SECOS Y ENVENENADOS: PROMESAS DESIERTAS EN ZONAS DE CATASTROFE

Negligencia por falta de gestión y trabajo mal hecho denuncian los habitantes del norte del país. Desde el 21 de agosto de 2015, con la publicación de un decreto del Ministerio del Interior firmado por el titular de esa cartera, Jorge Burgos, la Presidenta Michelle Bachelet y los ministros de Hacienda, Agricultura, Obras Públicas y Minería, distintas comunas de Valparaíso y Coquimbo fueron declaradas zonas de catástrofe por sequía. Escasez hídrica que afecta a la Cuarta y Quinta regiones hace 14 años. Petorca, Limache, San Felipe, Catemu, Quillota, Los Andes, Llay Llay, Ovalle, Punitaqui, Monte Patria, Río Hurtado, Combarbalá y un largo suma y sigue, son las comunas afectadas.

Cuando un área se declara en estado de catástrofe, el gobierno central dispone distintas medidas de excepción para paliarla. La Presidenta de la República puede decretar pagos no autorizados por ley para atender a fenómenos derivados de desastres. El total de esos giros no puede exceder el 2% del presupuesto nacional, asignado a financiar la coordinación y ejecución de los programas de recuperación necesarios. La autoridad regional debe pedir el dinero al Ejecutivo y este les gira.

El decreto supremo 815 autorizó en 2015 a que la Dirección de Obras Hidráulicas de Coquimbo realice 59 obras y estudios en la provincia de Limarí, 24 en Elqui y 32 en Choapa, para mitigar la sequía. En Valparaíso no se especificaron las medidas que debían tomarse, pero se determinó que se lleve a cabo cualquier obra que minimice el problema. Tal decreto vencerá en menos de cuatro meses, en julio de 2016.

“Esas medidas (las que autoriza el decreto 815) fueron incorporadas pensando que íbamos a tener el financiamiento para ejecutarlas. Hemos ejecutado bastantes, pero no sé la cifra exacta”, dice Andrés Abarca, director regional de Obras Hidráulicas de Coquimbo. Agrega que en 2015, utilizando el mandato, se invirtieron sobre $15 millones en obras de agua potable rural en su región.

Abarca asegura que todas las medidas ejecutadas, sin especificar cuáles, están operativas y que actualmente está en proceso la licitación de un estudio de factibilidad para la implementación de una desalinizadora para abastecer de agua potable a la provincia de Limarí. La primera etapa del estudio demoraría 300 días y luego se harían estudios medioambientales y de diseño. “El decreto 815 expira ahora, pero si sigue la sequía se renueva o se dicta uno nuevo. Eso es lo que se hace siempre”, explica la autoridad regional.

Desde 2007, Petorca ha sido declarada zona de emergencia hídrica todos los años consecutivamente, según constata Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento de Defensa del Agua, Protección a la Tierra y Respeto al Medio Ambiente, Modatima. “Se supone que hay recursos que Interior destina a nuestra provincia a través de estos decretos, pero no los hemos visto directamente”, agrega Mundaca y explica que el problema de la sequía en la comuna, sumado a la falta de lluvias, es estructural y tiene que ver con el modelo productivo de monocultivo de paltos y cítricos de origen tropical que escalopan los cerros y no tienen problemas de agua, mientras que ocho mil de los doce mil habitantes de Petorca son abastecidos de agua para consumo por camiones aljibe.

Al modelo de monocultivo se suma, según dirigentes de Modatima, el uso intensivo e irracional de aguas subterráneas, su privatización, la ausencia de institucionalidad y la falta de fiscalización, entre otros factores.

Durante todo 2015 dos camiones suministraron agua de bebida a cinco mil personas en la comuna de Petorca. Entregaban 40 litros de agua semanales por persona, en circunstancias que la ONU indica que se requieren como mínimo 100 litros de agua diariamente para satisfacer las necesidades humanas relacionadas con ese servicio básico, incluidas las de higiene, precisa Mondaca.

Veneno para consumo

El norte grande no se escapa del problema. Y es que, en adición a la histórica escasez de agua, las napas existentes están contaminadas, de acuerdo al último informe de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, de diciembre de 2014, referido a la alta concentración de arsénico en sistemas de agua potable rural (APR) de la región.

