Cooperativas Agro-alimentarias de España anunció este viernes su decisión de personarse en el procedimiento judicial impulsado por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo (Asoliva), la Federación Española de Almazaras Industriales de Aceite de Oliva (Infaoliva) y Almazaras Federadas de España (AFE) contra la Orden APA/1192/2025, de 28 de octubre.
La norma busca “establecer los criterios de activación y de funcionamiento de la norma de comercialización del aceite de oliva” prevista en el Real Decreto 84/2021, con el objetivo de “regular la oferta para mejorar la estabilidad y funcionamiento del mercado del sector del aceite de oliva”, según el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De acuerdo con Cooperativas, la medida pretende “prevenir posibles distorsiones en el mercado derivadas de situaciones de sobreproducción como la prevista en la campaña 2025/26”, mediante la eventual retirada de producto cuando la disponibilidad sea “significativamente superior a la media de comercialización”.
El BOE detalla que la retirada requerirá que las existencias iniciales más la producción estimada alcancen al menos el 120% del promedio de las seis campañas anteriores.
La organización subraya que este mecanismo no se aplicará en la campaña 2025/2026, al no darse las condiciones actuales, y sostiene que el recurso “persigue su eliminación estructural como herramienta de regulación futura y como red de seguridad para el sector productor”. Además, acusa a las entidades demandantes de centrarse solo “en la maximización de márgenes comerciales”.
