La obra pública de Bariloche quedará en manos de cooperativas

Un 30% del presupuesto destinado a obra pública en Bariloche, debe ser para cooperativas de trabajo. Archivo

Las cooperativas de trabajo serán destinatarias de la obra pública a pequeña y mediana escala que a partir de ahora contrate la municipalidad, según la modificación del régimen de contrataciones que se instrumentará en los próximos días.

Las cooperativas serán incluidas en la posibilidad de realizar obras de mejoramiento de infraestructura en barrios mediante contratación directa, concurso de precios y licitación privada.

Esta modificación a la ordenanza de contrataciones de 2010 fue impulsada a comienzos de mayo por el bloque Frente de Todos, y su autoría fue ampliada luego con la incorporación del concejal de Bariloche por el Cambio, Ariel Cárdenas. En las últimas semanas alcanzó en consenso de todos los concejales, por lo que llega hoy a sesión con dictámenes de comisiones aprobados por unanimidad.

La medida alcanza a cooperativas de trabajo o grupos asociativos cuyos integrantes deben tener domicilio en Bariloche y estar inscriptos en el registro de proveedores de la municipalidad.

Este proyecto que busca la generación de empleo y reactivación económica en el contexto de la pandemia del coronavirus, forma parte de un paquete de medidas impulsadas por la oposición pero hasta el momento es el único que tiene respaldo del oficialismo, con dictamen unánime en las comisiones de Obras Públicas y de Gobierno y Legales.

Otras iniciativas con el mismo objetivo promovidas por el Frente de Todos, como el Consejo Asesor Económico, Social y Productivo, o el proyecto que modifica el fondo especial dotado de aportes de empresas foráneas, no logran hasta ahora el respaldo de Juntos.


La iniciativa


La propuesta expresa puntualmente qué tipo de trabajos pueden realizar las cooperativas y referencia con el plan Argentina Hace, impulsado con el gobierno nacional, que financia obras para la reactivación de la economía y la generación de empleo para estos sectores.

Las obras que pueden realizar las cooperativas deben ser en una proporción mínima del 30% del monto total destinado a obra pública.

Comprende redes de agua potable y cloacas, mejoramiento de equipamiento comunitario, desmalezamiento y nivelación de suelo, construcción de cordón cuneta, viviendas sociales, mejoramientos habitacionales, ciclovías, dársenas y garitas del transporte urbano, cruces peatonales, colocación de luminarias, semáforos y forestación, colocación de mobiliario urbano y señalización.

La  futura ordenanza establece que las obras se adjudicarán a las cooperativas de acuerdo a un sistema de puntajes que contempla la experiencia en proyectos similares, el cumplimiento de contratos anteriores, la cantidad de asociados y las herramientas de trabajo disponibles. Las cooperativas deben contar con un representante técnico con matrícula en seguridad e higiene.

El municipio también queda habilitado a contratar a más de una cooperativa para realizar una obra, fraccionando las tareas, y las asociaciones no puede subcontratar personal, todos los trabajadores deben ser integrantes de la entidad.

La modalidad de pago establece que el municipio debe entregar un 30% de anticipo financiero antes de comenzar la obra. Ese porcentaje es mayor a las contrataciones habituales, mientras que las condiciones se equiparan con las empresas en cuanto a que los pagos se efectúan con la certificaciones de avance de la obra.


Un vacío normativo


La incorporación de las cooperativas y grupos asociativos al régimen de contrataciones de la municipalidad no estaba contemplada en la normativa vigente desde el año 2010 y se impulsa como “compatibles con una política de promoción de empleo local”.

En los fundamentos, los concejales del Frente de Todos destacan que hay antecedentes en la búsqueda de la promoción del empleo local, con ordenanzas puntuales durante la crisis de 2001 y otras de 2008 y 2018 que apuntan a fortalecer la contratación de mano de obra local.

Sin embargo, estas normas estaban directamente vinculadas a priorizar a las empresas constructoras que tenían un porcentaje (90%) de personal residente de Bariloche, con una radicación mayor a 2 años. Pero no contemplaban las particularidades de las cooperativas y grupos asociativos.

Fuente: rionegro.com.ar