– La Nueva Ley 20.998 que regula a las cooperativas y comités de Agua Potable Rural (APR) y los transforma en Servicio Sanitario Rural (SSR), exigiendo a los sistemas hacerse cargo de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
El 20 de noviembre entró en vigencia la Ley 20.998 que establecerá el marco regulatorio para la provisión de los servicios sanitarios de agua potable y saneamiento en las zonas rurales, la cual se constituye como el cambio más importante de los últimos años en este sector para Chile.
“La aplicación de esta ley será gradual y tiene entre sus principales beneficios que reconoce a las organizaciones comunitarias y sociales como administradores y operadores de Servicios Sanitarios Rurales otorgándoles una licencia; se mantiene la obligación del Estado para el financiamiento y ejecución de la infraestructura y establece un ente revisor de proyectos de agua potable y saneamiento, la nueva Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, lo que busca asegurar un estándar homogéneo en las soluciones” explicó Manuel Muñoz, Gerente General de RAU Ltda.
Adicionalmente, establece que las tarifas por los servicios serán calculadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), esto aproximadamente a partir del tercer o cuarto año de vigencia de la ley, entre otras materias. “Ya no seremos autónomos en ese sentido y tendremos que acatar las condiciones que nos exijan. Podremos, eso sí, modificar la tarifa en un 10%, ya sea para subirla o bajarla. Antiguamente, las tarifas se fijaban en base a estudios internos o se contrataba a un profesional para que las proyectara en el tiempo e hiciera los cálculos y una vez aprobada por los socios entraba en vigencia la tarifa, pero ahora ya no dependerán de nosotros”, manifestó el Gerente General.
Una de las complejidades de la implementación de la nueva ley está referido a la capacidad de la organización comunitaria de hacerse cargo de las nuevas exigencias, no solo de una calidad de servicio, si no que de requisitos técnicos; como cumplir con el registro de operadores, desarrollar un plan de inversiones, cumplir con los fondos de garantía, garantizar la continuidad de servicio, cumplir con los deberes y derechos de los usuarios y operadores, implementar tarifas con la SISS, hacer los informes y balances financieros, etc. Esta nueva etapa significa una mayor profesionalización de la gestión, siendo este es uno de los mayores desafíos.
Sin embargo, Muñoz explica que como las primeras conversaciones de esta Ley surgieron en 2009 y se promulgó en 2017, “la Cooperativa RAU ha trabajado durante todos estos años en sus estatutos y procedimientos basándose en la nueva Ley, por lo tanto, no es tanto el trabajo que tendremos que hacer para poder acreditarnos según nos exige esta nueva normativa y la principal diferencia que tendremos consiste en que nosotros ya no regularemos la tarifa” enfatizó.
Fuente: diarioelheraldo.cl