Cada vez más organizaciones y plataformas de productores de comercio justo están liderando procesos de incidencia política y social en los países latinoamericanos.
«Independientemente de quien gobierne, el comercio justo es una respuesta concreta a los desafíos que presentan las desigualdades, la pobreza y la búsqueda de mayor equidad y sostenibilidad». Son palabras de Raúl Navarrete, actual presidente de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo de Chile (CNCJ-Chile), red que está desarrollando un profundo trabajo de incidencia político-social para la promoción del comercio justo a nivel nacional y en regiones.
La CNCJ-Chile es miembro de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC, principal red de comercio justo enAmérica Latina y el Caribe. El 13 de noviembre de 2017 CLAC, CNCJ-Chile y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lanzaron en Santiago de Chile el libro “El aporte del comercio justo al desarrollo sostenible” (Marco Coscione y Nanno Mulder, editores; 134 pág.). La idea de esta publicación nació a raíz del Encuentro Internacional “Comercio Justo: una alianza estratégica para el desarrollo sostenible” que CLAC y la Coordinadora Nacional de Comercio Justo de Bolivia desarrollaron en mayo de 2017 en La Paz.
El objetivo del evento era visibilizar el rol que los productores y sus organizaciones están teniendo en los procesos de incidencia política y social a nivel local y nacional. Procesos dirigidos a la construcción de políticas públicas que fomenten el comercio justo (como es el caso del rol de la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo en la construcción de la Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo); al fomento de un desarrollo rural más inclusivo y equitativo (como en el caso de la política boliviana para el sector cacaotero y el protagonismo de la Central de Cooperativas El Ceibo en su articulación); a la inclusión de jóvenes en la educación en las zonas rurales (con la propuesta de una universidad para el campo desarrollada por la Cooperativa del Sur del Cauca en Colombia); a la regularización de los trabajadores rurales extranjeros (como en el caso de las organizaciones de comercio justo en la Rep. Dominicana y la situación de la mano de obra haitiana en el sector bananero del país caribeño); o a la promoción del comercio justo a nivel nacional (como el caso del papel desarrollado por la CNCJ-Chile).
El segundo capítulo del libro recoge todas estas experiencias de incidencia protagonizadas por las mismas organizaciones de productores. Además, el primer capítulo presenta una caracterización del movimiento por un comercio justo en el continente, el desarrollo histórico e institucional de CLAC y un paralelismo entre los principios del comercio justo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente, el librotermina con algunas potencialidades que la CEPAL y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) identifican para ampliar el impacto del comercio justo en el continente.
Esta publicación se suma a otros esfuerzos que CLAC está llevando a cabo para posicionar el comercio justo en las agendas públicas e investigaciones del continente. A principios de este año, CLAC publicó el informe “Políticas públicas para el fomento del comercio justo y solidario en América Latina: los casos de Brasil, Ecuador y Colombia” con el apoyo de la cooperación finlandés y Fairtrade Finlandia. También disponible en la web de CLAC.
Desde la creación, en 2003, de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria (SENAES) y del Consejo Nacional de Economía Solidaria (CNES), la relación entre el Gobierno Federal de Brasil y el movimiento social de la economía solidaria y el comercio justo fue fundamental para llegar al Decreto Presidencial n. 7.358 (17 de noviembre de 2010), que instituyó el Sistema Nacional de Comercio Justo y Solidario (SNCJS) al interior del Ministerio del Trabajo y Empleo. Hasta ahora, el fomento de las prácticas de comercio justo y solidario desde el Gobierno Federal de Brasil se llevó a cabo principalmente a través de los programas Economía Solidaria en Desarrollo y Desarrollo Regional Territorial Sostenible y Economía Solidaria; y el Plan Brasil Justo y Solidario, con el cual se buscó promover la superación de la pobreza, a través de la generación de ingresos por medio de la asociatividad.
El caso ecuatoriano es también muy interesante, principalmente por la inclusión del comercio justo en la Constitución de 2008, en la Ley de Economía Popular y Solidaria y en otras políticas sectoriales. Desde 2010, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, ahora Ministerio de Comercio Exterior ha liderado la construcción de la Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo, un esfuerzo colaborativo entre varios ministerios y las mismas organizaciones y actores privados y solidarios del comercio justo ecuatoriano. Esta estrategia se puso en marcha a finales de 2015, a través del Mecanismo Nacional para el Fortalecimiento del Comercio Justo y del Comité Especial de la Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo.
Colombia cuenta desde el 1998 con una ley de economía solidaria; sin embargo, en ámbito de comercio justo destacan, sobre todo, las experiencias de sus principales ciudades. Bogotá se distingue por la búsqueda de relaciones cada vez más estrechas y solidarias entre el campo y la ciudad. El caso de los Mercados Campesinos es un claro ejemplo de este enfoque. Medellín, por otro lado, destaca por su Plan Decenal de Economía Social y Solidaria, en el cual se hace explícita la referencia al comercio justo y se hace un llamado a los ciudadanos para que sean consumidores más conscientes y responsables. A pesar de que no exista una política específica para el comercio justo, los actuales debates en Colombia están incluyendo varios temas de crucial importancia para el comercio justo: economías propias, solidarias y alternativas, mercados locales, circuitos cortos y sellos comerciales de calidad son algunos de ellos.
Marco Coscione / [email protected]
Fuente: Elciudadano
