Trabajo elabora un «sistema de indicios» para detectar falsas cooperativas cuando se registran

Un 15,8% de la plantilla de las entidades de economía social está compuesta por personas con discapacidad.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social está trabajando en un «sistema de indicios» para detectar posibles falsas cooperativas cuando se constituyen y, para ello, va a crear un protocolo con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.

Así lo desveló la directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín, en una jornada organizada esta semana por CCOO para presentar los datos de la campaña sindical contra los falsos autónomos en el sector cárnico, que ha aflorado 23.000 empleos en fraude.

Espín explicó que las «falsas cooperativas» se presentan como cooperativas de trabajo asociado para «maximizar sus ingresos» mediante el ahorro de costes laborales, por ejemplo, y citó el caso de las cooperativas de facturación, que ofrecen a los autónomos la posibilidad de cobrar servicios esporádicos a través de ellas sin darse de alta como autónomos.

Expuso que el principal instrumento con el que se cuenta para que sea «atacada» la fórmula fraudulenta de las cooperativas es la descalificación como tal y que ya se ha hecho en dos procedimientos. «Tanto una cooperativa como la otra han perdido clientela y hemos sentado un precedente», dijo.

Además, Espín señaló que, para evitar el fraude, «tendremos que ir» por la vía de establecer el sistema de cotización por ingresos reales reclamado por las principales organizaciones de autónomos y en el que el Gobierno está trabajando ya.

A corto plazo, comentó que se debe incorporar en la legislación la infracción «muy grave» por «la transgresión manifiesta de los principios cooperativistas» y por usar esa figura de modo fraudulento.

La responsable de trabajo autónomo pidió no confundir las falsas cooperativas con el movimiento cooperativo y la economía social, que «contribuyen a la cohesión en el territorio» y «generan bienestar allí donde se asientan».

En este sentido, indicó que, según un estudio reciente de su departamento, los trabajadores con discapacidad representan el 15,8% de la plantilla de las entidades de economía social, frente al 1,3% en las empresas mercantiles ordinarias. Además, las mujeres mayores de 45 años suponen el 20,2% del empleo total de cooperativas y sociedades laborales, frente al 14% en el mundo mercantil.

«Es un empleo más estable, en el que hay menor brecha salarial por sexto, tramo de edad, territorio», dijo Espín, quien añadió que aportan a la sociedad unos 6.229 millones de euros, la «diferencia entre trabajo precario y trabajo decente».

En la jornada también participó el director del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Héctor Illueca, quien señaló que en los últimos tres años se han regularizado en el sector de las cárnicas unos 23.000 falsos autónomos, lo que ha inducido una recaudación superior a 15 millones de euros y ha supuesto una liquidación en cuotas sociales de 206 millones.

Precisamente, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se va a reunir con los agentes sociales en un par de semanas para abordar la norma que busca clarificar la situación de los repartidores de plataformas digitales o ‘riders’ en el sentido de facilitar su encuadramiento como trabajadores por cuenta ajena y no como autónomos. El departamento de Díaz ya ha sometido a consulta pública el borrador de esta norma.

Fuente: expansion.com