QUE ES LA ECONOMIA DEL BIEN COMUN


La democracia política requiere de una democracia económica en la que el desarrollo sea valorado sobre la base de la contribución efectiva que se hace al bienestar de la sociedad.


Un importante referente del movimiento internacional por la Economía del Bien Común, el ingeniero español Diego Isabel La Moneda, visitó recientemente Chile. Participó en el lanzamiento del Global Hub por el Bien Común, una nueva plataforma que busca tener incidencia global en los esfuerzos por el cambio sistémico.

Él es una figura de mucho interés para quienes buscan incorporar mayores exigencias de justicia social en el manejo económico en nuestras sociedades. Ha encabezado iniciativas y ha redactado libros sobre el tema, en los que da cuenta del posicionamiento que, paulatinamente, están logrando nuevas perspectivas de desarrollo económico que otorgan mayores espacios al compromiso y a la colaboración entre las partes. Impulsadas inicialmente por el austriaco Christian Felber, se trata de iniciativas que apuntan —como señalan sus impulsores en su sitio web— a crear “un marco legal vinculante para la creación de valores de orientación empresarial” que incentiven un nuevo orden.

Dialogamos con Diego Isabel La Moneda luego de que participó en las universidades de Santiago y Alberto Hurtado, y en el Festival Internacional de Innovación Social, un taller organizado en el Ministerio de Economía con el patrocinio de su División de Asociatividad y Economía Social.

—¿En qué consiste la Economía del Bien Común?

—Es una propuesta que apunta a lograr un nuevo modelo económico. El que hoy predomina tiene como objetivo fundamental ganar dinero: si soy una empresa, quiero maximizar el beneficio; si soy un gobierno, quiero incrementar el PIB. Su método es la competencia y sus indicadores de éxito son el balance financiero positivo a nivel de empresa (utilidades) o el crecimiento económico a nivel país. En contraposición a esto, proponemos establecer como meta la búsqueda del bien común, en congruencia con lo que se señala en todas las constituciones democráticas. Significa sustituir la competencia por la colaboración. También, implica redefinir el éxito a nivel empresarial, midiendo la contribución de las empresas según su aporte al bien común y la de los gobiernos según el Producto del Bien Común, es decir, descartando la opción de considerar únicamente como indicador de desarrollo el Producto Interno Bruto (PIB).

—¿Cómo se aplica el Balance del Bien Común en las empresas?

—Se aplica en paralelo al balance financiero. Este último pasa a ser un medio y no un fin en sí mismo, como lo es en el modelo actual: muéstrame el balance financiero y te diré cuán exitosa es la empresa. No creemos que deba ser así. En nuestra propuesta de modelo alternativo, el éxito empresarial se mide según su contribución al bien común, consignada en una matriz estructurada en cinco valores: dignidad humana, justicia social, sostenibilidad ecológica, solidaridad, participación democrática y transparencia. Esta fórmula cruza los valores con todos los grupos de interés de una empresa: clientes o consumidores, trabajadores, proveedores, propietarios, comunidad o entorno eco-social, financistas. Además, se señalan criterios negativos que pueden restar puntaje a la empresa, si esta incumple las normas de Trabajo Decente de la OIT, tiene malas prácticas en el mercado (compra hostil, colusión), genera un gran impacto ambiental a los ecosistemas, da una remuneración desigual a hombres y mujeres a igual trabajo, o no revela todas las participaciones económicas. Se consideran diecisiete indicadores, con sus respectivos puntajes, para este entrecruzamiento entre valores. Algunos indicadores son: gestión ética de la oferta, efecto social o significado del producto o servicio, reparto justo del volumen de trabajo y de la renta, concepción ecológica de productos y servicios, reducción de efectos ecológicos, transparencia social y participación en la toma de decisiones, democracia interna, calidad del puesto de trabajo e igualdad. Lo que buscamos con esta medición es que consumidores y gobierno tomen en cuenta el puntaje global obtenido por las empresas, como criterio para beneficiarlas ya sea con la decisión de compra por parte de las personas (consumo responsable) o con políticas públicas de fomento por parte de los gobiernos.

EL PORQUÉ DE LOS CAMBIOS

—¿Qué está funcionando mal en el actual sistema económico que se hace necesario plantear alternativas?

