La Comisión Nacional de Productividad (CNP) hizo varias recomendaciones a los ministerios de Economía y Hacienda para potenciar la reactivación, tras el golpe a la billetera fiscal que supone la pandemia.
12 son las recomendaciones que la CNP le hizo al gobierno, bajo la consigna de potenciar la reactivación económica del país. Las medidas están enfocadas en la inversión en varios sectores, en mejoras a la gestión de instituciones públicas que no están siendo eficientes y en levantar y establecer restricciones a algunos permisos municipales.
De acuerdo al listado, consignado por El Mercurio, la CNP postula que «se debe acelerar la tramitación del proyecto de ley (boletín Nº 12.026-13) que incluye el reemplazo del artículo 203 del Código del Trabajo por un sistema que financie o provea salas cuna de calidad, gratuitas para todos los hijos de hogares uniparentales o de parejas en que ambos trabajen o estudien, independiente del tamaño de la empresa o del número de mujeres que trabajen en ella».
Apuntan a que se debe «ampliar la utilización de mecanismos de traspaso de costos a los usuarios en formato de colaboradores externos y costeo directo de trámites». De acuerdo a la CNP, la utilización de colaboradores externos y el costeo directo de trámites son «mecanismos útiles para incrementar la eficiencia de los servicios públicos, así como la transparencia y la equidad en la tramitación de permisos necesarios para la inversión».
«Estos esquemas son utilizados exitosamente en Chile y otros países», afirman.
Argumentando que el seguimiento del estado de los trámites es clave para el buen funcionamiento del sector público, proponen que la trazabilidad en la tramitación de los permisos necesarios para realizar inversiones es clave y ayuda a la transparencia y reduce la incertidumbre de los solicitantes.
La estructura de la Resolución de Calificación Ambiental es otro punto en la lista de la CNP. Sostienen que esta restringe la adaptabilidad de los proyectos a circunstancias propias de un entorno dinámico, desde modificaciones en el medio ambiente a mejoras tecnológicas. «Esto da espacio para mejorar los procesos de evaluación en términos de su orden y simplicidad», explican.
La comisión también recomienda la modificación del artículo 26 del RSEIA para poner vallas expresamente en el condicionamiento de permisos sectoriales y/o municipales a la presentación de una Consulta de Pertinencia.
Respecto a la planificación de infraestructura, añaden que la evidencia sugiere que obras de magnitudes similares son desarrolladas en menores plazos, cuando se consideran en conjunto las etapas de diseño y ejecución, en comparación con aquellas en que se llevan a cabo por separado.
Sobre la calidad de los diseños de las obras públicas, la CNP recomienda mandatar, vía resolución del Ministerio de Hacienda, a las unidades ejecutoras del SNI que elaboren estándares sobre los requerimientos mínimos asociados al desarrollo de sus proyectos, especificando y fijando el nivel de definición para cada una de las fases, la metodología y precisión en la estimación de costos y programa de trabajo.
El punto sobre las bases de licitación de las obras públicas expone que «la calidad de los procesos de licitación de obras públicas incide directamente en los costos y plazos involucrados en la construcción de las mismas». Y se menciona que los contratos de ejecución de obras públicas coartan la relación entre el mandante y el contratista. «Las deficiencias en dichos contratos se manifiestan, tarde o temprano, en malos incentivos para las partes involucradas» remarcan.
La CNP detectó que los procedimientos de cambio de servicios tienen deficiencias que, en ocasiones, «generan aumentos de costos y retrasos en las obras». Aquí se manda a modificar los reglamentos relacionados con atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias de las superintendencias respectivas.
Otro punto está a favor de que la regulación de los procesos de expropiación «puede ser objeto de mejoras sustanciales en términos de eficiencia y respeto de los principios involucrados».
La recomendación final es que las modificaciones de contrato deben efectuarse bajo resguardos significativos, puesto que pueden implicar incentivos perversos que generan sobrecostos y terminan por lesionar el interés público.
Fuente: elmostrador.cl