El economista e investigador de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Raúl González, entregó un análisis sobre la trayectoria de la toma de San Antonio, surgida en 2019 y expandida durante la pandemia, poniendo el foco en la capacidad organizativa de las familias y en el cooperativismo como herramienta para defender el derecho a la vivienda.
Según explica el académico, el fenómeno se enmarca en un déficit habitacional arrastrado por décadas. “Chile arrastra un déficit de décadas”, señala, recordando que, pese a las políticas de vivienda de los años 90, el problema reaparece con fuerza hace más de diez años debido al alza del suelo y de los arriendos. La pandemia profundizó esta situación, afectando a familias que llevaban años postulando sin éxito a subsidios. “El 100% de las personas llegó a ese sitio pensando que lo iban a pagar”, afirma González.
Actualmente, la toma reúne cerca de 4.000 familias, mayoritariamente chilenas, organizadas en torno a unas 40 cooperativas de vivienda cerrada, las que incluso conformaron una federación. “En ese proceso de defensa de lo construido y de negociación con el Estado –específicamente con el MINVU– surge y se consolida la figura de las cooperativas”, explica el economista.
Respecto al proceso de regularización, González aclara que, tras la decisión estatal de expropiar parte del terreno, “serán las familias organizadas en cooperativas las que deberán pagar por sus terrenos”. Añade que la expropiación se debió a que los propietarios exigían “el doble del valor comercial”, lo que impidió un acuerdo previo.
