la región. Según los informes técnicos del proceso, «al finalizar la acción, 33 organizaciones de productores mejoran en un 30% con relación a la línea de base, los procesos de producción, comercialización y postcosecha de las cadenas productivas de panela, café, cacao y frutas a través de acuerdos gremiales e intergremiales con enfoque de economía campesina». Además, se calculó que los ingresos de las familias que participaron del proceso incrementaron en un 15% promedio. Resultados significativos, que la UE subrayó reconociendo la importancia que tuvo la cooperativa Cosurca en la ejecución y el buen desarrollo del proceso territorial.

Integrantes del equipo de gestión de Cosurca (Colombia)

«El trabajo de formulación del PET exigió de los productores, líderes y dirigentes, una gran voluntad para entender que la cooperación por principio y autonomía es complementaria, y que el mayor esfuerzo para el crecimiento organizacional de los pequeños productores debe cimentarse en sus esfuerzos y trabajo, pues la cooperación es limitada en tiempo y recursos. Después de disensos y consensos, en noviembre de 2011, se inició la ejecución; seis organizaciones asumieron que alrededor del café, la panela, el cacao y frutas: COSURCA la organización ejecutora y las organizaciones ASPREPATIA (Cauca), FUNDESUMA, ASOCAFE, ASPHONAR, SEMBRAPAZ (Nariño), los socios de la acción», nos explicó Lupercio Angulo, coordinador del departamento de gestión y cooperación solidaria de Cosurca.

El caso de Cosurca y las demás organizaciones del campo es muy positivo; Sin embargo, ¿están los productores en general preparados para estas tareas de diseño, implementación y evaluación de políticas y planes de desarrollo? ¿Están las organizaciones globales de comercio justo conscientes de la necesidad de cambiar su perspectiva sobre el rol de los productores, dejando de lado cierto eurocentrismo aún latente? ¿Están los funcionarios, técnicos y expertos de la UE, los políticos, asesores y funcionarios públicos de los países miembros, entre otros actores, dispuestos a compartir con campesinos o artesanos los tiempos, ritmos y espacios de las prácticas políticas y tareas técnicas, para tomar decisiones conjuntas sobre el presente y futuro de nuestras sociedades? ¿Está la UE dispuesta política y económicamente a promover los intereses de los actores menos desfavorecidos y de la economía solidaria en lugar de los actores económicos convencionales y más poderosos, que aún invierten de manera insostenible, tanto ambientalmente, como económica, social y humanamente insostenible?

Sabemos que aún hay mucho por hacer, pero solo a través de enfoques más participativos, democráticos y descentralizados, que reconozcan a los pequeños productores organizados como actores políticos, además de económicos y sociales, lograremos que las bases productivas más desfavorecidas asuman realmente su rol dentro de la alianza global para el desarrollo sostenible. Lograremos así que la economía solidaria y las organizaciones productivas controladas y gestionadas por sus trabajadores y productores se conviertan en el centro de las políticas públicas y programas de desarrollo, también los que seguirá promoviendo la Unión Europea, tanto en Europa como en todo el mundo.

 

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