Carolina Carrasco Romero, directora de la Asociación Gremial de APR de Melipilla

“No solo me importa el APR, sino también el agua en el ámbito del riego y en todas sus formas, porque es parte de mi filosofía profesional y personal. Para mí, el agua no es solo el agua potable rural; es el ciclo vital, la naturaleza misma, y por eso me involucro. Creo que esto…

En esta entrevista, Carolina nos ofrece una visión integral sobre los APR y el trabajo que desarrolla la Asociación, que cuenta con 32 socios y ha estado en funcionamiento desde su creación hace cuatro años. Actualmente, Carolina es la directora de la Asociación Gremial de APR de Melipilla y, desde 2012, lidera el APR Santa Inés de Pataguilla en Curacaví, desempeñando un rol clave en su gestión y desarrollo.

 

¿Qué desafíos ha enfrentado como dirigente en la Asociación con la implementación de los cambios en la nueva ley?

Al principio, no participé directamente en los cambios y propuestas, ya que en la etapa de diseño de la ley aún no estaba asociada. Por ello, no intervine en su formulación, aunque observaba cómo los APR sí tomaban parte en el proceso. Además, en ese momento no teníamos conexiones; estábamos completamente solos en este ámbito.

Sin embargo, cuando nos constituimos como Asociación Gremial y la ley entró en vigencia en 2020, comenzamos a analizarla con más detalle. Pronto nos dimos cuenta de que presentaba varios aspectos problemáticos, especialmente en lo relativo a la entrega de arranques. Anteriormente, se otorgaba un arranque por vivienda, pero ahora la normativa establece que debe estar vinculado a un rol específico, es decir, a una propiedad registrada.

Esto representa un gran desafío, ya que en las zonas rurales es común que las familias amplíen sus hogares dentro de un mismo terreno, construyendo nuevas viviendas para sus hijos y nietos. Sin una subdivisión formal con roles individuales, muchas familias quedarían excluidas de este beneficio, generando un problema significativo.

En la práctica, esto implica que no se puede asignar un arranque de agua independiente a una nueva vivienda o familia. En su lugar, se debe instalar un único medidor, desde el cual todos los residentes son considerados remarcadores. Esta situación genera diversos problemas, como dificultades en la facturación, mayores costos de mantenimiento y el riesgo de roturas en las conexiones entre el medidor principal y los remarcadores. Además, puede afectar la presión del agua, lo que compromete la calidad del servicio. En este sentido, el diseño de la normativa presenta deficiencias evidentes.

 

¿Qué acciones han impulsado desde la Asociación para seguir avanzando?

Ante esta y muchas otras problemáticas, inicié conversaciones con el ministro Juan Carlos García en ese momento, junto a la Asociación Gremial. Ser parte de una asociación nos permitió tener un acceso distinto a las autoridades; ya no era lo mismo que actuar en solitario como comité. Al estar en la Región Metropolitana, más cerca del Gobierno, aprovechábamos esa proximidad para solicitar audiencias y exponer directamente nuestras inquietudes.

Así se formó una mesa de trabajo con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, e invitamos a más asociaciones. A nivel nacional, éramos siete y comenzamos a trabajar en las modificaciones de la ley. Luego, cuando asumió la ministra Jessica López, ella derivó esta mesa al subsecretario de Obras Públicas, quien la amplió y abrió un proceso de postulación a nivel nacional. Como resultado, se sumaron 33 dirigentes de distintas regiones, dando origen a la Mesa Única Nacional, conformada por las siete asociaciones iniciales más los nuevos representantes.

Después de eso, trabajamos durante un año revisando artículo por artículo las modificaciones a la ley.

Hoy en día, esta ley y sus modificaciones aún no han ingresado al Congreso, lo que nos preocupa porque el proceso se ha demorado demasiado. Se suponía que debía entrar en el periodo legislativo pasado, pero ya estamos en un nuevo periodo y todavía no se ha presentado.

Ahora, nuestra prioridad es asegurarnos de que los cambios que propusimos se mantengan y que la ley avance con rapidez, porque, de lo contrario, seguiremos esperando sin saber hasta cuándo.

Nos interesa que estas modificaciones se aprueben porque buscan resolver los puntos críticos de la ley. El problema principal es que el reglamento actual no refleja el espíritu de la norma. La ley fue promulgada durante el gobierno de Michelle Bachelet, el 14 de febrero de 2017, mientras que su reglamento fue establecido el 20 de noviembre de 2020, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Hoy en día, la distancia es uno de nuestros principales desafíos, ya que nuestro territorio es muy extenso. Abarcamos cinco comunas: Curacaví, Alhué, María Pinto, Melipilla y San Pedro, las cuales están separadas por largas distancias. Por esta razón, nuestra comunicación se realiza principalmente de manera telemática, a través de WhatsApp, y llevamos a cabo reuniones ampliadas cada dos meses

 

Desde su experiencia, ¿cómo es el acceso que tienen hoy a la capacitación  los dirigentes a nivel nacional?

