Esta Ley puede ser la primera piedra que sostenga el nuevo rol y trato de nuestra educación técnica.
Columna escrita por Patricio Carrasco
Investigador de Política Educativa de Educación 2020
Hace pocas horas la educación pública y la formación técnica conquistaron un triunfo importante: la promulgación de la Ley que crea 15 Centros de Formación Técnica públicos en el país. Será uno para cada región. Será una oportunidad para quebrarle la mano a la golpeada historia de nuestra educación técnica.
Hace tiempo sostuvimos que una oferta técnica de calidad es clave para el desarrollo de nuestro país. Y que contar con CFT públicos era un imprescindible. Por eso fuimos insistentes al señalar que la primera propuesta de proyecto era insuficiente, porque tal como estaba formulada no logaría impactar en el sistema. Luego de la discusión legislativa, la propuesta parece más madura, sobre todo en su dimensión de regulación y aseguramiento de la calidad, aspectos imprescindibles para el éxito de la medida.
También valoramos esta Ley por ser otro paso en el necesario objetivo de fortalecer nuestra educación pública. Cuando sean aprobados, los Servicios Locales de Educación Pública debiesen articularse con estos CFT estatales, para promover trayectorias continuas de formación, para reconocer aprendizajes y, por sobre todo, para promover un desarrollo vinculado a la realidad de cada una de las regiones del país.
Son buenas noticias. Lamentablemente, también se han perdido oportunidades de vincular esta discusión con otros debates de la agenda pública. Es un contrasentido que en la discusión de gratuidad no se haya establecido un compromiso para que los nuevos CFT estatales sean parte de la política, en la medida que vayan abriendo sus puertas.
Para que estos nuevos CFT cumplan con el rol que prometen es vital que apuesten por la innovación radical. La educación técnica no puede pensarse únicamente como un espacio de capacitación para el mundo laboral, sino que debe entenderse como un espacio de experimentación, investigación, colaboración y desarrollo; que siente las bases para un salto en la estructura productiva y comercial del país.
Asimismo, es necesario que su implementación sea participativa y transparente, abriendo espacios de diálogo y decisión en todas las regiones, que permitan definir en conjunto la ubicación y oferta académica de cada CFT, así como su desarrollo social y económico. La educación técnica merece un nuevo posicionamiento social y la ciudadanía debe integrar esa reestructuración.
Esta Ley puede ser la primera piedra que sostenga el nuevo rol y trato de nuestra educación técnica. Es una tarea masiva velar para que su implementación cumpla este anhelo
FUENTE: http://www.educacion2020.cl/