—El modelo actual no está funcionando. Seguimos teniendo los históricos problemas de pobreza, las desigualdades sociales han aumentado y afrontamos nuevos retos en el siglo XXI, como el cambio climático y una crisis ecológica que se acrecienta cada vez con mayor intensidad. Esto, sin contar la crisis de legitimidad del sistema democrático a raíz de la corrupción y la cooptación de los dirigentes políticos por parte del poder económico. Es por eso que tenemos que movernos hacia un modelo alternativo. La economía del bien común es una propuesta democrática constructiva que ya están implementando más de dos mil empresas en el mundo y promoviendo cien grupos locales, mientras diversas universidades se encuentran investigando y enseñándola, a la vez que los primeros municipios involucrados con tareas por el bien común diseñan políticas de desarrollo local en sintonía con este enfoque. Conocemos empresas de todo tipo implementando el Balance del Bien Común y definiendo sus estrategias de mejora a partir de los resultados que este arroja. Por ejemplo, si se detectan problemas en el valor de sostenibilidad ecológica en relación con los proveedores, ellas analizan su cadena de suministros y toman decisiones de cambio en las compras para mejorar en ese ámbito, asumiéndose compromisos en plazos determinados. Ya tenemos las primeras políticas públicas. Por ejemplo, en septiembre pasado hemos conseguido que el Comité Económico Social de la Unión Europea emita un dictamen a favor de la Economía del Bien Común para que en el ámbito empresarial se realicen los informes de sostenibilidad en base al Balance del Bien Común. Proponemos que exista un etiquetado especial para reconocer a aquellas empresas que lo hacen bien y así facilitar el acceso por parte de los ciudadanos que tengan hábitos de consumo responsable. Por otra parte, proponemos que los gobiernos favorezcan a estas compañías con sus compras públicas, y logren beneficios fiscales, transferencia tecnológica, subsidios, etc., de tal manera que sus productos y servicios sean más baratos y accesibles en el mercado, dado que sus costos de producción son más altos al ser responsables social y ambientalmente de manera integral. Esto se proyecta a diferencia de las empresas que son irresponsables con sus distintos grupos de interés y que, a menudo, bajan sus costos de producción para marginar mayores beneficios.

¿DÓNDE ESTÁ LA INNOVACIÓN SISTÉMICA?

—¿Qué es el Global Hub por el Bien Común?

—Nos dimos cuenta de que habíamos crecido como movimiento pero nos faltaba dar un paso más de incidencia pública para el cambio sistémico, para el cambio de políticas que favorezcan la Economía del Bien Común. Es así como nace este think tank de la gente, que llamamos Global Hub. En él pueden converger los movimientos globales por las nuevas economías, tales como la economía colaborativa, la economía circular, la democracia económica, las empresas B, el cooperativismo, la economía social y solidaria, el Comercio Justo, la Banca Ética, el mercado social, la soberanía alimentaria, la agroecología, las energías renovables no convencionales, la economía azul, el decrecimiento, etc. Necesitamos aunar fuerzas todos quienes pensamos de manera similar en cuanto a valores y que estamos por los cambios globales hacia una nueva democracia, una nueva política y una nueva economía al servicio del Bien Común. Las empresas y la sociedad civil están innovando para mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, ¿dónde está la innovación sistémica? ¿Dónde está la innovación política? Nuestra misión es conectar, acercar y apoyar la innovación social y empresarial desde la innovación política y promover el gobierno del bien común. Nuestro método es la cooperación y la democracia, tanto económica como política. Tenemos la convicción de que sin democracia económica (el derecho a deliberar y decidir qué sistema económico queremos) no es viable la democracia política. Nuestros valores son la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad ecológica. El lanzamiento del Global Hub en Santiago de Chile, Barcelona y Londres busca responder, a través de una metodología participativa con diferentes grupos de interés, a preguntas referidas a qué características tendrán las nuevas empresas del futuro y a qué políticas pueden apoyar a estas nuevas empresas. Imaginemos creativamente un escenario a diez años en el 2025 para responder estas preguntas. Creemos que es el tiempo del cambio sistémico. Tenemos que cambiar los objetivos del sistema.