La implementación de la nueva ley ha sido lenta, ya que no es un proceso uniforme. Existen diferentes enfoques según el tamaño del comité o cooperativa, así como la capacidad de los dirigentes. La situación es variable.

Antes, cuando el Ministerio, a través de la DOH, contrataba a empresas sanitarias para realizar capacitaciones, estas no aportaron demasiado. En mi opinión, no generaron un beneficio real para nosotros como organización, ya que nunca promovieron la asociatividad. Se limitaban a llenar formularios, realizar una visita dos veces al año y nada más.

Como resultado, ni siquiera nos informaron sobre la nueva ley. Solo cuando entró en vigencia comenzamos a leerla y analizarla por nuestra cuenta. Si la asesoría técnica nos hubiera preparado y explicado sus implicancias con anticipación, habría sido un gran aporte, pero no fue así. Nos sentimos abandonados.

Por ejemplo, si se averiaba una bomba y llamábamos al servicio técnico, enviaban a un eléctrico o un mecánico sin resolver realmente el problema. O si necesitábamos renovar un directorio, solo nos entregaban un formulario con las instrucciones básicas.

Al final, si un dirigente es busquilla, logra acceder a estos conocimientos sin necesidad de una asesoría costosa que, en muchos casos, no soluciona las verdaderas problemáticas de los comités y cooperativas.

Hoy, con la creación de la Subdirección, establecida por la nueva ley, las capacitaciones han mejorado. Ahora, se desarrollan en función de los temas que nosotros mismos sugerimos y son impartidas por universidades e institutos, lo que representa un avance significativo

Ahora, ya no se trata solo de una simple visita para llenar un formulario, sino de clases que abordan distintos temas: operadores, secretarias, administrativos y directorios. Es un proceso mucho más completo.

Además, si bien antes había dos equipos por región, en la Región Metropolitana las asesorías técnicas ahora se han reducido a uno solo.

 

¿Cuáles son los cambios más importantes que se deberían realizar en la ley?

Son varios. Como mencioné anteriormente, uno de los principales es la forma en que se entregan los arranques, así como el tema de los mejoramientos y los proyectos. Actualmente, al no existir contratos con las sanitarias, tampoco contamos con equipos para el diseño ni para la resolución de observaciones en los mismos.

En este sentido, la Subdirección todavía necesita más personal. No basta solo con la contratación de un abogado o un contador para dialogar con los directivos; también se requiere un equipo especializado en levantar proyectos de mejoramiento y ampliación. Sin este refuerzo, ¿cuándo vamos a avanzar en la resolución de los problemas de agua para los vecinos y vecinas, si no hay nuevos diseños?

Esta es una de las mayores dificultades que enfrentamos hoy, ya que la ley no aborda adecuadamente este aspecto. Hemos revisado muchos artículos que requieren modificaciones urgentes.

 

¿Cómo trabajan ustedes como Asociación con los dirigentes?

Nos apoyamos mutuamente. Si algún dirigente necesita materiales o tiene dudas sobre cómo realizar una reparación, nos organizamos para ayudar.

Por ejemplo, nuestros operadores también trabajan en red y se refuerzan entre ellos. Hay operadores nuevos y otros con gran experiencia, que, aunque no tengan un título formal, poseen un conocimiento tan amplio que prácticamente dan cátedra.

Uno aprovecha esa experiencia para apoyar a otros comités y cooperativas y en eso la asociatividad es fundamental y realmente a nosotros nos ha ayudado mucho, porque hablamos un lenguaje en común.

Hoy, como Asociación, nuestras gestiones están enfocadas en el Congreso para agilizar temas que aún no han sido resueltos a través de la ley. Lo más importante para nosotros es asegurar el acceso al agua. Actualmente, esto implica incluso intervenir en los consejos de agua subterránea, las cuentas y la gestión en los hogares. Es fundamental garantizar el suministro y, por ejemplo, eliminar la dependencia de los camiones aljibe.

Uno de los principales desafíos que enfrentamos es que a muchos dirigentes les cuesta leer y comprender ciertos aspectos, especialmente en términos legales. ¿Qué nos indica esto? Que hay varios APR que, desde un inicio, cuentan con dirigentes poco preparados, que se organizan mal y administran peor.

Además, nosotros trabajamos ad honorem, lo que significa que, lamentablemente, algunos se aprovechan de la situación. Hay dirigentes irresponsables que llevan a la quiebra a los comités o cooperativas que gestionan debido a su mala organización y administración. Cuando esto ocurre, el sistema se vuelve financieramente inviable y, en algún momento, la situación explota.

En estos casos, la misma organización, representada por sus socios, debe tomar decisiones. Es ahí donde entra en juego la asamblea, que tiene el poder de elegir un nuevo directorio. Sin embargo, este proceso puede tardar hasta cinco años y atravesar varias etapas.

