INDH Coquimbo ofició a organismos públicos por agua contaminada con residuos mineros en zona rural de Choapa

Un derrame de residuos producido en los yacimientos de la Compañía Minera Tres Valles contaminó el agua que las personas utilizan para beber, regar y mantener a sus animales. La sede del INDH solicitó conocer las medidas que se han implementado para dimensionar la extensión del daño y mitigar sus consecuencias.

Un reciente informe de la Dirección General de Aguas y la Superintendencia del Medio Ambiente constató que el agua de la quebrada Quilmenco, en la cuenca del río Choapa, tiene presencia de aluminio, hierro, manganeso y arsénico por sobre las normas de riego y uso potable. Debido a esto, el informe concluyó limitación absoluta del uso del agua. Frente a esto, la sede de Coquimbo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ofició a ocho organismos del Estado consultando las medidas adoptadas ante una situación derivada de las faenas de la Compañía Minera Tres Valles.

La abogada de la sede de Coquimbo, Margot Aguilera, aseguró que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano. Nos preocupa que las comunidades rurales de la cuenca de Choapa dependan de un cauce cuya agua hoy no es apta para el consumo, sin información clara sobre los sectores afectados. Es deber del Estado actuar de manera coordinada para proteger su salud y garantizar la reparación del daño”.

Ubicada en la comuna de Salamanca, Quilmenco es una quebrada del sector Chuchiñi que desemboca en el río Choapa. La afectación ocurrida en esta quebrada puede alcanzar no sólo a las localidades rurales situadas aguas abajo en Salamanca, sino también hasta Illapel. Las comunidades dependen del cauce y de napas asociadas para el consumo humano a través de comités de agua potable rural. Además, esta misma agua se destina al riego de sembradíos y a la mantención de ganado.

Dirigentes del comité de agua potable rural de Chuchiñi han manifestado su preocupación por la eventual afectación de las aguas subterráneas. La Municipalidad de Illapel, que dio a conocer el informe, pidió extender los estudios a los pozos de captación del agua potable rural de Peralillo y de otras localidades aguas abajo. La extensión precisa del área afectada y la población expuesta es, justamente, parte de la información que el INDH solicitó a los organismos técnicos, ya que hasta ahora no ha sido difundida públicamente.

En el marco del cumplimiento de su mandato legal, la legislación faculta al INDH a solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado a fin de recabar toda la información necesaria para analizar eventuales vulneraciones de derechos y ejercer las acciones de protección que correspondan. Por ello la sede del INDH envió requerimientos a la Seremi de Salud, la Superintendencia del Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, la Delegación Provincial de Choapa y a las municipalidades de Illapel y Salamanca.

En estos oficios, el INDH solicitó saber si se han efectuado muestreos en los sistemas de agua potable rural, qué medidas se han dispuesto para asegurar agua segura a la población, en qué estado se encuentra el procedimiento sancionatorio contra la empresa y qué ocurrirá con la reparación del daño. Asimismo, preguntó a todos los organismos qué información han entregado a las comunidades afectadas, conforme a la obligación del Acuerdo de Escazú de divulgar de forma inmediata los antecedentes que permitan a la población protegerse. El INDH sugirió un plazo de respuesta de cinco días hábiles y continuará dando seguimiento al caso.

Cabe recordar que en diciembre pasado la Superintendencia de Medio Ambiente formuló ocho cargos contra la Minera Tres Valles, dedicada a la extracción de cobre. Entre las faltas detectadas está el derrame de residuos en la quebrada ocurrido en 2024. También, hay que considerar que la firma tiene un proceso de liquidación concursal, un mecanismo judicial que busca que la empresa pague a sus acreedores.

En 2022, el Informe Anual del INDH destinó un capítulo a analizar el derecho al agua, en el cual se indica que en el contexto de cambio climático y crisis hídrica que afecta al país, hay ciertos grupos que están más amenazados, esencialmente las personas del mundo rural. Entre otras recomendaciones, además, se planteaba al Poder Ejecutivo evaluar la dictación de una ley sobre debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos.

fuente: https://www.indh.cl/indh-coquimbo-oficio-agua-contaminada-choapa/