Foto: Archivo Agencia Uno

Fuertes críticas a las condiciones de hacinamiento de reclusos y gendarmes, como a la insalubridad existente en algunos recintos penitenciarios y la lenta reposición de servicios en recintos concesionados son algunas de las observaciones realizadas por la comisión de visita semestral de la Corte de Apelaciones de Santiago, que hoy entregó su informe respecto de 13 centros de detención al pleno del tribunal de alzada, a la ministra de Justicia, al director nacional de Gendarmería y a los alcaides de cada uno de los recintos visitados.

Dentro de las conclusiones emitidas por la comisión, se hace notar el «retroceso» que significó volver a incorporar a población penal en el centro de detención preventiva Santiago Sur. «Resulta frustrante volver a una situación que se creía ya superada, con aquella medida adoptada en septiembre de 2015, al redestinar 128 imputados al CDP Santiago Sur provenientes del Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, unidad creada precisamente con el objeto de cumplir tal cometido, que aparece como un punto que urge revertir a la brevedad», señala el informe.

El documento además hace ver las condiciones de insalubridad en la que viven los reos de recintos como la ex Penitenciaría, lo que además no se limita sólo a la población penal, sino que se extiende a los gendarmes.

Las instalaciones presentan «insuficiencias, destrucción y falta de higiene evidentes (…) No puede dejar de observarse las precarias condiciones en que pernoctan los funcionarios de Gendarmería dentro del penal, sobre todo aquellos más recientemente incorporados, ya que las dependencias por ellos habitadas están en pésimo estado de mantenimiento, hacinadas, sucias y carentes de luz, encontrando incluso basura amontonada en los pasillo y rincones de las dependencias de descanso, situación ésta que en algunos casos no se diferencia mucho de aquella forma de vida que actualmente mantienen los reclusos«, indica el informe.

En cuanto al Centro de Detención Preventiva Santiago I, la comisión de visita de cárceles denuncia que se deben revisar los incumplimientos de la concesionaria debido a que «la situación de reposición de servicios básicos como agua potable y electricidad en módulos constituye un requerimiento básico y urgente que no solo atenta con la provisión de dichos servicios, sino que configura una situación de alta inseguridad para el personal penitenciario, el que en la actualidad se ve obligado a ingresar a ciertas áreas provisto de linternas personales a falta de luz».

PUNTA PEUCO
Con respecto al recinto de Punta Peuco, el documento hace notar la lejanía y dificultad para trasladar a algunos reos a centros de atención médica, además de la restricción a las visitas de los reclusos.

«Presenta grandes dificultades para los desplazamientos a centros de salud imprescindibles para los internos, atendida especialmente la edad avanzada de muchos de ellos, en particular, la asistencia a centros de diálisis«, indica el documento.

La comisión está presidida por la ministra Romy Rutherford Parentti, y está integrada por jueces de juzgados de Garantía y de tribunales orales. Durante el segundo semestre visitó el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex Penitenciaría), el Centro de Detención Preventiva Santiago I, la unidad especial de Alta Seguridad, el Centro de Reclusión Cerrado Masculinio de Til Til, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, el Centro de Cumplimiento Penitenciario Santiago I, la unidad de atención psiquiátrica de imputado del hospital psiquiátrico Dr. José Horwitz, el Centro de Reinserción Social Manuel Rodríguez, el Centro de Educación y Trabajo Metropolitano, el Centro de Internación Provisoria Mixto, el Centro de Régimen Cerrado Femenino San Francisco y el Centro Semicerrado Femenino de Santiago.