La Contraloría General de la República emitió el Dictamen N° E167199N25, fechado el 3 de octubre de 2025, en el que aclaró los alcances del Programa de Respuesta para la Emergencia Hídrica (PREH) respecto del financiamiento de situaciones vinculadas a la contaminación del agua o de sus fuentes de captación.
El pronunciamiento respondió a una consulta de la Municipalidad de Cabrero, que solicitó definir si estos recursos podían destinarse a emergencias provocadas por contaminación. Tras analizar los antecedentes entregados por el Ministerio de Salud, la Subsecretaría del Interior, la Dirección de Presupuestos y otros organismos, el ente contralor concluyó que, aunque la contaminación no se considera formalmente una emergencia hídrica, sí puede tratarse como una interrupción del servicio de agua potable.
Esto permite que los municipios gestionen financiamiento del PREH a través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias (UGRE), conforme a los procedimientos definidos por la Subsecretaría del Interior en la circular N° 7 de 2024.
El dictamen también recordó que la definición sobre cuándo el agua es apta para consumo humano corresponde al Ministerio de Salud, según el decreto N° 735 de 1969.
Con esta interpretación, la Contraloría busca otorgar certeza jurídica y mejorar la coordinación institucional ante situaciones que afecten la disponibilidad y calidad del agua potable en el país.
