“Teóricamente se quiso ir más allá del 40% más vulnerable -se quiso duplicar la oferta del gobierno- pero terminó siendo un “proyectos medidores dos, porque tal como está en vez de ayudar a las personas que están en las cooperativas eléctricas o en los APR (sistema de agua potable rural) los termina sacando de todo beneficio y hace que sea insoportable, salvo para empresas grandes”, dice el diputado Jaime Bellolio (UDI).
Esta tarde la Sala de la Cámara de Diputados votará el proyecto de ley que establece que durante la emergencia por Covid-19 se prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios cortar o suspender servicios aun estando en mora. La iniciativa busca ir más allá del acuerdo que el gobierno alcanzó con las empresas eléctricas y sanitarias el 27 de marzo y que apuntaba a beneficiar al 40% más vulnerable de la población.
Como en el póker, los parlamentarios del oficialismo y la oposición apostaron a ampliar el número de beneficiarios a través de cinco proyecto de ley que terminaron refundidos en la iniciativa que se vota esta tarde y que ya aprobó la comisión de Economía.
Sin embargo, lo que salió aprobado tras la discusión parlamentaria en Economía no dejó conforme ni al gobierno ni a las empresas del sector, que acusan una redacción confusa que lleva al error de que desde ahora se entregarán gratuitamente servicios básicos a todo evento. Advierten también un perjuicio para las firmas con menores espaldas financieras.
“Esto terminará siendo como el proyecto de ley de medidores eléctricos que partió con una buena intención y terminó siendo mal ejecutado”, dice un representante de las distribuidoras eléctricas.
Una opinión que comparte el diputado UDI Jaime Bellolio, quien en conversación con La Tercera PM advierte que “el proyecto quedó muy inconsistente, derechamente mal hecho”.
“Teóricamente se quiso ir más allá del 40% más vulnerable -se quiso duplicar la oferta del gobierno- pero terminó siendo un “proyectos medidores dos, porque tal como está en vez de ayudar a las personas que están en las cooperativas eléctricas o en los APR (sistema de agua potable rural) los termina sacando de todo beneficio y hace que sea insoportable, salvo para empresas grandes”.
La proyección de Bellolio, sin embargo, es que esta tarde la iniciativa será aprobada, incluso con votos de parlamentarios de Chile Vamos que en privado reconocen lo complejo que es votar una iniciativa como ésta.
En la bancada del Partido Socialista, en tanto, creen que la podría terminar en el Tribunal Constitucional. No obstante, en la UDI creen que el camino será el veto presidencial, pues entre los autores de las mociones refundidas hay parlamentarios de la UDI y RN.
La indicación del PC
Los nudos del proyecto son varios, sin embargo, uno de los puntos que generó mayor tensión fue la indicación presentada por el Partido Comunista a través de los diputados Boris Barrera, Marisela Santibáñez, Camila Vallejo, Hugo Gutiérrez, Amaro Labra y Daniel Núñez que amplía la entrega de servicios básicos.
“Del mismo modo, en el caso de quienes acreditan estar dentro del cuarenta por ciento de menores ingresos en conformidad con el Registro Social de Hogares al 1 de abril, quedan exentos del pago de servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet por un plazo de noventa días a contar de la publicación de esta ley. Se aplicará igual beneficio a quienes no reciban su remuneración completa en razón de encontrarse temporalmente suspendida su relación laboral y estén recibiendo seguro de cesantía sin importar su puntaje de Registro Social de Hogares», dice la citada indicación.
Danilo Zurita, director de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM-A.G.) lamenta el giro de la discusión parlamentaria. “El foco de este proyecto de ley era ayudar a la gente que hoy está necesitando y hay que considerar que algunas indicaciones no van en pos de ello, por el contrario, ponen en aprietos la estabilidad del sector eléctrico en general”.
Ayer tras la aprobación en la comisión de Constitución, el ministro Felipe Ward dijo que el proyecto pierde el foco original del acuerdo alcanzado el 27 de marzo con las empresas. En el acuerdo alcanzado con las empresas se establece que va el beneficio a la población más vulnerable y eso es algo que no recoge la iniciativa que está siendo estudiada y se va a votar mañana en la Cámara. Esta iniciativa no es adecuada, hay imperfecciones que los mismos parlamentarios han advertido que hay que corregir y, si bien se comprende la buena intensión de los parlamentarios, nos parece que un principio fundamental es focalizar», dijo.
Tal como ha sucedido en otras oportunidades, la apuesta del gobierno y el sector privado es que los senadores corrijan la iniciativa que aprobaría la Cámara Baja.
Fuente: latercera.com