PARA ENTENDER LO QUE PASA EN CHILOE

El presente artículo tiene por objeto entregar al lector de manera sucinta, algunos antecedentes históricos y políticos, que a mi juicio son fundamentales para comprender el conflicto que actualmente tiene enfrentados al pueblo de Chiloé y al Estado de Chile.

Sostengo que es necesario diferenciar las causas inmediatas del estallido social del curso histórico que ha vivido el territorio en el último medio siglo, para encontrar en su relación (causas inmediatas – curso histórico) las explicaciones de por qué lo que comenzó como un levantamiento gremial se transformó aceleradamente en un conflicto territorial de proporciones inéditas.

Antecedentes inmediatos del conflicto.

Son tres los antecedentes inmediatos del conflicto socioambiental que actualmente enfrenta la Isla de Chiloé: (a) La mortandad de salmones en los meses de marzo y abril, que implicó desechar miles de toneladas de peces muertos y en descomposición al mar, (b) La alta presencia de marea roja, que ha tenido a los mitilicultores de algunas zonas varios meses sin poder cosechar y (c) La varazón sin precedentes de fauna marina en la costa oeste de la isla.

Aún cuando la relación efectiva entre estos fenómenos puntuales sigue siendo discutida por los científicos, de lo que no queda duda razonable es de su relación potencial y del efecto devastador de la industria salmonera en el ecosistema y la economía insular. Actualmente las autoridades estiman en casi 7.000[1] los trabajadores afectados directamente por la crisis ambiental que atraviesa el archipiélago.

Antecedentes históricos del conflicto.

Desde fines de los años ´70[2] Chiloé fue intervenido con el objeto de hacer de él una zona mono-productora de salmón, sumándose a fines de los ´90 la mitilicultura[3].

Lo que significó una destrucción planificada desde el Estado, en alianza con capitales foráneos (no chilotes), de la pequeña propiedad campesina y los modos de producción económicos y culturales comunitarios, iniciándose un proceso de proletarización forzada del territorio insular, caracterizado fundamentalmente por el abandono de las relaciones de producción agrarias y acuícolas tradicionales en favor del crecimiento de los centros urbanos y el robustecimiento de una clase obrera antes marginal. Junto a ello, el desarrollo sostenido de la industria salmonera provocó una alta demanda de fuerza de trabajo migrante, que terminó de reconfigurar el escenario social de la isla.

En paralelo a esto se debe agregar el desarrollo relativamente reciente de dos actividades económicamente poco significativas en la producción bruta, pero altamente dañinas a nivel ecológico: los bosques artificiales y la extracción indiscriminada del pompón.

De manera acelerada, la sobre explotación de los recursos naturales ha ido deteriorando el equilibrio del ecosistema y generando crisis en diversas áreas; actualmente, se puede entender como crisis estructural del ecosistema: (a) la sequía, provocada por la plantación masiva y no(/mal) planificada de eucaliptus y pinos[4], junto a la extracción indiscriminada de pompón[5], que han secado el suelo y las reservas de agua y (b) la contaminación del fondo marino, provocada por la sobre producción de la industria salmonera y el uso de antibióticos y pesticidas que han diezmado de manera importante la biodiversidad. A ello se debe sumar la actual crisis por la inusitada presencia de marea roja.

Caracterización del conflicto:

El actual conflicto podemos caracterizarlo como una conflicto territorial, lo que supone una transversalidad relativa del malestar social y sus demandas, sobrepasando la lógica de los partidos políticos y las opiniones respecto al gobierno central, articulando en su actuar al grueso de la población en diferentes grados de involucramiento, aún cuando la columna vertebral de las movilizaciones esté localizada en los hombres y mujeres de mar empobrecidos, pues se entiende que el ecosistema ha llegado a un punto de colapso, donde no solo está en peligro la economía, sino la producción y la reproducción  de la vida misma.

El conflicto territorial enfrenta a los habitantes de un territorio determinado contra aquello, o aquellos, que son percibidos como una amenaza foránea a las formas de producción y reproducción de la vida, culturalmente determinadas.  En este caso: las empresas salmoneras y el Estado de Chile.

La sensación que recorre a los habitantes de la isla es que las salmoneras son las principales responsables del desastre ecológico que los afecta, y que su responsabilidad va más allá de la última crisis provocada por el “bloom” de algas que mató a toneladas de peces, pues han sido ellas también las que han devastado el fondo marino. Lo anterior se ve agravado por la mala opinión que existe respecto a la realidad laboral de los trabajadores de la industria. Junto con eso, la percepción (justificada) es que el Estado ha actuado de manera sistemática en complicidad con los grandes capitales, principalmente en dos aspectos: (a) Una normatividad ambiental laxa, con una capacidad de fiscalización aún menor y (b) Un subsidio permanente a la industria (como el que existió durante la crisis del ISA) que no se condice con el respaldo a los trabajadores, dando permanentemente “cheques en blanco” para que sigan explotando el territorio, sin importar sus consecuencias.

En tanto conflicto territorial, y no directamente gremial, se puede hacer la lectura de que el descontento generalizado no se calmará esta vez con bonos y mesas de trabajo sin objetivos y compromisos concretos. Si bien el conflicto fue iniciado por los sectores productivos, hoy se ha expandido a toda la población, que reclama una intervención fuerte y definitiva del Estado que por un lado haga justicia con los responsables puntuales (personas a cargo) e históricos (empresas) del conflicto, y que por otro dote a las industrias de un nuevo marco regulador, en compromiso con el desarrollo sustentable, con restricciones y penas que lo vuelvan efectivo.

Dado el grado de desarrollo de las contradicciones, no solo entre capital y trabajo, sino también entre capital y naturaleza, la situación es la siguiente: aunque se baje el paro por cansancio, si no hay reformas estructurales y definitivas, la Araucanía no será la única zona donde se quemen los camiones del gran capital. El Gobierno o resuelve, o genera un conflicto de larga duración con escaladas cíclicas de violencia. Cuando los pueblos empobrecidos no tienen nada que perder, no pueden hacer otra cosa sino vencer.

FUENTE: EL CIUDADANO