APR: A LAS PUERTAS DE LA LEY QUE PROTEJA LOS ÚNICOS DERECHOS DE AGUA CIUDADANOS DEL PAÍS

Corrían los años sesenta en Chile y una era llena de cambios estaba por venir. La Reforma Agraria estaba cada día más latente y en este marco histórico la sanidad de los sectores rurales se hacía urgente. En 1960 solo un 6% de los hogares en el campo poseían agua potable, una situación que era sinónimo sobre todo de altas tasas de mortalidad infantil.

Es por ello que en 1964, el Presidente Eduardo Frei, a través de un convenio con el BID , logra el financiamiento suficiente para comenzar un completo plan de infraestructura para poner a andar el agua potable rural o APR, sistema sanitario que le cambiaría la cara a las condiciones de vida de los sectores campesinos. Al mismo tiempo el gobierno de esa época decidió entregarle a las propias comunidades la administración del recurso naciendo los Comité de Agua Potable Rural, los cuáles hasta hoy, 50 años después, se siguen encargando de la mantención de las APR.
El sistema de agua potable rural fue tan exitoso que los países latinoamericanos no tardaron en copiar el ejemplo. Tras pasar por las manos de múltiples organismos de gobierno hoy es el Ministerio de Obras Públicas el que se encarga de los al menos 1.600 sistemas de agua potable rural que hay en el país, los cuales abastecen con seguridad al 99% de la población de zonas no urbanas, bordeando los 2 millones de habitantes.

Entre las regiones de O’Higgins y el Maule se concentran la mayoría de estos sistemas, en nuestra región al año pasado existían al menos 267 APR, los que entregan agua potable al menos a 272 mil personas, la mayor cantidad a nivel nacional.

Hoy, el agua potable rural pasa por un período histórico clave. En tiempos de sequía cuando el agua se está convirtiendo en un elemento estratégico para la sociedad y el Estado, los derechos de agua de las pequeñas comunidades rurales suben sus bonos y son apetecidas por grandes conglomerados sanitarios. El miedo a perder la concesión ha hecho que por casi una década los comités de agua potable estén luchando por dar vida al Proyecto de Ley de Servicio Sanitario Rural que entregará un marco jurídico que proteja al agua potable de estas localidades.

AD PORTAS DE UNA LEY QUE PROTEJA EL AGUA RURAL

Gloria Alvarado es presidenta de la asociación que reúne los comités de agua potable de la Sexta Región y también de la Federación Nacional de Agua Potable Rural que es la que reúne a los comités y cooperativas que administran el recurso en el país. Alvarado cuenta que en 1998 la intención de una empresa sanitaria de adjudicarse la concesión del APR Gultro – Los Lirios, el más grande de la región a esa fecha, generó una fuerte protesta que los llevó a formar una agrupación regional y nacional que protegiera sus intereses. “Desde hace muchos años estamos trabajando en un proyecto de ley y partimos por una amenaza. El peligro inminente es que nos quiten la administración de estos servicios de agua potable o la concesión y obviamente no queremos que suceda por eso nació el movimiento nacional que paralizó este proceso de concesiones y para lograr más fuerza formamos una federación nacional el 2005”.

Alvarado cuenta que en el año 2005 el gobierno creó una mesa de trabajo entre el MOP y los comités de agua potable rural con tal de crear un marco jurídico que garantizara los derechos que se habían entregado a las comunidades rurales hace 50 años. A través de la legislación los comités quieren que se les garantice la propiedad de los derechos de agua, los únicos derechos de agua potable que aún quedan en manos de los chilenos, y al mismo tiempo, que el marco jurídico mantenga en sus manos la administración de estos derechos. “Nosotros formamos una mesa de trabajo que fue muy transversal, se envió el proyecto de ley al Congreso fue votado en general y durante la votación en particular – quedaban solo algunas indicaciones por votar- cambió el gobierno y quedo en pausa. Durante el gobierno del Presidente Piñera retomamos las reuniones pero nos molestó que nos cambiaran el proyecto en puntos importantes como dejar puertas abiertas para que empresas solicitaran la concesión de los servicios y paralizamos el proceso, el Ejecutivo no logró ingresar esas indicaciones sustitutivas”.

Alvarado explica que el año pasado nuevamente se creó una mesa de trabajo para afinar la creación de nuevas indicaciones desde el Ejecutivo : “Solicitamos reactivar las mesas de trabajo con el MOP y comenzamos a trabajar en nuevas indicaciones sustitutivas al proyecto de ley y lo hicimos porque en estos cuatro años aprendimos más del tema y además tratamos de incorporar lo positivo que se había sacado del texto de 2010 propuesto por el gobierno anterior. Presentamos indicaciones sustitutivas y en octubre de 2014 firmamos un acuerdo con el MOP”.