UNA CRISIS DE CONFIANZA GLOBAL

—En Chile estamos viviendo una crisis de confianza y legitimidad en relación a las instituciones políticas y económicas cada vez más profunda, ¿Qué reflexiones nos puede aportar, como caminos de solución?

—Desgraciadamente la crisis de confianza es global, no solo es un problema de Chile. Hay una crisis con la democracia representativa ya que la ciudadanía desconfía de sus representantes por actos de corrupción, por su ansiedad desmesurada de poder o porque simplemente responden a los intereses de los grandes grupos económicos por sobre el interés general de la comunidad. Tenemos una crisis de confianza hacia las instituciones económicas, por ejemplo, dirigido hacia el sistema financiero por su carácter especulativo (burbujas), los paraísos fiscales, el salvavidas estatal hecho con dinero de los contribuyentes y en beneficio de los grandes bancos que se han comportado de manera irresponsable, los casos de engaño a los consumidores y el deterioro ambiental por parte de grandes empresas (el episodio Volkswagen, recientemente) o de colusión de precios (en Chile, las farmacias, las empresas avícolas y del papel con CMPC y SCA). Las desigualdades sociales y la concentración de la riqueza van en aumento de manera muy peligrosa ya que estamos transitando hacia un tipo de “capitalismo hereditario”. Es decir, cada vez va a ser más relevante el peso de las familias de multimillonarios que decidirán los destinos de la humanidad, los hijos y nietos de los grandes propietarios del capital actual van a decidir la economía y la sociedad del futuro. Esto es un retroceso democrático muy significativo. Por otra parte, tenemos una crisis ecológica muy profunda, concretada en las evidencias de cambio climático, aumento en las emisiones de CO2, acumulación de basura por un consumismo insostenible, problemas con el agua, etc. Todo este escenario de crisis múltiples puede ser una oportunidad de un nuevo pacto civilizatorio y democrático para el siglo XXI. En ese sentido, que Chile se esté planteando un proceso constituyente para redactar participativamente una Nueva Constitución puede ser una oportunidad de salida pacífica a la actual crisis de confianza y legitimidad, adoptando un nuevo pacto político, social y económico. Todas las constituciones democráticas tienen declaraciones de principios, en las bases de la institucionalidad, que van en la línea de “conservar un medioambiente libre de contaminación”, “promover el desarrollo material, psíquico y espiritual de la población” o “favorecer el bien común”. El desafío, por tanto es, generar los mecanismos institucionales y democráticos para que esos principios “bajen” y se hagan realidad, particularmente en el sistema económico. ¿Qué tipo de empresas quiere Chile en el siglo XXI? ¿Cuál debería ser el rol del Estado y las políticas públicas para favorecer ese tipo de empresas? ¿Cómo se entenderán el mercado y la propiedad privada? ¿Cuáles serán sus límites y qué función social se les exigirá? ¿Qué rol queremos que juegue la sociedad civil y el sistema educativo en la formación, difusión y participación del tipo de sistema económico que nos queremos dar? Me parece que estas y otras preguntas son claves para construir democráticamente un nuevo pacto con todos los actores (empresarios, trabajadores, sociedad civil y movimientos sociales y académicos, entre otros actores).

Christian Felber (2012) dice que la legitimación básica del sistema capitalista se basa en que el egoísmo del individuo conducirá hacia el bienestar al mayor número posible de personas a través de la competencia. Desde nuestra perspectiva, esta hipótesis es un mito, además de ser fundamentalmente falsa. La competencia estimula, sin duda, el rendimiento de las empresas, pero ocasiona daños extremadamente altos a la sociedad, al medioambiente y a las relaciones entre las personas. Si estas persiguen su propio beneficio como única meta, y actúan unas contra otras, aprenden a ser más astutas que los demás y creer que esta es la forma correcta y normal de actuar. Si engañamos a los demás en todo, entonces no nos estamos comportando como seres equivalentes. Estamos perdiendo nuestra dignidad y la dignidad es el mayor de los valores, por sobre la libertad y la propiedad privada.

Recientemente, el papa Francisco, en su encíclica Laudato Si’ (n. 93), reflexiona sobre el papel de la propiedad privada en el siglo XXI y expresa que “la Iglesia defiende el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social, para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. No es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan solo a unos pocos”.

FUENTE: MENSAJE

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