Aquí, la asesoría de las subdirecciones es clave, ya que deben intervenir para reestructurar el comité, guiar la formación de un nuevo directorio y brindar apoyo directo a la organización para que pueda salir adelante.

 

¿Cuál es la principal motivación que impulsa su trabajo, tanto a nivel profesional como personal?

Tengo una motivación importante, grande, inmensa, que me mueve profundamente: vivir en comunidad de manera tranquila, mantener nuestras costumbres, que se basan en la convivencia, el apoyo entre vecinos, el diálogo y la vida en comunidad. Además, mi interés por el agua es fundamental.

No solo me importa el APR, sino también el agua en el ámbito del riego y en todas sus formas, porque es parte de mi filosofía profesional y personal. Para mí, el agua no es solo el agua potable rural; es el ciclo vital, la naturaleza misma, y por eso me involucro. Creo que esto no es una lucha individual como lo era antes. El agua potable está relacionada con los regantes, con el medioambiente y con las decisiones que se toman al respecto. Si no nos involucramos en estos espacios, nacen problemas como la privatización del agua.

Ahí está el verdadero conflicto. No se trata solo de la escasez de agua, porque las empresas que riegan los paltos y los cítricos no tienen problemas de abastecimiento. El problema no es la sequía, sino la mala distribución y la falta de priorización. Hoy la DGA tiene normativa y herramientas para garantizar que el APR tenga agua prioritaria para el consumo humano, pero en la práctica no las hace efectivas.

Tenemos un problema grave a nivel nacional. Es una vergüenza la dependencia de los camiones aljibe: es un abuso, una injusticia y un despilfarro de los recursos del Estado. Se destinan enormes sumas de dinero pagando 7.000, 8.000 o incluso 9.000 pesos por metro cúbico de agua, cuando nosotros se la vendemos a los vecinos por 200 pesos. Es evidente que hay intereses creados en este sistema, y por eso debemos alzar la voz y visibilizar estas situaciones.

Esto tiene que cambiar y puede cambiar, pero para ello se necesita un gobierno con voluntad y una reforma en la normativa. De lo contrario, en algún momento este problema le estallará en la cara a todo Chile, cuando la subdivisión y la venta de derechos de agua por herencia agoten los recursos hídricos de la tierra. La gente que no está ligada a la agricultura vende sus derechos de agua sin pensar en el futuro. ¿Qué pasará con la alimentación, con la agricultura, con el uso de suelo? ¿Dónde queda el discurso de la agricultura familiar campesina si no protegemos el agua?

Estos son los temas que realmente nos preocupan. El problema no es solo la falta de asesoría técnica o la ley en sí. Lo mejor de la ley es que protege un área geográfica y evita que las sanitarias entren sin control, lo que nos da cierta seguridad. Pero la ley no garantiza el acceso al agua, y esa es nuestra lucha de fondo.

El cambio que se proponía en la propuesta constitucional era lo que muchos de nosotros esperábamos, no desde una perspectiva política o partidista, sino por el bien de Chile. La privatización solo favorece a quienes tienen más, dejando de lado la democracia, la participación y la economía de escala.

Este es un problema de país, pero afecta especialmente a las comunidades rurales, donde la brecha es enorme. Somos invisibilizados. No tenemos transporte público adecuado, y en todo sentido las cosas nos cuestan más.

A nivel personal, tengo tres hijos ya grandes. El menor tiene 19 años y está en la universidad; el segundo acaba de titularse, y el mayor ya titulado vive fuera de Chile. Ellos crecieron con una madre trabajadora. No soy la típica ama de casa que estaba siempre a la hora del almuerzo; ellos me vieron salir temprano a trabajar como profesora, volver tarde, seguir trabajando en casa y los fines de semana. Han crecido con un ritmo de vida ágil y participativo.

En los sectores rurales todo es más difícil. Estudiar, viajar, salir, transportarse, todo se nos hace cuesta arriba. Aunque estemos en Curacaví, cerca de Santiago, si solo tenemos locomoción una vez al día, de nada nos sirve.

Además, siendo todos varones, en nuestra casa nunca ha existido la idea de que la carga es solo mía; hay educación, participación y cariño, y eso es lo que conforma un hogar.

 

«Finalmente, Carolina destaca la importancia de seguir trabajando en conjunto para mejorar la gestión del agua en las comunidades rurales. ‘Nuestro desafío es garantizar el acceso al agua para todos, con equidad y sustentabilidad. Seguiremos impulsando cambios y visibilizando las problemáticas que enfrentamos, porque esto no solo nos afecta a nosotros, sino a las futuras generaciones’, concluye.

Con estas palabras, la dirigenta refuerza su compromiso con la comunidad y con la lucha por un acceso justo al agua, un tema que sigue siendo crucial en muchas zonas rurales del país.»