Auditoría de la DOH revela desorden técnico y operativo en el APR de Liquiñe previo al reciente colapso del sistema

Un informe oficial de la Dirección de Obras Hidráulicas dejó al descubierto un 78% de pérdida de agua, 110 arranques no autorizados, vehículo sin documento y la imposibilidad de evaluar las finanzas por falta de balances entre 2022 y 2024. Antecedentes explican la vulnerabilidad de la infraestructura tras la falla por el Sistema Frontal pasado,…

Mientras las familias de la localidad de Liquiñe, en la comuna de Panguipulli, atraviesan días sin suministro de agua potable debido al colapso en la zona de captación tras un incremento en los caudales, los antecedentes técnicos oficiales revelan que el sistema operaba bajo un severo nivel de fragilidad estructural e irregularidades administrativas.

Así lo confirma el Informe de Auditoría al Servicio Sanitario Rural (SSR) de Liquiñe, elaborado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y emitido el 27 de febrero de 2026. El documento, que fiscalizó el período comprendido entre los años 2022 y 2024, arroja conclusiones complejas sobre el estado de la infraestructura y el control de gestión de la red comunitaria.

Sobredemanda no autorizada y 78% de pérdida de agua

Uno de los puntos clave del informe técnico evidencia la presión a la que estaba sometido el sistema antes de la falla actual. Con fecha 6 de enero de 2021, la DOH emitió un informe complementario que determinó el cierre de factibilidad del APR de Liquiñe con un tope de 652 arranques, debido a que el caudal extraído superaba el máximo permitido.

Sin embargo, los auditores constataron que, al cierre del año 2025, el SSR mantenía un total de 762 arranques en funcionamiento —110 más que el límite fijado—, sin que se hayan realizado los estudios de ingeniería obligatorios ni se hayan tramitado las solicitudes de factibilidad correspondientes ante la DOH, incumpliendo la Ley 20.998.

A esta sobreexplotación de la red se suma un problema operativo sostenido: durante el período auditado, el sistema registró un porcentaje promedio de pérdida del 78% del agua producida. Según el análisis de la DOH, este indicador refleja fallas serias en el control del recurso, generadas por fugas no reparadas o extracción no contabilizada.

Falta de mantenimiento e irregularidades logísticas

La acusación de los vecinos sobre la falta de mantenimiento constante para evitar una emergencia como la ocurrida en la captación se alinea con los hallazgos logísticos del órgano fiscalizador.

La auditoría determinó que el furgón del SSR —vehículo destinado al despliegue del personal para revisiones e intervenciones en terreno— funcionó durante el período revisado sin permiso de circulación vigente, sin revisión técnica y sin Seguro Obligatorio (SOAP). La DOH advirtió que la directiva conocía esta situación y continuó utilizando el móvil en contravención a la Ley de Tránsito y a las obligaciones de seguridad laboral del Código del Trabajo.

Ausencia de balances, actas desaparecidas y aportes a instituciones

En el ámbito administrativo y financiero, el fiscalizador contable de la DOH concluyó que no fue posible emitir una opinión sobre la situación financiera real del servicio, debido a que la directiva no presentó los Balances Consolidados ni los Estados de Resultado de los años 2022, 2023 y 2024.

Entre las principales anomalías detectadas en el documento destacan:

1. Desaparición de libros obligatorios: No se entregó el Libro de Actas de Asambleas. El SSR notificó formalmente a la auditoría mediante correo electrónico que «lamentablemente el libro de acta de socios no fue encontrado», lo que impide verificar legalmente las decisiones y acuerdos tomados con la comunidad.

2. Finiquito y presunto conflicto de interés: Se fiscalizó el pago de un finiquito por 10 años de servicio en agosto de 2022 al supervisor de la planta, don Jaime Carrasco, mediante la causal de mutuo acuerdo, siendo recontratado de manera inmediata al día siguiente. El informe consigna que la decisión fue adoptada por el entonces presidente del SSR, Fabián Carrasco (hijo del trabajador beneficiado), sin contar con respaldo de acta de directorio ni aprobación de la asamblea de socios.

3. Aportes a Bomberos y prohibición legal: Se constataron egresos por concepto de aportes a instituciones externas, como Bomberos, el club deportivo local, fallecimiento de socios y la confección de calendarios ($250.000). Cabe destacar que el expresidente del APR, Fabián Carrasco, integra la institución voluntaria desde hace años, ostentando actualmente el cargo de Vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Panguipulli. Dichas transferencias contravienen expresamente el artículo 114 del reglamento de la Ley 20.998, normativa que prohíbe este tipo de aportes y exige destinar la totalidad de los ingresos recabados exclusivamente a la mantención y operación del servicio sanitario hídrico.

4. Desembolsos en convenios externos: El reporte identificó egresos asumidos por el APR en el marco de un proyecto con las Naciones Unidas, pese a que el convenio suscrito no estipulaba que el servicio sanitario debía realizar gastos con fondos propios. La DOH dispuso la devolución de dichos montos a las arcas del SSR.

La crisis social de Liquiñe y las interrogantes que quedan en el aire

Hoy en día, las consecuencias de la interrupción del servicio las sufren de manera directa los vecinos y la actividad local. La falta del suministro hídrico ha afectado el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales, de las actividades comerciales y de servicios esenciales en la zona. Frente a la contingencia originada por el daño en el millonario filtro de la captación, se levantaron jornadas de trabajo donde la comunidad, el municipio y los actuales integrantes de la directiva del APR acudieron a limpiar el área afectada, mientras se intentan ejecutar labores para clorar el agua de manera manual.

Sin embargo, ante el contraste entre la emergencia que afecta la rutina de todo un pueblo y los hallazgos plasmados en la auditoría técnica de la DOH, la comunidad se plantea inevitablemente las preguntas clave: ¿Se pudo haber evitado este colapso en la captación si los recursos del APR se hubiesen destinado estrictamente a la mantención preventiva de la infraestructura en lugar de incurrir en gastos no autorizados por la ley? ¿Hasta qué punto el descontrol de un 78% de pérdidas de agua y el funcionamiento sin autorizaciones vigentes mermaron la capacidad de respuesta técnica del sistema ante las crecidas del caudal? ¿Quién responderá ante las familias de Liquiñe por los años en que la gestión operativa avanzó a ciegas, comprometiendo el acceso a un elemento vital para la vida cotidiana de la localidad?

Muestreos sanitarios y la espera por la reposición del servicio

En cuanto al estado actual del suministro, tras los complejos trabajos para despejar la captación e implementar la cloración manual, personal de la Autoridad Sanitaria realizó una visita técnica a la zona para tomar muestras de agua. Desde la Municipalidad de Panguipulli informaron que las mediciones iniciales arrojaron parámetros de cloro normales y aptos para el consumo humano, lo que dejaría en manos de la directiva del APR la decisión de reanudar el abastecimiento. Sin embargo, la Seremi de Salud envió las contramuestras a un laboratorio especializado cuyos análisis definitivos tardarán cerca de siete días en ratificar la potabilidad del recurso, manteniendo en incertidumbre el restablecimiento seguro y definitivo de este servicio esencial para Liquiñe.

fuente: https://www.somosnoticias.cl/2026/08/12/42009/