Diversos actores vinculados a cooperativas y asociaciones del ámbito rural en Chile han manifestado su apoyo a la postergación de la implementación de la nueva regulación que afecta a los servicios sanitarios rurales, que estaba prevista para entrar en vigor este año. La normativa, que tiene como objetivo regular las tarifas de estos servicios y mejorar la calidad del agua, ha sido vista por muchos como un desafío para las cooperativas que operan en estas zonas.
El Comité de Cooperativas de Agua Potable Rural (CAPR), junto con otras organizaciones del sector, argumenta que la implementación inmediata de esta regulación podría generar un aumento en las tarifas de los servicios, afectando negativamente a las familias rurales más vulnerables. En este sentido, las cooperativas han solicitado más tiempo para adaptarse a los nuevos requisitos y poder garantizar una transición adecuada sin afectar la sostenibilidad de sus operaciones.
El gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), ha señalado que está evaluando las inquietudes planteadas, mientras que diversas instituciones llaman a mantener un diálogo abierto entre el sector público y las cooperativas para encontrar soluciones que beneficien tanto a los usuarios como a los proveedores de los servicios.
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