El gobierno de Evo Morales no quería seguir cediendo ante las transnacionales ni imponer una política estatista. Entonces llamó a los mineros a formar cooperativas para que ellos mismos exploten las minas. Todo parecía muy bien. Pero pronto se acabaron las ilusiones. Los cooperativistas se convirtieron en patrones y, lo que es peor, de trabajadores que están impedidos de sindicalizarse.

La Constitución Política de Bolivia, los tratados internacionales, las leyes protegen el derecho a sindicalización. Sin embargo la Ley General de Cooperativas desconoce este derecho en su artículo 37.IV.2 aprobado el 2013 bajo presión de los cooperativistas. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) ha denunciado que “no quieren la sindicalización de los trabajadores porque se liberarían del yugo explotador al que someten a miles de sus dependientes (peones de segunda mano), muchos de ellos niños y mujeres que trabajan en condiciones laborales infrahumanas, no les reconocen ningún derecho”.

Cualquiera diría que con todos estos privilegios los cooperativistas estarían más que felices. Sin embargo hemos visto en estos días bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía. La policía boliviana, dentro del proceso iniciado por Evo Morales, está impedida de usar armas letales para enfrentar protestas. El resultado ha sido que hayan policías heridos por los cooperativistas ¿Qué es lo que piden? Que se les permita hacer sociedades con las empresas transnacionales. O sea, que se permita entrar por la ventana a quienes fueron echados por la puerta.

La Federación Minera (FSTMB) se ha opuesto a esta propuesta que acabaría en los hechos con el proceso boliviano. En cambio ha propuesto:

• Anular todos los contratos con los que se beneficiaron los cooperativistas con la protección de leyes neoliberales.

• Promulgación inmediata de la ley de sindicalización de los trabajadores dependientes de las cooperativas mineras.

• Que no se ceda ni un milímetro del territorio nacional. Proteger las áreas nacionalizadas, las de reserva fiscal, las áreas protegidas y forestales, los salares y las áreas declaradas patrimonio nacional y universal como el cerro de Potosí.

• Que se expulse con ignominia de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia a quienes no cumplen con la ley, en especial a Federico Escobar Churqui, que es el cabecilla de los bloqueos.