Modelos emergentes, como la economía circular, marcan la futura Ley de Consumo de Castilla-La Mancha

La nueva normativa apuesta por más participación ciudadana, incluye nuevos derechos (pobreza energética) y da protección “prioritaria” a colectivos vulnerables

El anteproyecto de la norma permanecerá abierto al público, para alegaciones o sugerencias, hasta el próximo 20 de febrero

Cartel de protesta. | Gaelx

La Consejería de Sanidad está tramitando el Anteproyecto de Ley por el que se regulan los derechos de las personas consumidoras en Castilla-La Mancha que vendrá a sustituir a la vigente ley que data de 2005.  El texto acaba de ponerse a disposición del público para recibir alegaciones o sugerencias que mejoren su contenido. Podrán realizarse hasta el próximo 20 de febrero en las oficinas de la Junta castellano-manchega o a través del mail    sgsanidad@jccm.es

Se busca un marco normativo “transversal”, dar una “visión ética y creativa al consumo” y no vinculada “exclusivamente” a criterios económicos, que recupere “las políticas públicas” en materia de consumo y que se adapte al “impacto” de las nuevas tecnologías.

La nueva norma se redacta después de un periodo de profunda crisis económica y por eso centrará parte de sus objetivos en proteger de manera “prioritaria” a los colectivos más vulnerables en el acceso y disfrute de bienes y servicios, sobre todo a los de consumo básico por razones de edad, estado, capacidades, etnia, idioma, religión o cultura o en riesgo de exclusión financiera, social, digital u otras. De hecho se incluye la necesidad de elaborar un “catálogo de los colectivos de personas consumidoras necesitados de especial protección”

Incluso se promoverán también acciones para que los supermercados “garanticen” la asistencia a aquellos consumidores que “carezcan crónica o temporalmente de autonomía”. Eso se traducirá, entre otras cosas, en  un protocolo de compra asistida para mayores o personas discapacitadas.

El contexto social y económico y los nuevos derechos de los consumidores

Es, dicen sus impulsores, una apuesta “pionera” por la corresponsabilidad en el ámbito normativo del consumo y “novedosa” por la incorporación de nuevos derechos en una norma que incluye, por ejemplo, referencias a la pobreza energética, la soberanía alimentaria (derecho a una alimentación nutritiva y culturalmente adecuada) o a la violencia económica sobre el consumidor.

Apuesta por el “empoderamiento financiero y digital” de las personas consumidoras a través de “instrumentos alternativos” como los microcréditos, el micromecenazgo  u otras formas de financiación colectiva, adoptará medidas para erradicar la obsolescencia programada (incluyendo reservarse actuar de forma cautelar sobre la comercialización de estos productos) y promoverá el uso de la ‘huella ecológica’ en los productos para impulsar su trazabilidad. Incluso está previsto que se informe al consumidor sobre la huella ambiental y social de cada producto o servicio.

Esta nueva normativa recoge que las administraciones públicas fomenten la participación de las personas consumidoras en los procesos de eco-diseño en el marco de la economía circular y en iniciativas de co-creación de valor y uso compartido, fomentando por ejemplo la innovación social.

Economía circular
Economía circular IMAGEN: EOI

La nueva ley deja espacio a los efectos que provocan las nuevas tendencias de consumo: prosumo (acción de producir y consumir a la vez), consumo colaborativo y mercados sociales y los nuevos modelos de economía emergentes, como la economía circular, la funcional, la colaborativa o la economía del bien común.

Cada legislatura, un plan estratégico, por ley

La Consejería competente estará “obligada” a presentar en cada legislatura un plan estratégico elaborado con la participación de los agentes relacionados con el consumo que incluirá planes anuales de actuación y evaluaciones periódicas sobre su grado de cumplimiento.

Además, se creará una Comisión Regional de Coordinación Interdepartamental en materia de consumo cuya composición y funcionamiento se desarrollará vía Reglamento. Lo mismo ocurrirá con las Oficinas Municipales de Información y Consumo (OMIC’s) que tendrán su propio catálogo de competencias y funciones.

Se prevé  también la elaboración de un Mapa Regional de Consumo para “racionalizar” la distribución territorial de recursos. La norma incluye también el papel de las administraciones locales y, entre otras cosas, se apunta la promoción de órganos de participación ciudadana en materia de consumo.

En cuanto a las sanciones en defensa de las personas consumidoras supondrán multas desde 3.000 a 1.000.000 de euros, que pueden incluir cierres temporales de establecimientos, instalaciones o servicios por un plazo máximo de cinco años, además de no recibir ayudas públicas al menos durante cuatro años.

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