En 2014, el Colegio Médico llamó la atención de los evidentes riesgos de consumir altos niveles de arsénico, cuando en marzo de ese año el doctor Andrei Tchernitchin presentó un estudio junto a dirigentes de la Coordinadora Regional de Conflictos Socioambientales de Arica y Parinacota, el que aseguraba que la intoxicación del mineral estaba produciendo cáncer, infertilidad, baja en el rendimiento escolar y otras complicaciones en la población de la XV región.

Los sistemas APR son servicios prestados en localidades calificadas como rurales o agrícolas, donde bajo la forma de un comité constituido ante la municipalidad respectiva, se solicita la instalación de una planta de agua potable. El gobierno central las adquiere de uno de los 10 o 15 proveedores de plantas a nivel nacional y luego las instala, pero el costo de operación deben pagarlo los usuarios. Además de no ser capacitados en la mayoría de los casos, la mantención cuesta $4 millones al mes, monto excesivo para comunidades altamente vulnerables que no pueden pagarlo. Las plantas quedan en desuso y los habitantes de múltiples localidades toman agua envenenada, según fuentes cercanas a las cooperativas.

De acuerdo a los resultados del estudio de la Seremi obtenidos en muestras de agua de consumo humano, en diciembre de 2014 en Arica seis APR presentaban arsénico sobre el límite máximo de 0,01 mg/L. En 2011 se invirtieron $400 millones en una planta para reducir el mineral, pero se encuentra fuera de operación porque no sirve y es muy cara de ejecutar. En General Lagos seis de siete sectores presentaban arsénico sobre la norma.

En Putre, según el mismo informe, el arsénico sobrepasaba la regla y los miembros del comité encargado de la mantención de las plantas le echaban cloro sin ningún tipo de regulación, lo que generaba contaminación adicional. En Camarones, cuatro APR estaban sobre el límite máximo de arsénico recomendado por las autoridades chilenas en la materia. A todo lo anterior debe sumarse que el nivel de arsénico en el agua permitido por la norma nacional es muy laxo comparado con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que deberíamos alcanzar en un plazo de dos años.

Tierra de nadie

Aníbal Díaz González, presidente de la Coordinadora Regional de Conflictos Socioambientales de Arica y Parinacota, explica que han hecho distintas mediciones de todas las aguas de la cuenca, desde la cordillera hasta la costa, y los niveles de arsénico desde 2014, año en que presentaron el estudio con el doctor Tchernitchin, no han disminuido. En esa época demandaron al Estado y pidieron que se mitigara y reparara el daño ambiental que afectaba hace más de 30 años a su zona, pero todavía no se resuelve.

Giovanna Calle, Seremi de Salud de Arica y Parinacota, explica que tras la denuncia de 2014 la autoridad sanitaria revisó los niveles de arsénico en el agua de la región y se dio cuenta de que las pruebas se hicieron cuando el equipo no estaba operativo. “Hicimos un seguimiento de la situación y notamos que el comité de vecinos a cargo de la planta de Poconchile en Lluta estaba un poco desordenado y no habían contratado a nadie para que hiciera la mantención. Incluso tuvieron que cambiar a su presidente. Los vecinos saben que es un problema de su organización”, dice.

Calle asegura que los niveles de arsénico en el agua han disminuido considerablemente y que actualmente se encuentra trabajando en una mesa con la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y algunos municipios para monitorear que se hagan inversiones priorizando la construcción de plantas de abatimiento de arsénico en las localidades que continúan sobre la norma, entre ellas Visviri.

“Uno de los proyectos fue que los consumidores del sector de General Lagos y Lluta tomaran agua embotellada. Las municipalidades la compran y se la entregan a las escuelas, postas rurales y jardines infantiles”, explica la Seremi. Agrega que en este momento se encuentra en proceso el segundo informe de niveles de arsénico en el agua de Arica, que en varias localidades se mantiene sobre el máximo permitido, y debería darse a conocer la próxima semana.

“Arica tiene la tasa de cáncer más alta a nivel nacional. Está terriblemente contaminada y además abandonada porque no viene ninguna autoridad, nadie se preocupa. Es tierra de nadie y ha sido así durante décadas. Lo peor es que la población ariqueña está tomando veneno en este momento”, afirma el presidente de la Coordinadora Regional de Conflictos Socioambientales de Arica y Parinacota.

FUENTE: EL MOSTRADOR