Alvarado asegura que la semana pasada durante el VI Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitario del Agua que se hizo en la Quinta Región, fue la misma Presidenta Bachelet quien firmó el documento con el conjunto de las nuevas indicaciones que enviará el Gobierno. “Esta semana se supone el proyecto llega al Congreso y esperamos que se avance, queremos sacar luego este proyecto porque ha llevado tantos años es urgente que se convierta pronto en ley de la República”.

EL NUEVO CÓDIGO DE AGUAS

Una de las reformas que más atención ha generado en el último tiempo, especialmente en la agricultura es la creación de unrenovado Código de Aguas que entre sus artículos impondrá que el uso del agua para consumo humano constitucionalmente sea prioritario. La dirigente Gloria Alvarado sostiene que los comités apoyan este marco regulatorio que entregan aún más protección a las APR. “El agua es un tema que nos preocupa, no sacamos nada con tener un marco legislativo sin agua y por eso estamos por la defensa del recurso. El proyecto de ley prioriza el recurso para consumo humano por lo tanto en tiempos de escasez este código quita patentes de uso de agua y entrega derechos nuevos excepcionalmente a las APR lo que es positivo”.

Aun así, la dirigente detalla que la mantención a perpetuidad de los derechos de agua ya otorgados generará cortapisas a las aspiraciones de los comités. “De todos modos nos preocupa que los derechos que ya se dieron a perpetuidad y de manera gratuita no se tocan, cuando hoy todas las cuencas están cerradas no hay derechos e incluso están sobre otorgados. Si bien el consumo humano se prioriza nos preocupa que el recurso no vaya a estar cuando se requiera porque los derechos no se tocan”, sentencia Alvarado.

Fin de los pagos de patente y del privilegio de la “aguas del minero”

La Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados eliminó el régimen de privilegio que mantenía la minería sobre las aguas del país, al modificar sustancialmente el artículo 56 del Código vigente desde 1981 y que a través de la figura de las “aguas del minero” que permitía a la industria utilizar las aguas halladas en sus áreas de concesión sin autorización y sin necesidad de informar a la autoridad. La decisión, que de todas formas resguardó la situación de pirquineros y pequeños mineros, se adoptó luego de cuatro meses de postergación producto de las tensiones generadas por el ex diputado PPD Jorge Insunza, quien en abril se alineó con la Alianza para mantener dicha prerrogativa.

La reforma votada el miércoles 12 de agosto establece que cuando, producto de sus exploraciones o explotaciones, un concesionario minero encuentre agua solo podrá utilizarla para sus faenas si informa a la Dirección General de Aguas (DGA) y solicita una “autorización para su uso”. En el contexto de dicho trámite el organismo podrá denegar total o parcialmente la utilización “si dicho aprovechamiento pone en peligro la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros”. El permiso se extinguirá por el cierre de la faena, porque dejen las aguas de ser necesarias para esta o se destinen a un uso distinto, o por la caducidad o extinción de la concesión. Esto modifica lo establecido hasta ahora donde la actividad minera se adjudicaba los derechos de aprovechamiento sobre las aguas halladas solo por el imperio de la ley, terminando con un privilegio de más de 30 años en que fueron utilizadas en las faenas sin siquiera informar a la autoridad o tramitar una autorización. En el caso de la pequeña minería artesanal y de los pequeños mineros los legisladores establecieron un procedimiento de reporte y autorización simplificado.

Los comités de agua potable rural, los pequeños campesinos y las comunidades agrícolas que sean titulares de recursos hídricos con fines de subsistencia, además de las áreas protegidas y los indígenas y sus comunidades indígenas, no estarán obligados a pagar de patentes por el no uso de sus derechos de aprovechamiento. Mientras que sí estarán sujetos a este gravamen –y que al día de hoy están exentos- quienes tengan derechos consuntivos de 10 a 50 lts/seg y no consuntivos de 100 a 500 lts/seg sin usar, ya que se entiende que estos tienen esencialmente un fin lucrativo y no de subsistencia.
Tales fueron algunas de las reformas aprobadas, a proposición de los diputados Cristina Girardi (PPD), Daniel Núñez (PC) y Yasna Provoste (DC), por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados durante las sesiones realizadas la semana recién pasada.

De esta forma se avanzó en el proceso de consolidación del agua como un bien común, que es el objetivo declarado del proyecto que hoy discuten los parlamentarios.“Esta ha sido una jornada importante, porque nos permite continuar en un avance sin retrocesos respecto de que es necesario privilegiar usos preferentes del agua para el consumo humano, la subsistencia, el resguardo del ecosistema” señaló al respecto Provoste, presidenta de la comisión. Agregó que “algunas indicaciones que hemos planteado van en la dirección de resguardar a los pequeños, y creo que eso ha sido a lo largo de la tramitación de este proyecto un elemento importante”.

La comisión acordó también que cuando el Fisco se adjudique derechos que hayan sido rematados, podrá constituir reservas para cualquiera de los usos prioritarios establecidos en la ley no estando obligado a entregarlos automáticamente a particulares con requerimientos pendientes ante la Dirección General de Aguas (DGA), como ocurre hasta hoy.

Fuente: El Rancagüino