El académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, criticó la propuesta anunciada por el Gobierno para saldar la deuda que mantienen clientes con las empresas distribuidoras eléctricas, la que asciende a cerca de 850 millones de dólares. En entrevista con Cooperativa, el experto alertó sobre “problemas, debilidades y distorsiones” en la iniciativa.
Verdejo explicó que la deuda se originó tras la tardía aplicación de una ley aprobada durante el estallido social de 2019, que modificó la rentabilidad de las distribuidoras, equivalente a cerca del 20% de la tarifa eléctrica. La norma demoró 43 meses en implementarse, periodo en el que se continuó cobrando un valor antiguo, generando una deuda a favor de las empresas.
El académico subrayó que esta situación involucra tanto a clientes regulados como a grandes consumidores, como empresas y comercios, cuyos montos adeudados son considerablemente mayores. En ese contexto, cuestionó el cargo mensual uniforme de 1.450 pesos por 48 meses propuesto para los clientes regulados, señalando que “usuarios de bajo consumo terminan pagando parte de la deuda de grandes usuarios”.
Si bien el proyecto contempla que el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares quede exento, Verdejo sostuvo que “no es correcto que con recursos públicos se termine financiando la deuda de grandes clientes como supermercados, farmacias o malls”.
Además, recordó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que desde el 1 de abril las distribuidoras podrán cobrar las deudas de forma individual. A su juicio, lo anunciado por el biministro de Energía y Minería, Álvaro García, “no es una buena política pública” y generará un amplio debate en el Congreso.
