Medioambiente se transforma en uno de los pilares del Acuerdo Transpacífico
Pero al analizar más en detalle el texto final, que fue firmado el 4 de febrero en Nueva Zelanda por 12 economías del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, también está presente la sustentabilidad en general, en temas laborales, de género, temáticas indígenas y de responsabilidad social empresarial. “Quizá estos conceptos están más a un nivel declarativo, pero claramente, el medioambiente tiene una fuerte evolución con respecto a los primeros tratados de Chile, donde este aspecto sólo se mencionaba”, comenta Felipe Lopeandía, jefe del Departamento de Acuerdo de Asociación Transpacífico de la Direcon (Ministerio de RREE).
Para hacerse una idea, el primer TLC que realizó nuestro país fue con Canadá (1996), donde tímidamente aparecen algunos elementos de medioambiente y sustentabilidad a manera de orientación. El TPP en cambio, especifica una serie de temas como resolución de conflictos, compromisos, cooperación internacional y bienes ambientales, entre otros elementos (ver recuadro).
De hecho, en la jerga de los “negociadores” de este tipo de tratados, se habla de temas tradicionales y temas nuevos. En el TPP, los primeros tienen que ver principalmente con los ambientales que ya existen (Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, MARPOL 73/78 y CITES) y los nuevos, están en conceptos sobre biodiversidad, pesca, conservación de especies exóticas invasoras, economías bajas en emisiones y bienes y servicios medioambientales.
Sin embargo, es importante aclarar que el TPP no impone obligaciones medioambientales iguales para todos los países, lo que exige es que en cada economía se haga efectiva la legislación vigente. “Cada país ha ido desarrollando su propia legislación de acuerdo a sus prioridades y esa normativa no se debe cambiar. Se acordó que ningún país puede debilitar o derogar aspectos de su legislación ambiental para promover el comercio. Esto es clave, porque muchos sectores críticos al TPP reclamaban que en Chile estábamos importando un estándar foráneo y eso no es así. Cada nación debe hacer cumplir su definición y el TPP no puede meterse en ese contenido”, explica Angélica Romero, jefa de Energía, Comercio y Desarrollo Sustentable de la Direcon y miembro del equipo negociador chileno.
Resolución de controversias
Uno de los aspectos más relevante dice relación con la definición de “ley ambiental”, la cual incluye los reglamentos y los acuerdos multilaterales del medio ambiente. “Esto significa que todo lo incluido en la definición quedaría cubierto por el TPP y sus mecanismos de solución de controversias, lo cual lleva a que las obligaciones de los acuerdos multilaterales, que son genéricas y no vinculantes, tengan un carácter más vinculante, ya que su incumplimiento ahora te llevaría a los mecanismos claramente establecidos por el TPP”, comenta Ricardo Irarrázabal, vicedecano Derecho UC y ex subsecretario del Medio Ambiente, bajo la administración de Sebastián Piñera.
El académico se refiere a las consultas medioambientales, consultas de representantes de alto nivel y consultas ministeriales. Estos mecanismos podrían ser generados por personas interesadas que soliciten que las autoridades competentes investiguen presuntas violaciones de este tipo de leyes ambientales.
En la práctica, el TPP tiene varios comités, entre los cuales habrá exclusivamente uno de medioambiente, que incluye dos miembros por país, uno relacionado a esta área (que debería definir el MMA) y otro con competencias comerciales (Direcon). Es en esta instancia donde se revisará periódicamente el cumplimiento de los compromisos.
Si existe un reclamo por parte de uno de los miembros, esta es la primera instancia donde presentarlo formalmente, para entrar a las respectivas consultas ambientales. Si más adelante, el reclamante no queda satisfecho, se inicia el mecanismo de solución de controversias especificado en el tratado, donde se establece un panel de expertos para investigar el tema. “Una de las novedades del TPP es que por primera vez en un tratado, las sanciones pueden ser comerciales. Antes, la condena era más bien moral y se enmarcaba en una contribución monetaria que iba a un fondo para que el Estado cuestionado mejorara sus temas ambientales”, apunta Lopeandía.
Otro punto es que en el TPP no se sanciona a las empresas, sino que al Estado, en su rol de fiscalizador y regulador. O sea, cuando no toma cartas en el asunto. “En este nuevo contexto, además de la fiscalización propia de cada tratado implementado, existirá una fiscalización de los otros países del tratado respecto al incumplimiento del mismo a nivel nacional”, agrega Irarrázabal.
Participación ciudadana
Otro punto destacado del TPP es la importancia que se le da a la participación ciudadana, mecanismos que podrían ser impulsados por personas interesadas que soliciten, por ejemplo, que las autoridades competentes investiguen por presuntas violaciones de leyes ambientales. “El tema de democracia y justicia ambiental está muy fuerte y bastante influenciado por otros acuerdos, como Río+20”, explica Angélica Romero.
Una de las instancias para este mecanismo es un sistema de “comunicación pública”, donde cualquier persona (no gubernamental), o sea la sociedad civil, puede hacer consultas a las partes respecto al incumplimiento de un compromiso. Además, existe un sistema de “participación pública” y, aparte de las sesiones del comité, está contemplada una cuarta instancia, que es más restringida, donde la sociedad civil puede participar de los comités asesores.
Según Lopeandía, lo importante es que hay un mecanismo disponible donde la sociedad civil tiene un canal de participación. La única salvedad es que no se recibirán consultas que estén en proceso judicial en curso. “De todas formas creo que la mayoría de las consultas ciudadanas comenzarán al inicio de la puesta en marcha del TPP, después ya no tanto”, comenta el jefe de Departamento de Acuerdo de Asociación Transpacífico de la Direcon.
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Fuente: Diario Pulso www.chiledesarrollosustentable.cl