Reflexionar y profundizar en las desigualdades socioambientales de América Latina, a eso nos invita el Acuerdo de Escazú. Una realidad que, en Chile, principalmente como resultado de una historia de origen colonial, y de una dictadura que permitió la entrada de políticas neoliberales y neoextractivistas, ha tenido particular impacto en las poblaciones más vulnerables, especialmente las mujeres, quienes han sido despojadas del derecho humano al agua y a la tierra, marginadas en la toma de decisiones y del acceso a los bienes naturales comunes. Todo lo cual deja de manifiesto que la violencia extractiva ejercida hacia la naturaleza es semejante a la violencia que viven las mujeres de territorios rurales, peri rurales y de pueblos originarios en nuestro país.
En febrero de este año, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) anunció que América Central, América del Sur y los pequeños estados insulares, como son los países del Caribe, se encuentran entre las regiones más vulnerables a los impactos de la crisis climática.
El informe destaca la urgencia de abordar la actual crisis climática y ecológica a partir de un enfoque en derechos humanos. Además, indica que los Estados deben –desde el principio de solidaridad– ser capaces de adoptar políticas que permitan a los grupos más vulnerables poder participar de manera significativa y, al mismo tiempo, favorecerse de aquellas estrategias que permitan crear resiliencia climática.
La actual ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, fue parte del grupo de expertos que emitió dicho informe y hoy cumple un importante rol en la adhesión, que Chile estaría ad portas de firmar, al Acuerdo de Escazú, el que será votado el martes 31 de mayo en el Senado. Cabe destacar que en la Cámara de Diputados y Diputadas el Acuerdo gozó de un amplio y transversal respaldo.
El Acuerdo de Escazú ha sido catalogado por diferentes expertos como el “Tratado por los Derechos Humanos y el Medioambiente” más importante de los últimos 20 años. Se trata de un acuerdo histórico en materia de avance del multilateralismo y la democracia ambiental, que viene a garantizar los llamados “derechos de acceso” a la información, a la participación ciudadana y a la justicia ambiental. Lo anterior, permitirá una toma de decisiones informada y consensuada socialmente, lo que generará, entre otros beneficios, estabilidad social y prevención de conflictos socioambientales.
El Acuerdo ha sido también valorado nacional e internacionalmente como un tratado pionero en beneficio del medio ambiente, la equidad y los derechos humanos y como una herramienta efectiva para enfrentar la crisis climática y ecológica, permitiendo consecuentemente robustecer la democracia y mejorar la gobernanza de los Estados y propender también a la protección de los derechos de las futuras generaciones.
Fuente: elmostrador.cl